Durante las protestas de junio en Brasil, millones de personas salieron a la calle para hacer una catarsis colectiva de lo que, en su opinión, no funcionaba en el país. Muchas fueron las banderas, pero el rechazo a la corrupción fue uno de los puntos más significativos en común. Según el informe de Transparencia Internacional—organización que año tras año mide este flagelo—29 por ciento de los brasileños cree que la corrupción aumentó considerablemente en los últimos dos años, y el 70 por ciento del país lo ve como un problema serio.
En Venezuela, los números arrojan un panorama aún más desalentador. El mismo balance señala que 57 por ciento de los venezolanos perciben un aumento significativo de la corrupción en los últimos dos años, en tanto que 83 por ciento de la población opina que estamos al frente de un problema serio. Por más increíble que parezca, la policía (83 por ciento), los funcionarios públicos (79 por ciento), el sistema educativo (49 por ciento), el sistema de salud y hasta las ONGs (53 por ciento) no pasan la prueba de la transparencia, de acuerdo con los venezolanos. La prensa (55 por ciento) tampoco escapa a la mirada desconfiada de la ciudadanía.
De ser ciertos los números de Transparencia Internacional—que colocan al país en el puesto 165 de 176 naciones listadas—los venezolanos no sólo perdieron la fe en el sistema y en quienes se supone deberían ser los garantes del funcionamiento del país, sino que buena parte de ellos también estarían siendo protagonistas de algún tipo de esquema de corrupción.
Nicolás Maduro, el heredero político del fallecido presidente Hugo Chávez, ha hecho del tema un frente de batalla. El mandatario—electo en abril por un estrecho margen de votos—asegura que en esta cruzada no habrán intocables, e incluso llegó a pedir la semana pasada poderes especiales para legislar sobre el tema. Endurecer las penas por corrupción estaría como una de las prioridades.
Algunos casos comenzaron a tener resonancia, como es el de la estatal Ferrominera, cuyo presidente, Radwan Sabbagh, fue detenido en junio pasado por malversación de fondos públicos. La acción, anunciada por el propio Jefe de Estado, llega luego de años de protestas de los trabajadores de la productora de hierro que opera en lo que años atrás fuera un polo industrial en el país.
Otros casos fueron archivados en el baúl del olvido de la revolución, como el esquema denunciado por Mario Silva, un adepto al oficialismo quien hasta este mayo de este año condujo el programa de televisión predilecto de la revolución bolivariana. Silva cayó en desgracia cuando se hizo pública una grabación en la cual afirmaba que la corrupción empantanaba la esfera más alta del gobierno. Las revelaciones salpicaban, particularmente, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, otrora mano derecha de Chávez, y cuyo hermano preside la instancia recaudadora de impuestos en el país.
Cabello desestimó la cinta, pero emprendió una guerra contra la corrupción cuyos objetivos están en la fracción opositora del parlamento nacional. La primera batalla fue contra Richard Mardo, un diputado de un partido de centro-derecha, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria y deberá enfrentar un juicio por defraudación tributaria y legitimación de capitales.
Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, y líder opositor que se midió con Maduro en las presidenciales de abril, también está en la mira de las investigaciones, o de la “cacería de brujas” como él ha decidido bautizar la lucha contra la corrupción que el Ejecutivo promueve. Para Capriles, el afán de Maduro sólo corresponde una “cortina de humo” proyectada para atacar a quienes se oponen al Jefe de Estado.
En la práctica, el criterio del Gobierno es selectivo y las solidaridades automáticas están a la orden del día. Así, la corrupción y cualquier forma de lucha contra ella parecen convertirse en otro tema que no saldrá del debate político binario adoptado en Venezuela hace más de una década.
En cuanto eso, herramientas como el site www.solopromesas.com ofrecen un balance más nítido y menos ideológico del tipo de problemas que afectan al país. El portal almacena decenas de promesas de Gobierno, en todas sus escalas, que fueron incumplidas o están próximas a expirar. Muchas de estas promesas fueron financiadas, o tuvieron partidas de dinero anunciadas a viva voz. Sin embargo, no pasaron de piedras fundacionales, o en el mejor de los casos, fueron reprogramadas.
Teleféricos, vagones de metro, autopistas, hospitales, hidroeléctricas, líneas de autobús, mercados, parques, generadores de electricidad, escuelas y hasta índices de inflación controlados forman parte del inventario de las promesas que expiraron sin resultados concretos. La lucha contra la corrupción de Maduro aún no entra en la lista de las promesas, para eso todavía precisa de una fecha de vencimiento.
