Este artículo fue adaptado del reportaje especial de AQ sobre el crimen organizado transnacional | Ler em português | Read in English
COVID-19 ha devastado la vida normal y afectó enormemente a la economía mundial. Los gobiernos han contrarrestado la pandemia con restricciones de viaje, medidas de distanciamiento social, protocolos estrictos de higiene e intervención económica directa. La interrupción de la actividad económica y de las cadenas de suministro a nivel global asociadas a los bienes de consumo, como el tabaco, repercutió no sólo en la economía legal sino también en el mercado ilícito.
Según un informe de 2020 de Euromonitor International, la pandemia dio lugar al crecimiento del comercio ilícito, especialmente en la industria tabacalera, donde el crimen organizado hace que los gobiernos pierdan miles de millones de ingresos fiscales, además de afectar gravemente a las empresas legítimas. A medida que siguen aumentando los recursos gubernamentales para frenar la pandemia, los delincuentes aprovechan los cambios en los marcos regulatorios, la escasez de productos, las cambiantes preferencias de los consumidores y las diferencias de precios, para ampliar sus beneficios ilícitos a través de nuevos canales de distribución e innovar con sus cadenas de producción y suministro.
Las cifras relativas al comercio ilícito de tabaco ya eran significativas. La OMS estima que entre el 10 y el 12% de los cigarrillos en todo el mundo son ilegales, lo que corresponde a unos 400 a 460 mil millones de cigarrillos. Esto les cuesta a los gobiernos de todo el mundo entre 40 y 50 mil millones de dólares cada año.
Nuestra región no es ajena a este problema. Ecuador y Panamá, en particular, son los países de América Latina con mayor incidencia de consumo de cigarrillos ilegales, alcanzando más del 70% del consumo total a finales de 2019. De acuerdo con el informe de KPMG “EOS” para América Latina y Canadá, el consumo de cigarrillos ilegales creció del 17% en 2016 al 22% en 2018, y representó 52.500 millones de cigarrillos, con una pérdida estimada de ingresos fiscales de 6 mil millones de dólares. Nuestra estimación para 2019 (basada en estudios independientes) es que el consumo ilícito siguió creciendo, alcanzando el 23%, lo que representa alrededor de 54.700 millones de cigarrillos.
La irrupción de la COVID-19 no está ayudando a la situación.
La pandemia ha servido para desviar el mercado de bienes ilícitos. La proliferación de bienes que se venden en línea -incluso en la dark web– se ha disparado, lo que supone una carga adicional para las autoridades policiales y aduaneras. Como ha destacado The Economist Intelligence Unit, si bien la demanda de equipos de protección personal podría acabar desapareciendo, es probable que los mercados ilícitos creados durante la pandemia sigan existiendo… y lo mismo ocurrirá con los delincuentes que operan en esos mercados.
¿Qué funcionó (y qué no)?
Los diferentes enfoques de la lucha contra la COVID-19 y la mitigación de su efecto en la población han tenido un impacto significativo en el panorama del comercio ilícito. Por ejemplo, la decisión de prohibir la venta de tabaco y cigarrillos en Sudáfrica dio lugar a un aumento de las ventas ilegales. Los aislamientos aplicados en Asia y América causaron un aumento de la caza furtiva de la fauna silvestre.
En Argentina, la cuarentena obligatoria provocó el cierre de fábricas y, por consiguiente, la escasez de cigarrillos. Esta situación provocó que ciertas organizaciones delictivas pasaran del tráfico de drogas al contrabando de cigarrillos. También fomentó la proliferación de empresas locales que ofrecían marcas con bajos estándares de calidad y control. Estas empresas venden cigarrillos a precios muy inferiores a los de sus principales competidores, ya que son exentas del pago del impuesto interno mínimo, con el que se grava a la mayoría de las empresas. Este mecanismo es posible gracias a los recursos judiciales que han permitido a las empresas vender sus marcas más populares a la mitad de precio.
Sin embargo, no todos los países han notado efectos adversos a causa de las restricciones.
Canadá, en cooperación con los Estados Unidos, cerró su frontera al tráfico no esencial durante la pandemia de COVID-19, permitiendo cruces fronterizos muy limitados y controlados, lo que dio lugar a la interrupción del contrabando transfronterizo de tabaco. Incluso las restricciones de viaje interprovinciales, como ocurrió en el Este de Canadá, han sido aplicadas por los gobiernos de Nueva Brunswick y Nueva Escocia. Debido a todas esas restricciones, los consumidores recurrieron a fuentes legítimas de venta al por menor de tabaco, lo que dio lugar a un aumento de la recaudación de impuestos por la venta de productos de tabaco, como se observó en las provincias de Ontario y Quebec.
Mirando hacia el futuro
Una importante lección de COVID-19 es que las prohibiciones terminan alimentando el comercio ilícito. También hemos visto cómo el bloqueo de la salida de cigarrillos de contrabando mediante una mayor aplicación de la ley y de los controles fronterizos es fundamental para reducir significativamente el comercio ilícito. Estas enseñanzas serán cruciales para ayudarnos a desbaratar el mercado ilícito, lo que requerirá no sólo soluciones innovadoras, sino también una mayor colaboración y una mejor reglamentación.
Para comienzos de 2021 hay esperanzas de combatir eficazmente el comercio ilícito en todas sus formas. El año pasado, la atención que se prestó al comercio ilícito ha permitido comprender mejor sus efectos negativos, lo que representa una oportunidad para colaborar en la desarticulación de las economías ilícitas y los delincuentes que se benefician de ellas.
Parte de la solución es abrir el diálogo entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado. Porque nadie puede hacer frente al comercio ilícito solo. En el caso de Philip Morris International (PMI), trabajamos con los sectores público y privado por igual para promover medidas amplias, sostenibles y duraderas contra el comercio ilícito, centrándonos en actividades de sensibilización, apoyo a las autoridades aduaneras, impartiendo capacitación técnica a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y abogando por marcos normativos que permitan atacar los productos ilegales desde su origen.
La eliminación del comercio ilícito también es particularmente importante en el contexto de la transformación del negocio de PMI hacia un futuro libre de humo, en el que los cigarrillos sean sustituidos por mejores alternativas para los fumadores adultos que, de otro modo, seguirían fumando. Somos plenamente conscientes de que, para lograr un mundo sin cigarrillos, debemos ayudar a asegurar un futuro sin comercio ilícito.
Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tengo claro que las alianzas público-privadas basadas en un enfoque inclusivo de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil -junto con la aplicación de la reglamentación adecuada- serán vitales para lograr avances en la lucha contra el comercio ilícito en América Latina y el resto del mundo. Estamos listos para hacer nuestra parte.
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Vermaut es el responsable de prevención regional de comercio ilícito, América Latina y Canadá en Philip Morris International
