CIUDAD DE GUATEMALA — Cuando entras en la oficina de Bernardo Arévalo, hoy prácticamente todo parece normal.

No hay rastro de la convulsión que casi le impidió asumir la presidencia después de ganar con el 61% de los votos las elecciones guatemaltecas de 2023. Ni rastro de las batallas judiciales, los esfuerzos de la oposición por destruir su partido político, las protestas callejeras a su favor, ni las repetidas y desesperadas intervenciones de la comunidad internacional que muchos creen fueron las que le permitieron asumir el cargo y, quizás, ayudaron a mantenerlo vivo.

En su lugar, solo hay un hombre tranquilo de 66 años con barba triangulada que se comporta exactamente como el sociólogo y filósofo de formación que es: analiza los numerosos desafíos de una de las naciones más desiguales de América Latina con una especie de distancia erudita, llamando a la paciencia incluso cuando algunos de sus partidarios se sienten frustrados por la lentitud del cambio.

“Estamos creando un espacio, un rescate institucional. Y para nosotros, el rescate institucional es la condición sine qua non que nos permitirá generar desarrollo más adelante,” explicó Arévalo a AQ en una entrevista.

Desde que asumió el cargo en enero de 2024, en una ceremonia que se retrasó varias horas mientras la oposición emprendía un último intento dramático por detenerlo, varias cosas han ido bien. Se espera que la economía de Guatemala crezca 4% este año, y el gobierno de centroizquierda de Arévalo ha aprobado algunas reformas importantes, entre ellas una ley antimonopolio y un nuevo marco jurídico para la construcción de infraestructura, uno de los retos más apremiantes del país. Arévalo ha forjado una relación constructiva con partes del sector privado. La tasa de homicidios de Guatemala, una de las más altas del mundo hace apenas una década, ha seguido disminuyendo y ahora se encuentra en su punto más bajo, incluso inferior a la de Costa Rica.

En el ámbito diplomático, Arévalo ha sobrevivido la salida de su aliado internacional más importante, Joe Biden, y ha sorprendido a algunos analistas al construir una relación aparentemente positiva con la administración de Donald Trump, cooperando estrechamente en temas clave como la inmigración y la lucha contra las drogas, mientras evita, al menos hasta ahora, las turbulencias que han afectado a países como México, Colombia y Panamá.

De hecho, muchos celebran el hecho de que Arévalo continúe en el cargo. El poderoso segmento del establishment guatemalteco que se resistió a su investidura, que considera a Arévalo una amenaza existencial para su control del poder político y económico, ciertamente no se ha rendido. Desde que asumió el cargo, Arévalo se ha enfrentado a 13 peticiones de destitución y a seis intentos de retirar su inmunidad judicial. Su mayor rival, la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por presunta corrupción, sigue en el cargo y parece estar dispuesta a actuar ante cualquier indicio de debilidad o irregularidad.

Nadie cree que esté fuera de peligro. La popularidad de Arévalo ha caído del 78% al comienzo de su mandato a sólo 39 % en enero, según CID Gallup. Algunos guatemaltecos creen que es demasiado contemplativo y no lo suficientemente decisivo. Otros están enojados porque todavía no ha hecho lo suficiente para cambiar el statu quo en un país donde el 56% de la población vive en pobreza, la desnutrición infantil está arraigada y millones han emigrado en los últimos años en busca de una vida mejor, si bien ese éxodo se ha desacelerado últimamente.

“Pero incluso en medio de esta adversidad, Arévalo parece tener una visión a largo plazo. En nuestra entrevista, hizo referencia a la idea de una «primavera democrática», una frase asociada a su padre, Juan José Arévalo, el primer presidente elegido democráticamente del país, que gobernó de 1945 a 1951 e implementó varias reformas, entre ellas el salario mínimo nacional y el sistema de seguridad social. Ese periodo lleno de promesas terminó cuando su sucesor, Jacobo Árbenz, fue derrocado en un golpe de estado dirigido por la CIA en 1954, abriendo paso a varias décadas de guerra civil, gobiernos autoritarios y, en los últimos años, una democracia frágil y a menudo deficiente.

“(Una vez más) seremos testigos de la primavera democrática cuando rescatemos de manera tangible a las instituciones de las acciones corruptas del Estado y las pongamos a trabajar para aquello para lo que fueron creadas,” me dijo Arévalo. A lo largo de 40 minutos, esbozó una visión audaz para el progreso en materia de gasto social, educación, infraestructura, seguridad y una reforma democrática —que, de llevarse a cabo, supondría un punto de inflexión para la nación más poblada y con la mayor economía de América Central.

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Un accidentado camino hacia la presidencia

Arévalo nació en Uruguay en 1958, unos años después de que su padre se viese obligado a exiliarse. Pese a la historia de su familia, durante años se mantuvo al margen de la política electoral y forjó un reputación como diplomático de carrera, ejerciendo como viceministro de Asuntos Exteriores y embajador en España. Después, trabajó en varios proyectos de reconstrucción y reconciliación, dirigiendo iniciativas para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e Interpeace, una organización internacional que se dedica a construir la paz y fomentar conexiones en sociedades posconflicto.

Arévalo finalmente entró en la política en 2020 como legislador de Semilla, un pequeño partido. Se presentó a las elecciones presidenciales de 2023 como uno de los candidatos con menos posibilidades, y por lo tanto parece haber escapado al escrutinio de las arraigadas élites de Guatemala. Otros tres candidatos en esa contienda fueron descalificados por motivos técnicos considerados en general de naturaleza política; a Arévalo, que obtuvo menos del 3% en la mayoría de las encuestas, se le permitió participar.

Pero entonces Arévalo sorprendió a casi todo el mundo al recibir el 12% de los votos en la primera vuelta, lo suficiente para pasar a la segunda ronda, lo que se debió en mayor medida al fuerte apoyo que recibió en la ciudad de Guatemala y en otras zonas urbanas. Las alarmas saltaron de inmediato: al presentarse con una plataforma explícitamente anticorrupción, era evidente que Arévalo no formaba parte del club de líderes que ha dominado la política guatemalteca desde el retorno de la democracia en la década de 1980. Antes y después de la segunda vuelta, el Ministerio Público entró en una confrontación abierta, con tribunales y legisladores de la oposición participando en numerosas acciones que Arévalo describió en su momento como un “golpe de estado en cámara lenta” (vea el cronograma anexo).

La Casa Blanca durante el mandato de Biden, preocupada por una nueva fuente de inestabilidad en Centroamérica y deseosa de apoyar una democracia frágil, se puso en acción, instando al entonces presidente Alejandro Giammattei a garantizar la transición democrática, así como la propia seguridad de Arévalo. Estados Unidos canceló cientos de visas a políticos y líderes empresariales que presuntamente estaban interfiriendo en la transición, y envió una comitiva de funcionarios a esta capital para presionar a que se respetara el voto popular. La Unión Europea, Chile, Colombia, Costa Rica, varios otros países e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apoyaron la causa de Arévalo. Gran parte del sector privado de Guatemala, incluidas instituciones como Fundesa, CACIF y la Cámara de Comercio, también se pronunciaron en contra de los esfuerzos por anular las elecciones.

Hoy, Arévalo habla con cierto alivio acerca de las fuerzas desplegadas contra él: “Con los cambios en los tribunales y el panorama político, este poder se está aislando cada vez más y está desapareciendo”.

Sin embargo, el constante enfrentamiento con el poder judicial absorbió gran parte del primer año de gobierno de Arévalo. Más de una docena de ciudadanos de a pie con los que hablé en esta ciudad reconocieron que el presidente ha estado navegando contra corriente. Al mismo tiempo, la mayoría se quejaba de que el gobierno ha tardado en implementar los cambios esperados y en mostrar resultados en lo que Arévalo ha llamado un país “semidestruido.”

“En política, la percepción lo es todo», me dijo Raquel Zelaya, presidenta de
ASIES, un centro de pensamiento local centrado en estudios sociales. En un país con una marcada tradición autoritaria, Arévalo es percibido como “un negociador, una persona de diálogo, que tiende puentes,” pero que carece de la capacidad de imponer su voluntad y marcar el rumbo. “Eso no concuerda con la idea de poder y mando que sufrimos durante años.” Además, Arévalo y su recién empoderado partido muestran “divisiones sorprendentes cuando deberían estar completamente unidos. Se enfrentan a muchos desafíos,” afirmó.

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Un Congreso fragmentado

Uno de ellos ha sido el Congreso. A lo largo de 2024, Arévalo se enfrentó a un Congreso dividido, pero los 23 legisladores de Semilla lograron negociar un consenso con 16 bloques políticos y los otros 137 representantes que componen la cámara. Al final del período, el Congreso aprobó 36 leyes o decretos clave, incluída una ley antimonopolio. (Guatemala era el único país de América Latina sin una legislación de este tipo). También fue relevante la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que se enfoca en el desarrollo y mantenimiento de las carreteras clave que convergen en la Ciudad de Guatemala y la rodean, las cuales conectan los puertos marítimos y el principal aeropuerto del país.

“Este año, mantenemos un diálogo continuo con el Congreso y una agenda clara para las propuestas que queremos presentar,” me dijo Arévalo con tono optimista. Se necesita una nueva ley de aviación civil para modernizar el aeropuerto La Aurora, una instalación obsoleta en el corazón de la ciudad que presta servicio a vuelos internacionales y nacionales y que requiere urgentemente ampliación y mejoras. La ley de adquisiciones y contrataciones del gobierno está anticuada y distorsionada después de varias reformas, por lo que se requiere un nuevo proyecto de ley. La legislación sobre la función pública y el agua también necesita actualizarse, dijo Arévalo, al igual que la legislación que rige los puertos marítimos tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. El gobierno también tiene previstas dos leyes anticorrupción, una iniciativa sobre tecnología y una reforma del código penal del país para garantizar penas de cárcel y sanciones económicas más severas para quienes infrinjan la ley.

“Para un gobierno, tener un bloque minoritario en el Congreso es un desafío,” me explicó Arévalo, porque “su desempeño depende de la capacidad de establecer las alianzas necesarias para lograr la gobernabilidad.”

Otros estuvieron de acuerdo. Sonia Gutiérrez Raguay, la única congresista que se autodefine como indígena en un país en el cual alrededor del 40% de las personas se identifican como tales, admitió que el gobierno de Arévalo no tuvo “todos los aliados que necesitaba” el año pasado, lo que complicó el desempeño del gobierno durante la “crisis democrática” que sufrió la nación. “Queremos que este gobierno continúe, y nuestro partido está a favor de promover el progreso y la democracia en nuestro país”, dijo el legislador del partido WINAQ-URNG.

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El eslabón de la infraestructura

Durante años, Guatemala ha intentado convertirse en un destino de inversión en los sectores textil, de la construcción y manufacturero. Sin embargo, una red de infraestructura antigua y en decadencia, desde carreteras y puentes sin terminar hasta puertos y ferrocarriles insuficientes, siempre ha limitado el potencial del país. De hecho, la necesidad de mejorar la infraestructura quedó trágicamente demostrada una vez más en febrero, cuando un autobús que cruzaba un puente en Ciudad de Guatemala chocó con varios vehículos y se precipitó a un barranco, provocando la muerte de 53 personas. Arévalo decretó tres días de luto.

“El principal problema de Guatemala en este momento es la mala calidad de la infraestructura vial,” me comentó en su oficina Elmer Palencia, líder en el Congreso del partido de oposición Valor, citando “los altos costos logísticos que, en última instancia, se traducen en altos costos de vida” tanto para los ciudadanos de a pie como para las empresas.

Guatemala es conocida por su falta de inversión gubernamental. En 2023, excluyendo a Haití, el país ocupaba el último lugar en gasto público en América Latina y el Caribe, según datos recopilados por la OCDE y la CEPAL. La tasa de inversión en infraestructura pública también es la más baja de la región y, con 19.000 kilómetros de carreteras, tiene poco más de un metro de carretera per cápita, la cifra más baja del hemisferio occidental.

Consciente del desafío, el Congreso aprobó en noviembre la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para reparar, mantener y ampliar más de 1.600 kilómetros de carreteras de importancia crítica. La legislación, de la que Palencia es autor, permitirá al gobierno invertir hasta $5.000 millones al año en obras públicas. “El gobierno ya tiene las herramientas que necesita. Ahora tiene que ejecutar,” añadió.

Según Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDAESA), que celebró la aprobación de la ley de infraestructura como un “gran logro” para Arévalo y para el Congreso, tal como está configurado el sistema en la actualidad, el gobierno no puede construir proyectos a gran escala que superen los $120 millones. De todas formas, señaló que el país aún necesita legislación adicional, como una reforma de la ley actual de alianzas público-privadas y de la que regula el sistema portuario. “Con esas herramientas (leyes), diría que se estructurarían proyectos por valor de $250 o $300 millones, lo cual sería transformador”.

El problema de la ejecución

El problema de llevar a cabo proyectos de infraestructura va más allá de lo que se plasma en papel. “Es una tarea difícil,”,me dijo Miguel Ángel Díaz Bobadilla, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en su oficina, cercana al aeropuerto internacional. Durante años, el ministerio “no solo ha sido el botín, sino la caja chica de muchas administraciones,” dejando obras sin terminar o en mal estado. “Durante los últimos 40 años, este ministerio se ha utilizado para malversar el erario público,” añadió.

Una muestra de los retos del ministerio es su alta rotación: Díaz Bobadilla es el cuarto ministro bajo el mandato de Arévalo. Pero las ambiciones son enormes. Arévalo quiere conectar las zonas rurales más aisladas de Guatemala con un plan llamado Rutas del Desarrollo. “Hemos identificado que las zonas más pobres del país son las que tienen la peor infraestructura de comunicaciones,” declaró. Un segundo plan, llamado Conecta, recuperará la mayor parte del sistema nacional de carreteras “que ha sido abandonado y descuidado durante mucho tiempo,” añadió Arévalo.

El gobierno prevé la ampliación de Puerto Quetzal (Océano Pacífico) y Santo Tomás de Castilla (Mar Caribe). En la etapa inicial, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos diseñará y ejecutará la ampliación de Puerto Quetzal. La administración también planea reconstruir el sistema ferroviario nacional para conectar los puertos mencionados anteriormente, creando un corredor interoceánico terrestre que podría servir como alternativa al Canal de Panamá. Una segunda línea ferroviaria conectaría el tráfico de El Salvador con México. Para la capital del país, el gobierno planea construir un metro de superficie y ampliar el aeropuerto La Aurora, un proyecto en el que pueden participar empresas internacionales.

Díaz Bobadilla admite que el gobierno tendrá que acelerar la ejecución de los proyectos este año, ya que, en su opinión, 2024 fue un “año perdido” en infraestructura debido a la presión política de los adversarios del gobierno. “En Guatemala, la corrupción es como Venecia: tiene muchos canales por los cuales fluir,” concluyó.

Para lograr avances se necesitará una inversión nacional y extranjera considerable. Guatemala No Se Detiene, una asociación entre el gobierno y el sector privado cuyo objetivo es detectar áreas clave para el desarrollo nacional, ha reunido una cartera de $8.700 millones en proyectos de infraestructura necesarios para modernizar el país. Para el gobierno, el tiempo corre, ya que se espera que la población de Guatemala aumente de 18 millones de personas que tiene actualmente a 24 millones en 2040.

El cambio climático es otra de las razones que exigen una respuesta urgente. Normalmente, Guatemala se incluye entre los 10 países que más sufren el cambio climático, ya que cada vez son más frecuentes las grandes tormentas y las estaciones secas son más largas, lo que afecta a la producción agrícola y, sobre todo, a las comunidades que tienen mala conexión con las carreteras principales. Este es un factor determinante de la migración desde las zonas rurales, que ya se ven afectadas por los altos niveles de desigualdad de la tierra, pobreza e inseguridad alimentaria. Una mejor infraestructura que se adapte a esta nueva realidad podría mitigar el sufrimiento futuro.

La plataforma de gobierno del año 2023 propuesta por Semilla aboga por una inversión “urgente” en una serie de iniciativas de infraestructura, pero para la mayoría de estos proyectos, Arévalo no será el que los inaugure. “Vamos a iniciar procesos y obras que los futuros gobiernos inaugurarán. Decidimos que teníamos que poner este barco en el mar para que pudiera empezar a navegar,” me dijo.

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La seguridad como un obstáculo al desarrollo

La seguridad ha sido un tema que ha mejorado. La implementación de nuevas estrategias y una mejor cooperación con Estados Unidos han demostrado ser una combinación eficaz. En 2009, la tasa de homicidios era de 45.6 por cada 100.000 personas, pero el año pasado descendió a un mínimo histórico de 16.1.

Para consolidar el progreso, se necesitan más recursos, me explicó David Boteo, director de la Policía Nacional Civil, después de hablar en un evento en el Palacio Nacional. La institución a su cargo opera con 41.265 agentes a nivel nacional, incluídas 7.602 mujeres, pero “necesitamos otros 13.000 agentes para poder tener 20 policías por cada comisaría del país, que es el mínimo que deberíamos tener”. Hoy en día, cada comisaría tiene entre 10 y 15 agentes, añadió Boteo. 

A principios de marzo, siete personas murieron y otras siete resultaron heridas en dos tiroteos ocurridos cerca de la capital. Arévalo está implementando lo que el gobierno llama un “programa de seguridad democrática” para hacer frente a unas 22 bandas que operan en coordinación con los cárteles de Colombia, México y El Salvador. 

El año pasado, Guatemala incautó una cantidad récord de más de 18 toneladas de cocaína y cantidades considerables de otros narcóticos, aprovechando la “buena comunicación, coordinación y confianza de varias agencias estadounidenses,” me comentó Werner Ovalle, viceministro de Antinarcóticos. Además, el gobierno capturó a 24 delincuentes que enfrentaban cargos en Estados Unidos y arrestó a más de 1.300 personas por cargos de tráfico de drogas.

Como sucede en otros lugares de América Latina, algunos guatemaltecos anhelan una estrategia más dura, similar a la adoptada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Pero Ovalle afirma que en Guatemala “nuestro modelo de seguridad es diferente; existen condiciones políticas e institucionales diferentes… Estamos comprometidos con el éxito, para que Guatemala sea un país en donde invertir y se vuelva una referencia” en materia de seguridad pública. 

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Relaciones internationals esenciales

Había grandes expectativas cuando el Secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, visitó Guatemala el 5 de febrero, buscando el apoyo de Arévalo para recibir a los guatemaltecos deportados y reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Nadie sabía con certeza qué sucedería. Algunos miembros del establishment guatemalteco contrarios a Arévalo habían forjado profundos lazos con la primera administración Trump, y la estrecha relación de Arévalo con la administración Biden también era una posible desventaja. Pero, al parecer, todo salió bien en la visita. En una conferencia de prensa, Rubio expresó su apoyo a Arévalo de forma clara: “Me gustaría felicitarle por su compromiso con la defensa de las instituciones de la república, y seguiremos trabajando juntos para que pueda lograr lo que desea lograr en ese camino.”

Resulta que los dos hombres tenían un vínculo que se había establecido hacía años, cuando Arévalo era legislador por Semilla y Rubio todavía era senador republicano. “Descubrimos (el terreno común) mientras hablábamos de la importancia de la historia para comprender los tiempos en que vivimos”, señaló Arévalo con una sonrisa, y añadió que Rubio expresó “su apoyo al proceso democrático en nuestro país”.

“Nuestra relación con Estados Unidos ha sido muy buena desde el proceso de transición,” dijo Arévalo. Durante la visita de Rubio, Arévalo aceptó aumentar en un 40% el número de vuelos con deportados guatemaltecos y ciudadanos de otras nacionalidades, pasando de un promedio de siete a ocho vuelos semanales provenientes de Estados Unidos. Arévalo también anunció la formación de una nueva fuerza de seguridad fronteriza que patrullará las fronteras de Guatemala con El Salvador y Honduras.

El presidente mencionó por igual que mantiene “buenas relaciones” con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Hemos tenido reuniones de trabajo para hablar de nuestras fronteras, y hemos estado hablando de transformar la región en una zona de desarrollo.”

“También mantenemos buenas relaciones con Europa y otros países, y esperamos que, además de las buenas relaciones, esto se traduzca en una afluencia de inversiones, que, al fin y al cabo, es lo que sabemos que puede marcar la diferencia,” me dijo Arévalo.

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Aspirando a grado de inversión

Como la mayor economía de América Central, medida por población y actividad económica, Guatemala ha experimentado un crecimiento notablemente estable en los últimos años. En promedio, su PIB aumentó 3.2 % entre 2014 y 2023, por encima del promedio de América Latina y el Caribe, y probablemente creció 3.7 % el año pasado. El banco central prevé una expansión económica de 4% este año, la tasa más alta desde 2022. 

El buen desempeño llevó a Fitch Ratings a elevar la perspectiva crediticia del país de “estable” a “positiva” a principios de febrero, mencionando las “expectativas de un impulso de crecimiento sólido y continuo y estabilidad.” También destacó los desafíos de gobernanza de Guatemala como una “limitación clave de la calificación” soberana. 

El gobierno está trabajando para solucionar esas limitaciones, ya que busca obtener una calificación de grado de inversión para su crédito soberano antes de que termine el mandato de Arévalo en enero de 2028. “Es uno de nuestros principales objetivos y será uno de los legados del gobierno del presidente Arévalo,” me comentó el Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, en su oficina. Solo siete países de América Latina y el Caribe cuentan con grado de inversión; en julio del año pasado, Paraguay se convirtió en el miembro más reciente del selecto grupo.

Esas aspiraciones se pondrán a prueba pronto. El Ministerio de Finanzas planea emitir hasta $3.000 millones en bonos internacionales este año, posiblemente vendiendo por primera vez bonos denominados en quetzales, la moneda nacional. “Es un análisis que todavía estamos haciendo. Queremos saber cuánto, en qué cantidad, y si hay interés por parte de los diferentes actores,” dijo Menkos.

El país tiene un historial sólido en el cual basarse. Los bonos soberanos de Guatemala ya se cotizan como bonos de grado de inversión en el llamado mercado secundario, me explicó Luis Lara, presidente ejecutivo del Banco Industrial, el mayor ente financiero del país. Él considera que el objetivo es viable dada la salud de las finanzas públicas y la implementación de la estrategia de infraestructura. “Si Guatemala tuviera mejores carreteras, mejores puertos, mejores aeropuertos, creceríamos a una tasa del 6% anual,” comentó.

Arévalo generó cierta controversia cuando, en diciembre, su administración propuso un aumento del 10 % en el salario mínimo nacional para los sectores agrícola y no agrícola y un aumento del 6 % para las actividades de maquila y exportación. Esta decisión fue popular entre la clase trabajadora, pero suscitó la oposición del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el cual argumentó que el aumento amenazaba la estabilidad económica y social del país.

Cuando se le preguntó si se producirían aumentos adicionales del salario mínimo, Menkos no descartó la posibilidad. “Creo que habrá un debate racional, objetivo, sensato y con visión de futuro sobre el salario mínimo” como parte de una política a medio plazo, declaró. Al mismo tiempo, rechazó la posibilidad de aumentar los impuestos o proponer una reforma fiscal durante el gobierno de Arévalo.

Aumentar el salario mínimo es una de las herramientas para luchar contra la pobreza de Guatemala, afirmó Carlos Benitez Verdún, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el país. Los programas sociales como Mano a Mano, similares a Bolsa Família en Brasil, están destinados a lograr un cambio significativo de largo plazo en el país. “Este es un gobierno que busca el desarrollo, que no solo quiere apagar incendios,” señaló Benitez Verdún.

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Un nuevo año, una nueva prueba

Mientras Arévalo intenta modernizar Guatemala y reactivar su democracia, hay consenso en que necesita mostrar resultados en su segundo año en el poder. “El presidente ha estado haciendo muchas cosas buenas,” me dijo Sonia Castillo, un ama de casa que votó por él en 2023, una tarde en la Plaza de la Constitución, la que está frente al Palacio Nacional. “Creo que ha sido un poco lento, pero tal vez necesita pensar bien las cosas antes de actuar. Quiero que haga más para los más necesitados.”

Poner en marcha el programa de infraestructura, supervisar el regreso de los deportados al país y llevar a cabo su programa educativo y agrícola mantendrán al presidente ocupado este año, mientras que otras decisiones relevantes se avecinan en 2026. Arévalo nombrará un nuevo fiscal general para reemplazar a Porras, nombrará a los 10 magistrados de la poderosa Corte de Constitucionalidad, supervisará la elección del Tribunal Electoral de la nación y nombrará al contralor general. Todos estos son cargos clave que pueden permitirle restablecer el liderazgo tanto del poder judicial como de la autoridad electoral, que fueron los poderes fundamentales que se opusieron a él en 2023.

Para cada institución, el presidente recibirá nominaciones de comités especiales compuestos por autoridades de universidades públicas y privadas, así como de asociaciones profesionales, como el influyente colegio de abogados y notarios, que en febrero eligió una nueva directiva estrechamente alineada con el partido de Arévalo.

Las cuatro decisiones son fundamentales para establecer un nuevo rumbo para la nación. “Como país, nos jugaremos nuestra democracia el año que viene,” me comentó el legislador de Semilla, José Carlos Sanabria.

Es demasiado pronto para predecir cómo pasarán a la historia Álvaro y su administración, pero las evidentes disparidades sociales exigen tomar medidas. “Dados los altos niveles de desigualdad, no tenemos una democracia consolidada,” afirmó Zelaya, de ASIES, haciendo referencia a la realidad de “dos Guatemalas,” una rica y otra pobre. “Este año, tenemos que cumplir,” afirmó el ministro de Finanzas, Menkos, subrayando la importancia de lo que se haga este año. “Este año debe ser el año para ejecutar, cuando la gente vea las obras,” añadió Díaz Bobadilla, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

En cuanto al propio Arévalo, tiene en mente un legado que, como es habitual en él, es muy amplio. “Me alegraré si, como resultado de este mandato presidencial, la población reafirma su compromiso con el sistema democrático,” dijo para concluir nuestra conversación. Es una aspiración que estaba en duda hace dos años, pero que hoy parece un poco más segura.

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Imágenes de la sección introductoria: Primera y cuarta fotos Erick Velásquez/EBLA Digital; segunda y tercera fotos José Enrique Arrioja