Este artículo fue adaptado del reportaje especial de AQ sobre el crimen organizado transnacional | Ler em português | Read in English
En la vasta extensión del Pacífico Oriental, cerca del istmo centroamericano, un solitario buque semisumergible transita en dirección oeste, cargado con varias toneladas de cocaína. Su perfil bajo y parcialmente sumergido es casi imperceptible para el ojo humano. El trabajo de la tripulación de cuatro personas es llevar un cargamento masivo de cocaína lo más cerca posible de los Estados Unidos, antes de entregarlo al siguiente eslabón de la cadena del narcotráfico.
La Armada de los Estados Unidos y los aviones de patrulla marítima de la Fuerza Aérea Colombiana determinan la ubicación de la embarcación, rastrean sus movimientos y comparten su posible trayectoria con las autoridades de un país centroamericano cercano que está dispuesto a interceptar el cargamento. El país colaborador envía un interceptor marítimo para aproximarse a la embarcación.
La tripulación del semisumergible hace un intento desesperado de evadir el interceptor que se acerca, pero la tripulación del interceptor ve su embarcación. Se acabó el juego para la tripulación de contrabando de drogas y termina el camino para su cargamento de cocaína.
Esta historia se basa en interrupciones similares llevadas a cabo con éxito durante las operaciones antinarcóticos dirigidas por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el cual trabaja en estrecha colaboración con más de 20 naciones y 16 socios interagenciales, una colaboración que ha llevado a un aumento del 65% en la detección de casos marítimos.
Tras la pandemia de la COVID-19, las organizaciones criminales transnacionales (OCT) han ajustado sus tácticas, técnicas y procedimientos. El uso de barcos pesqueros comerciales y contenedores marítimos en el transporte de cocaína ha disminuido y en su lugar ha incrementado el uso de embarcaciones más pequeñas y semisumergibles. Su empleo de las rutas de tránsito del Caribe occidental también aumentó en respuesta a las restricciones de viaje y de transporte. Cada país tiene que estar en la cúspide de su rendimiento para contrarrestar esta amenaza.
Las OCT que operan en América compiten por los 94,000 millones de dólares que se calcula que genera anualmente el tráfico de cocaína en todo el mundo. Aprovecharán cualquier tecnología, oportunidad o vulnerabilidad, llegando incluso a corromper a los funcionarios gubernamentales, judiciales y encargados de hacer cumplir la ley para socavar las instituciones encargadas de la seguridad pública. Las OCT no respetan fronteras ni el estado de derecho y operan con agilidad e innovación. Esto requiere que el gobierno de los Estados Unidos opere como una entidad —a través de múltiples agencias— y coopere a través de las fronteras internacionales.
El contrarrestar a las OCT es un imperativo de seguridad nacional y de defensa y es crucial para la defensa nacional de los Estados Unidos. Son vitales los enfoques de seguridad cooperativa para todo el hemisferio e instituciones de seguridad sólidas, las cuales compartan valores y garanticen la seguridad, la prosperidad y la libertad.
Círculo vicioso de amenazas
Las organizaciones criminales transnacionales no escatimarán en ideas o tácticas para el contrabando de cocaína y otras drogas peligrosas. Durante la Copa Mundial de Fútbol de 2018, las autoridades argentinas incautaron réplicas del trofeo de la Copa del Mundo, cada una de las cuales contenía aproximadamente 1.5 kilos de cocaína. En 2019, las autoridades españolas encargadas de hacer cumplir la ley interceptaron una embarcación semisumergible cargada con 3.5 toneladas métricas de cocaína frente a la costa noroccidental de la Península Ibérica. A principios de ese año, los medios de comunicación describieron cómo las autoridades policiacas de Cabo Verde incautaron 9.5 toneladas métricas de cocaína a bordo de un buque ruso que iba de América del Sur a Marruecos.
Esas redes mundiales de tráfico de cocaína plantean una amenaza significativa para la salud de las personas, el medio ambiente y las economías. Las sustancias nocivas y los productos químicos utilizados para fabricar clorhidrato de cocaína incluyen el amoníaco, la metiletilcetona, el ácido sulfúrico y la gasolina. Los laboratorios de cocaína liberan imprudentemente estas sustancias químicas en el medio ambiente. Los consumidores de cocaína ingieren estos productos químicos, a menudo sin ser conscientes del alcance total de las consecuencias para su salud. Algunos traficantes de drogas mezclan cocaína con fentanilo, un analgésico opiáceo sintético similar a la morfina, pero con una potencia entre 50 y 100 veces mayor. El resultado es un producto relativamente barato con un efecto más poderoso pero potencialmente letal.
También hay riesgos financieros. Los negocios creados como compañías ficticias para lavar fortunas criminales socavan el comercio y el intercambio legítimos. En los últimos años, las redes profesionales de lavado de dinero de China se han convertido en las principales proveedoras de servicios de la región, capaces de trasladar rápidamente grandes cantidades de las ganancias de la droga a través del comercio internacional.
Cada vez que los criminales y extremistas violentos se dedican a actividades ilegales, socavan el estado de derecho y contribuyen a una espiral de inestabilidad que, exacerbada por la violencia y la COVID-19, fomenta los niveles de corrupción, la debilidad de las instituciones y la fragilidad de los Estados, lo cual ejerce presión sobre los sistemas sociales y jurídicos y propicia las migraciones. El resultado es un círculo vicioso de amenazas que pone en peligro la seguridad de nuestro vecindario compartido. Su defensa requiere un enfoque todo terreno que involucre a múltiples ámbitos del gobierno, así como un esfuerzo de cooperación entre las naciones aliadas. El intercambio de inteligencia y la coordinación general son absolutamente esenciales.
Lo que comenzó en 1989 como fuerza de tarea conjunta del ejército de los Estados Unidos encargada de apoyar las operaciones antinarcóticos conducidas por las fuerzas del orden en el Caribe, la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Sur (JIATF–South, por sus siglas en inglés), un componente del Comando Sur, se ha convertido desde entonces en un modelo para la cooperación interinstitucional e internacional en la lucha contra los estupefacientes.
En la actualidad, 16 agencias federales de los Estados Unidos apoyan la misión de la fuerza de tareas de vigilar, detectar, rastrear e informar sobre el tráfico ilícito tanto aéreo como marítimo. Sus esfuerzos apoyan y permiten el éxito de la lucha contra los estupefacientes por parte de las fuerzas del orden en una zona de operaciones que abarca 42 millones de millas cuadradas, que se extiende desde el Pacífico oriental hasta el Atlántico occidental y desde las aguas internacionales al norte de las Antillas del Caribe hasta las vías fluviales al sur del límite territorial del Cabo de Hornos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, son algunos de los muchos organismos federales estadounidenses que prestan asistencia a los países que buscan desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en sus territorios nacionales.
Esta cooperación es efectiva. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los países de América incautaron el 85% del total de la cocaína incautada en el mundo en 2018. Y, a pesar de las demandas internas creadas por la COVID-19, nuestros aliados siguen comprometidos con la lucha contra los narcóticos. En los primeros seis meses de las operaciones antinarcóticos del Comando Sur, las naciones aliadas han participado en el 60% de las interrupciones.
Desde México a Brasil, y desde Canadá a Chile, nuestros aliados en el hemisferio occidental han contribuido de diversas maneras a los resultados alcanzados durante la operación antinarcóticos del Comando Sur y la operación antinarcóticos “Orión V” de Colombia. De abril a noviembre, estos esfuerzos combinados interrumpieron e incautaron más de 226 toneladas métricas de cocaína, lo que supuso una pérdida de casi 6,000 millones de dólares en beneficios para las redes de tráfico ilícito de estupefacientes. Durante ese mismo período, las operaciones permitieron detener al menos a 520 presuntos traficantes de drogas y se estima que se salvaron 2,300 vidas.
El aumento de la participación de las fuerzas de seguridad de las naciones aliadas es posible gracias a la continua inversión de los Estados Unidos a través de las autoridades del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), como el Título 10, Sección 333, que permite al DOD entrenar y equipar a nuestros aliados con capacidades decisivas para contrarrestar el tráfico ilícito y aumentar la seguridad fronteriza y marítima. La participación continua de los Estados Unidos apoya las capacidades de los aliados, que van desde la mejora de la capacidad fluvial para desarticular el narcotráfico en lo más hondo de las zonas de procedencia en América del Sur, hasta el aumento de la capacidad de reconocimiento aéreo de las naciones aliadas y la interceptación marítima en toda América Central y el Caribe, creando así una densa red para desarticular las organizaciones criminales transnacionales.
Y muchas de estas naciones comprometidas están invirtiendo cada vez más en la expansión o modernización de sus capacidades antinarcóticos y contribuyendo más a las operaciones antinarcóticos internacionales.
Jamaica y Costa Rica han comprado aviones de patrulla marítima, Trinidad y Tobago y Ecuador han frustrado los intentos de las organizaciones criminales transnacionales de introducir drogas de manera ilícita en sus territorios o cerca de ellos. Las fuerzas navales de El Salvador están patrullando más a fondo en el Pacífico Oriental, mientras que las fuerzas de seguridad de Guatemala están trabajando en colaboración con sus contrapartes de Estados Unidos, Colombia, México y otras naciones centroamericanas para detener la cocaína que se transporta a través de los vuelos de tráfico ilícito.
Todos los esfuerzos antinarcóticos de las naciones y agencias gubernamentales tienen un objetivo común: defender la seguridad de nuestro vecindario compartido detectando, debilitando y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales. Para tener éxito, necesitamos seguimos desarrollando nuestras fuertes alianzas entre las distintas agencias estadounidenses y con las naciones aliadas, mediante el intercambio de información, el análisis y las evaluaciones basadas en datos, y apuntar de forma sincronizada hacia las OCT. Sólo entonces podremos esclarecer, mapear y desmantelar las redes que están detrás de una empresa mundial de narcotráfico que es responsable de aproximadamente 450,000 muertes anuales vinculadas al uso de drogas, según la ONU.
Las organizaciones criminales transnacionales son innovadoras y sumamente adaptables y utilizan una red mundial bien fundada. Sabemos que las OCT seguirán tratando de desplazarse sin ser vistas a través de fronteras, océanos y vías aéreas porosas, pero tendrán que evitar ser detectadas y aprehendidas por una coalición de naciones que luchan contra las drogas, defendiendo a sus ciudadanos del flagelo de la corrupción, la violencia y la muerte que acompaña al comercio de drogas ilícitas.
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Contralmirante Tiongson es el director de operaciones de SOUTHCOM
