Las elecciones más importantes de Venezuela en una generación acabaron en polémica, con el presidente Nicolás Maduro y el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia proclamando victoria. Los eventos sientan las bases para un prolongado y polémico proceso de confirmación.
Tras retrasos en la publicación de los resultados oficiales, la autoridad electoral controlada por el gobierno, el CNE, declaró a Maduro ganador de la controvertida contienda con el 51,2% de los votos frente a 44,2% del diplomático retirado Edmundo González Urrutia. Dirigiéndose a la nación en las primeras horas del lunes, María Corina Machado y González Urrutia dijeron que la oposición obtuvo el 70% de los votos y Maduro sólo el 30%. Machado argumentó que los números de la oposición mostraban “la mayor diferencia en la historia” de las elecciones presidenciales de Venezuela. Por su parte, González Urrutia confirmó que la oposición buscará defender el voto venezolano de manera pacífica. Hasta la mañana del lunes, no había llamado a protestas u otro tipo de desobediencia civil.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, planteó sus dudas sobre los resultados al afirmar que “nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano.” Junto con otros líderes internacionales, también pidió que se hiciera público un recuento oficial y certificado de los votos de forma transparente. Mientras tanto, Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bolivia, entre otros, reconocieron el resultado oficial y felicitaron a Maduro.
En América Latina, los gobiernos de Brasil y Colombia pidieron informes transparentes y verificables del recuento de votos, mientras que los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay instaron al régimen de Maduro a garantizar que el recuento de votos “respetará plenamente la voluntad popular” del pueblo venezolano. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también instó a la transparencia, diciendo: “el régimen de Maduro debe entender que los resultados son difíciles de creer.”
El gobierno brasileño, uno de los principales actores, afirmó en un comunicado que esperará a que el CNE haga públicos todos los datos de la votación, “un paso esencial para la transparencia, la credibilidad y la legitimidad del resultado electoral”. La administración felicitó a Venezuela por una jornada electoral pacífica y dijo que sigue de cerca el procedimiento de recuento de votos.
Más de 21 millones de venezolanos estaban habilitados para votar en las elecciones del domingo. Aunque oficialmente se inscribieron 10 candidatos en representación de 38 partidos políticos, la contienda fue en realidad una carrera de dos hombres entre González Urrutia y Maduro. Las cifras preliminares muestran una participación de alrededor del 59%, según el CNE.
AQ pidió a los analistas que compartieran sus reacciones y perspectivas.
Tamara Taraciuk Broner
Taraciuk Broner es la directora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Inter-American Dialogue y ex subdirectora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La masiva participación del 28 de julio demostró que millones de venezolanos eligieron expresarse democráticamente a través del voto, aunque las condiciones estuvieran lejos de ser libres y justas. A pesar del fraude nada sorprendente del régimen de Maduro para reclamar la victoria, lo que ocurrió el domingo es el punto de partida—no una sentencia de muerte—para la transición de Venezuela de vuelta a la democracia.
La respuesta descarada y nada sorprendente del régimen de Maduro fue lo único que podía hacer: intentar robar las elecciones. No hay pruebas creíbles que respalden los resultados oficiales, que el CNE anunció el domingo por la noche, proyectando una victoria de Maduro del 51% frente al 44% de González. Por el contrario, todas las pruebas—desde las encuestas a pie de urna hasta las copias de los recuentos de votos de los centros de votación a los que tuvieron acceso los observadores de la oposición— apuntan a una sólida victoria de la oposición, incluso en zonas que tradicionalmente apoyaban a Maduro.
Una transición política en Venezuela puede tener lugar incluso después de estas elecciones manchadas con resultados controvertidos, e incluso aunque algunas personas en el poder se nieguen a apartarse. El régimen necesita legitimidad internacional, en parte para tener acceso a mercados clave, y estos resultados electorales ciertamente no se la proporcionan. Mientras tanto, la oposición cuenta con la legitimidad democrática que confiere el voto y, en los últimos meses, se ha mantenido unida tras un mensaje de paz y transición. Con el fraude electoral, el régimen intentó desplazar el punto de partida de una negociación política que inevitablemente tendrá lugar de aquí a enero, cuando está previsto el comienzo del próximo período presidencial.
Históricamente, el régimen de Maduro no ha dado concesiones de manera voluntaria, y no lo hará ahora. La cuestión clave de cara al futuro es cómo ofrecer incentivos, dentro de los límites del estado de derecho, a las personas que puedan ayudar al país a alejarse del actual aparato represivo y emprender el complicado camino hacia la democracia.
El poder en la Venezuela actual no es monolítico y, especialmente después de estas elecciones, habrá divisiones dentro del Chavismo. Los principales actores internacionales, incluidos EE.UU. y actores regionales como Colombia y Brasil, deberían enviar un mensaje claro a los altos cargos del gobierno, así como a los rangos medios y bajos. Este mensaje debería ser que, si no son responsables de crímenes contra la humanidad, un alto estándar legal, no necesariamente tienen que estar en la lista negra.
Muchos miembros de las fuerzas de seguridad, del poder judicial y de las autoridades electorales pueden tener un futuro mejor en una Venezuela democrática si en las próximas semanas deciden no aferrarse ciegamente al poder, no reprimir a la ciudadanía y a la oposición política, y respetar la voluntad popular demostrada a través del voto.
Necesitan escuchar, alto y claro, de una oposición unida y de los principales actores internacionales que ésta es su mejor opción para seguir adelante.
Alejandro Arreaza
Arreaza es economista para el área andina en Barclays.
El resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio sigue siendo impugnado. El proceso electoral concitó a un gran número de personas y la votación fue relativamente tranquila. Varios sondeos a pie de urna, como el de Edison Research, y recuentos rápidos de los votos indican una victoria aplastante del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, con el 65% de los votos. Esta estimación es similar, o incluso superior, a lo que apuntaban las encuestas previas a las elecciones.
Sin embargo, tras el cierre de los centros de votación, la situación cambió dramáticamente. La oposición empezó a denunciar irregularidades en algunos centros de votación, incluyendo una inexplicable interrupción de la transmisión de los resultados de varios recintos. El alto mando militar emitió entonces un comunicado señalando que Maduro había sido reelegido. Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó su informe oficial, afirmó que Maduro había ganado con el 51% de los votos.
El fuerte contraste provocó inmediatamente denuncias de fraude por parte de la oposición. La comunidad internacional, mientras tanto, ha encontrado los resultados “difíciles de creer”, en palabras del presidente chileno Gabriel Boric. Esto empuja la situación al más complejo de los escenarios posibles. Las presiones internas y externas pondrán a prueba la cohesión del gobierno.
Las tensiones parecen ir a más. La reacción inicial de la oposición ha sido cautelosa. Está centrada en recoger el mayor número posible de recuentos de votos oficiales y certificados de los colegios electorales. Según la oposición, el lunes por la mañana ya había recogido más del 40% de los votos.
Las manifestaciones pueden intensificarse en cualquier momento. Los sondeos previos a las elecciones sugerían que los venezolanos estaban dispuestos a protestar si había pruebas de fraude. Mientras tanto, Estados Unidos y Brasil han solicitado una auditoría de la votación. La presión interna y externa aún podría forzar negociaciones, o incluso llevar a una fractura dentro del Chavismo que podría resultar en una transición, aunque pero a través de un camino más incierto.
Maduro entró en estas elecciones buscando el reconocimiento internacional y el alivio de las sanciones, pero dadas las condiciones actuales, obtener cualquier de los dos parece muy improbable. Por el contrario, es posible que se estén preparando sanciones adicionales. Si Maduro permanece en el cargo, traerá importantes riesgos a la baja para la economía del país y la reestructuración de la deuda. Una resolución con los acreedores en el corto plazo será menos probable, y nuevas negociaciones pueden ser necesarias antes de abrir un camino potencial hacia la reestructuración de la deuda. Un retraso en el proceso implicaría importantes costes de oportunidad para los acreedores. Además, en ausencia de una transición política, los problemas de credibilidad e institucionales podrían frenar la recuperación económica, limitando la capacidad de pago del gobierno y reduciendo los valores de recuperación de la deuda en cualquier posible reestructuración.
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