Este artículo es parte del reportaje especial de AQ sobre noticias falsas | Read in English | Ler em português
El 28 de octubre de 2018, apenas unas horas después de que Jair Bolsonaro fuera elegido como el próximo presidente de Brasil, Cristina Tardáguila recibió una llamada urgente de su abogado. Había reservado un asiento a su nombre en un vuelo rumbo a España que salía tan sólo unos días después. “Ya no estás segura en Brasil”, recuerda que le dijo.
Tardáguila es la fundadora de la Agencia Lupa, la primera y más importante agencia de verificación de datos en Brasil. Con sede en Río de Janeiro desde 2015, la agencia recibió al principio elogios casi unánimes por tratar de ayudar a los brasileños a clasificar la creciente masa de contenidos dudosos en plataformas como WhatsApp, YouTube y Facebook. Pero para el 2018, año en el que se celebró una elección presidencial históricamente áspera entre el conservador Jair Bolsonaro y el izquierdista Fernando Haddad, el tono había cambiado.
El volumen de noticias falsas se cuadruplicó ese año. Tardáguila y sus colegas de Lupa recibieron hasta 56,000 amenazas al mes. Procedían de todo el espectro ideológico, pero la mayoría provenían de partidarios de Bolsonaro. Alrededor del 20% de ellas parecían ser generadas por bots.
“Escoria asquerosa”, decía un mensaje directo en Twitter. “Cuando llegue el momento iremos a buscarlos, uno por uno”. Una caricatura que se volvió viral la representaba a ella y a otras dos prominentes mujeres verificadoras de datos semidesnudas y atadas como perros. George Soros aparecía sosteniendo la correa y colocando un fajo de dólares sobre ellas.
Otros verificadores de datos también fueron atacados. Truco, otra agencia, cerró en medio de un aluvión de graves amenazas. Algunos advirtieron de un posible ataque con productos químicos ácidos.
Al principio, Tardáguila ignoró los consejos de su abogado. No quería desarraigar a su familia ni abandonar a sus colegas, muchos de los cuales también habían sido amenazados. Esperaba que después de las elecciones las cosas se calmaran. Pero las amenazas nunca se detuvieron. Pensó en presentar una denuncia formal a la policía de Río de Janeiro. Pero una fuente dentro del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), la máxima autoridad que supervisa las elecciones, le advirtió que no lo hiciera. La policía de Río estaba tan polarizada como la gente que la atacaba en Facebook y Twitter, le dijo su fuente. En el mejor de los casos, ignorarían su denuncia. Pero también podrían perjudicarla filtrando información personal, por ejemplo, la dirección de su casa, a quienes quisieran causarle daño. En mayo de 2019, cansada y asustada, finalmente abandonó Brasil.
La historia de Tardáguila es sólo una faceta de la cada vez más conflictiva y peligrosa guerra en torno a las noticias falsas y la desinformación en Brasil. La batalla sobre lo que es verdadero o falso, quién decide, y si se debe castigar a los infractores y cómo hacerlo, está desgarrando el tejido mismo de la joven democracia del país. Las noticias falsas están erosionando gravemente la fe de las personas en el sistema de votación de Brasil de cara a las elecciones presidenciales de 2022. También están en el centro de una crisis constitucional que enfrenta a Bolsonaro con el Supremo Tribunal Federal de Brasil, al que el presidente y sus seguidores han amenazado con desobedecerlo o incluso intentar cerrarlo para proteger su supuesta libertad de expresión. La cuestión de cómo hacer frente a la marea de desinformación, sin que ello suponga una restricción de las libertades esenciales, plantea un dilema extraordinariamente difícil para los políticos, las empresas tecnológicas, el sistema judicial y demás instancias, sin que existan soluciones fáciles a la vista.
Sin duda, Brasil no es el único país del mundo con un problema de desinformación. América Latina tiene una de las tasas de uso de redes sociales más altas del mundo, y uno de los niveles más bajos de confianza en el gobierno y otras instituciones, lo que hace que muchos países sean un terreno especialmente fértil para las noticias falsas. En Colombia, a principios de este año, se publicaron en Twitter informes falsos sobre policías que violaban niñas, en un aparente intento de fomentar un sentimiento antipolicial entre los millones de manifestantes antigubernamentales que salieron a las calles. En Perú, una dudosa encuesta que mostraba a Pedro Castillo con 30 puntos de ventaja sobre Keiko Fujimori fue ampliamente compartida en numerosas plataformas. La difusión masiva de noticias falsas relacionadas con la pandemia, tales como las supuestas curas milagrosas como la hidroxicloroquina, puede ser una de las razones por las que América Latina ha registrado cerca de una cuarta parte de las muertes confirmadas por COVID-19 en el mundo, a pesar de tener sólo el 8% de su población, junto con otros factores como la desigualdad y la falta de recursos de los sistemas de salud pública.
Pero incluso para los estándares regionales, Brasil parece ser un caso especial. Como periodista colombiana, pensaba que en mi país teníamos un grave problema con la desinformación; pero mientras hacía el reportaje para este artículo, me sorprendió constantemente la cantidad de noticias falsas difundidas incluso por funcionarios del gobierno, y el acalorado debate de los brasileños en torno a lo que es verdadero o falso. Está claro que, si Estados Unidos fue un campo de batalla fundamental en el debate mundial sobre la desinformación durante las elecciones presidenciales de 2020, Brasil podría ser el epicentro de una batalla similar cuando Bolsonaro busque la reelección el próximo año. De hecho, personalidades de todo el mundo, desde el icono conservador estadounidense Steve Bannon hasta ejecutivos de empresas tecnológicas de Silicon Valley, se están interesando por el debate sobre la desinformación en Brasil. Lo que ocurra ahí durante los próximos 12 meses, y si los brasileños son capaces de desactivar lo que parece una bomba de tiempo, tendrá implicaciones en todo el mundo.
La guerra online
Las noticias falsas tienden a prosperar más en las sociedades polarizadas, señala Michael Beng Petersen, profesor de la Universidad Aarhus en Dinamarca y reconocido experto en desinformación. No es de extrañar, pues, que Brasil tenga un problema tan grave.
Muchos analistas sitúan el inicio del actual periodo de polarización en Brasil en el periodo que gobernó el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de 2003 a 2016. La era se definió al principio por una prosperidad generalizada y por una gran expansión de la clase media, pero terminó con escándalos, aumento de la delincuencia y la peor recesión de la historia de Brasil. La destitución en 2016 de Dilma Rousseff, del PT, dividió al país. Mientras tanto, la investigación anticorrupción Lava Jato, que comenzó a mediados de la década de 2010, manchó a todos los partidos políticos y generó una reacción generalizada contra toda la clase dirigente de Brasil, explica Sergio Lutdke de Projeto Comprova, un conglomerado de periodistas patrocinado por Google que se dedica a investigar la desinformación.
Al principio, los brasileños expresaron su frustración a través de una serie de populares protestas que sacaron a la calle a un millón de personas en 2013. Pero el campo de batalla más importante se trasladó rápidamente a Internet, dice Ludtke. Los brasileños ya se encontraban entre los primeros y más entusiastas usuarios de las redes sociales, adoptando Orkut, una plataforma propiedad de Google, años antes de que Facebook o Twitter conquistaran el mundo. Aunque Orkut cerró en 2014, Brasil tiene hoy unos 160 millones de usuarios de redes sociales, más que cualquier otro país fuera de Asia, con la excepción de Estados Unidos. Los brasileños también pasan más tiempo en las redes sociales que cualquier otro país, salvo Filipinas, según un informe digital elaborado por la agencia de marketing We Are Social y la plataforma de gestión de redes sociales Hootsuite.
En todo este revuelo llegó Bolsonaro. Una figura periférica en la política brasileña antes de las elecciones de 2018, es imposible imaginar su ascenso sin la ayuda de las redes sociales. Sus agresivos ataques al PT, a las mujeres, a las personas LGBT y a otros sectores le valieron la condena generalizada de los medios de comunicación tradicionales y de los políticos brasileños —y un número cada vez mayor de seguidores en Internet. “Es como si (Bolsonaro) supiera qué palabras decir para jugar con el algoritmo” y aumentar el tamaño de su audiencia, dice Thomas Traumann, un analista político. Incluso hoy, los seguidores de Bolsonaro tienden a ver las redes sociales como el principal pilar de su poder y su popularidad. Consideran que sin él, el debate público estaría monopolizado por los periódicos y emisoras tradicionales, tales como O Globo, que sistemáticamente han cuestionado o se han opuesto a la retórica de Bolsonaro. Esto ayuda a explicar por qué cualquier intento de regular las redes sociales suscita una oposición tan inmediata y feroz entre muchos bolsonaristas.
El problema es que el espacio online bolsonarista ha estado constantemente plagado de noticias falsas y desinformación, hasta un punto que no parece casual, señalan los expertos. Durante la campaña de 2018, circularon memes que afirmaban falsamente que Haddad, el candidato del PT que se enfrentó a Bolsonaro en la segunda vuelta, había distribuido, mientras era alcalde de São Paulo, miles de biberones con tetinas en forma de pene por todas las guarderías de la ciudad como parte de un “kit gay” que buscaba hacer más aceptable la homosexualidad entre los niños. Otras noticias falsas durante la campaña afirmaban que Haddad quería legalizar la pedofilia y permitir que el Estado decidiera el sexo que se debe asignar a los niños una vez cumplidos los cinco años.
Algunas pruebas sugieren que la máquina de noticias falsas pro-Bolsonaro es una operación profesional dirigida por los aliados y seguidores del presidente. Una investigación de la Policía Federal en torno a la organización de las protestas antidemocráticas celebradas en 2020 apuntó a la existencia del llamado “gabinete del odio”, un grupo de jóvenes colaboradores, supuestamente dirigido por los hijos políticamente activos de Bolsonaro, dedicado a difundir noticias falsas y a atacar a periodistas y opositores al gobierno. (Los hijos de Bolsonaro y otros niegan rotundamente que el “gabinete” exista y que ellos difundan noticias falsas). Durante las elecciones de 2018, una investigación de Folha de São Paulo reveló una supuesta industria de agencias de relaciones públicas que vendían paquetes de WhatsApp que permitían la difusión rápida de mensajes. Las empresas alineadas con Bolsonaro habrían pagado hasta 2.3 millones de dólares por el servicio. La investigación sostiene que las agencias de relaciones públicas tenían acceso ilegal a las bases de datos de usuarios de WhatsApp vendidas por varias empresas digitales.
Desde que llegó a la presidencia, Bolsonaro ha seguido confiando en las redes sociales, en mayor medida incluso que la mayoría de los líderes contemporáneos. En su canal de Facebook transmite discursos en vivo a sus 10.7 millones de seguidores cada semana. A menudo habla durante más de una hora, quejándose de la normalidad en Brasilia y a veces burlándose de los invitados (En un programa en vivo, llamó “criador de cucarachas” a un seguidor negro en referencia a su pelo). Él y sus seguidores también han utilizado Twitter y otras plataformas para realizar falsos ataques a periodistas, incluyendo a los que trabajan en agencias de verificación de datos. Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente, afirmó falsamente que Patrícia Campos Mello, la reportera que dirigió la investigación de Folha sobre el uso presuntamente ilegal de grupos de WhatsApp, ofreció a sus fuentes favores sexuales para obtener información condenatoria sobre el presidente. (Campos Mello ganó una demanda contra Bolsonaro por daños morales, y un juez lo condenó a pagar una multa de 5,500 dólares). “Socavar a la prensa es parte de la campaña de desinformación (de Bolsonaro)”, dice Pablo Ortellado, filósofo y coordinador del grupo de investigación sobre políticas públicas y acceso a la información de la Universidad de São Paulo. Al llamar mentirosos a los periodistas “desarma algo que podría demostrar que está equivocado”.
Sin embargo, las noticias falsas también han sido un problema en la izquierda brasilera. Algunos oficiales del PT circularon o compartiron un video que sugiere falsamente que el intento de asesinato contra Bolsonaro podía haber sido fingido y la evidencia escondida. Pero activistas pro-democráticos se han visto perturbados por lo que parece una operación profesional de desinformación al servicio del gobierno. Un informe elaborado en septiembre por Reporteros sin Fronteras contabilizó cerca de medio millón de tuits que atacaban a la prensa en Brasil en un periodo de tres meses, de los cuales al menos el 20% procedían probablemente de cuentas automatizadas o “bots”. La investigación de Raquel Recuero, vicepresidenta directora del Laboratorio de Análisis de Medios, Discursos y Redes Sociales de la Universidad de Pelotas, sugiere que hay una respuesta desproporcionada, inmediata y obviamente coordinada en las redes sociales casi cada vez que el presidente es atacado o dice algo polémico. Ocurrió, por ejemplo, cuando Veja, el principal semanario de Brasil, publicó en 2018 una noticia sobre el divorcio de Bolsonaro con su segunda esposa. Minutos después, las redes sociales se inundaron de acusaciones falsas afirmando que Veja recibió dinero por parte del PT para mentir acerca de Bolsonaro. “Si fuera algo orgánico habría varias historias, con distintas explicaciones”, surgidas en distintos momentos del tiempo, dice Recuero.
(Foto de Andre Borges/Getty)
Enemigos por todos lados
El incesante flujo de desinformación ha provocado una contra reacción por parte de los tribunales, de los reguladores de Internet, de las empresas tecnológicas y de los adversarios políticos de Bolsonaro. Algunos esfuerzos por controlar el problema parecen prometedores. Pero otros parecen estar teñidos por la política, mientras que algunos contemplan curas que pueden ser tan malas o peores que la propia enfermedad.
En el ámbito judicial, hay al menos cuatro grandes investigaciones o pesquisas relacionadas con las noticias falsas, algunas de ellas con competencias que se solapan. La primera, y quizás la más controvertida, es una investigación del Supremo Tribunal sobre la divulgación de desinformación por parte de los seguidores de Bolsonaro, así como de las amenazas que han proferido en contra de los miembros de la corte. La investigación está dirigida por el juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, antiguo fiscal y ministro de Justicia. En agosto, el propio presidente se convirtió en una de las partes investigadas dentro de esa pesquisa, tras afirmar que las elecciones de 2014 y 2018, esta última ganada por él, estuvieron plagadas de fraude (Bolsonaro afirma que debería haber ganado en la primera vuelta, aunque admitió no tener pruebas). Una condena penal contra un presidente en funciones es muy poco probable.
La investigación ha contribuido a la escalada de la crisis entre la Corte y Bolsonaro, cuyos partidarios sostienen que la investigación es inconstitucional, argumentando que el Supremo Tribunal no puede ser víctima, investigador y juez al mismo tiempo. Sin embargo, el caso ha sacudido profundamente el círculo íntimo de Bolsonaro, ya que la Policía Federal ha registrado los domicilios y oficinas de decenas de empresarios, blogueros y políticos aliados. De Moraes también ha autorizado detenciones, entre ellas la de Roberto Jefferson, aliado incondicional de Bolsonaro y jefe del derechista Partido Laborista Brasileño. Según la justicia, Jefferson formaba parte de una red de delincuentes que buscaba “desestabilizar las instituciones republicanas” difundiendo noticias falsas. Tras la detención de Jefferson, Bolsonaro pidió al Senado el proceso de destitución de Moraes. Traumann, el analista político, dice que el caso de Jefferson incomoda especialmente al presidente porque teme que el tribunal pueda algún día perseguir también a sus hijos por su presunto papel en la difusión de información falsa.
Las otras indagaciones incluyen una investigación del Congreso sobre las redes de desinformación criminal, la cual ha solicitado a la Policía Federal que determine si los ordenadores del Senado fueron utilizados para difundir noticias falsas en Instagram. Esa investigación también ha pedido a las empresas de redes sociales que les proporcionen los nombres detrás de varios perfiles de redes sociales, incluyendo las cuentas a las que se accedió desde la oficina del Congreso perteneciente a Eduardo Bolsonaro. Una investigación distinta del TSE, el organismo electoral, ha analizado las acusaciones de que Bolsonaro y sus partidarios han difundido información falsa con relación a las elecciones del próximo año, incluyendo afirmaciones no probadas de que las máquinas de votación electrónica de Brasil son susceptibles de fraude. La cuarta investigación, realizada por el Senado, explora la desinformación y otros aspectos de la ineficaz respuesta del gobierno de Bolsonaro a la pandemia del COVID-19. En las redes sociales se ha afirmado que la pandemia es una exageración de los izquierdistas, que en realidad los hospitales están vacíos y que se entierra a la gente viva para aumentar las tasas de mortalidad. El propio presidente ha insistido, a pesar de las pruebas médicas que demuestran lo contrario, en que los medicamentos de “tratamiento temprano”, como la hidroxicloroquina, la ivermectina y la azitromicina, son eficaces contra el COVID-19. Más de 600,000 personas han muerto a causa del COVID-19 en Brasil, una cifra sólo superada por la de Estados Unidos.
Tomadas en conjunto, estas investigaciones han aumentado la posibilidad de que Bolsonaro sea destituido por el Congreso o sea declarado inelegible para las elecciones de 2022. En respuesta, el presidente ha advertido cada vez con mayor frecuencia que una “ruptura” en la democracia de Brasil puede ser inminente. Asimismo, ha intensificado sus ataques a las instituciones brasileñas, centrándose en la Corte y, concretamente, en de Moraes y Luis Roberto Barroso, un ministro del Supremo Tribunal que también está al frente del TSE, el organismo electoral. El presidente reunió a cientos de miles de sus partidarios para realizar una protesta en contra del Supremo Tribunal el 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, y declaró que no volvería a cumplir una orden de de Moraes, lo cual sería ilegal. La declaración provocó una respuesta contundente por parte de miembros de otros poderes del Estado, incluido Barroso, que refutó punto por punto las afirmaciones de Bolsonaro sobre el fraude electoral, calificándolas de “retórica vacía”.
Unos días más tarde, Bolsonaro pareció dar marcha atrás, afirmando en una carta que sus amenazas hacia la Corte se produjeron “en el calor del momento” y prometiendo respetar otros poderes del Estado. Pero pocos analistas esperaban que la tregua durara.
No hay soluciones fáciles
En el Congreso, los legisladores también han intentado contraatacar, presentando al menos 45 proyectos de ley destinados a frenar la divulgación de noticias falsas. Pero muchas de las medidas conllevan riesgos significativos. Varios modificarían el Marco de Derechos Civiles de Internet, cambiando sus normas relativas a los puertos seguros, que actualmente otorgan inmunidad a los proveedores y plataformas de Internet en caso de que los contenidos de terceros violen alguna ley. Esto expondría a las empresas a un importante riesgo legal y transformaría sus modelos de negocio. Otras propuestas pretenden obligar a las redes sociales a eliminar contenidos cuestionables en un plazo máximo de 24 horas después de que un usuario presente una denuncia (actualmente eliminan los contenidos que infringen sus condiciones de uso o en cumplimiento de una orden judicial). Algunos proyectos de ley permitirían perseguir como delincuentes a los usuarios que compartan noticias falsas, incluso si no son conscientes de que están difundiendo mentiras. Incluso hay una propuesta para limitar a 1,000 el número de usuarios que pueden recibir un mensaje de WhatsApp. Mientras tanto, algunos miembros del Congreso y del poder judicial están presionando a las plataformas tecnológicas para que veten a Bolsonaro y a sus aliados, de la misma manera que muchas lo hicieron con Donald Trump a principios de 2021.
Consciente de la amenaza, Bolsonaro está tomando sus propias contramedidas. El 6 de septiembre firmó decreto presidencial que intentaba prohibir que las plataformas puedan desactivar a los usuarios (como ocurrió con Trump) o retirar la mayoría de los contenidos sin una orden judicial. The New York Times calificó el decreto como “la primera vez que un gobierno nacional impide a las empresas de Internet retirar los contenidos que infringen sus normas”. El decreto fue declarado inconstitucional unos días después y desechado por el Congreso, pero la mayoría de los expertos creen que Bolsonaro seguirá intentando utilizar todas las herramientas a su disposición para proteger a sus aliados.
Mientras tanto, las empresas de redes sociales se sienten atrapadas entre Bolsonaro y sus oponentes, enfrentando la doble amenaza de una regulación excesiva o de un ambiente de libertad total que disminuiría aún más la confianza del público en sus plataformas. “Nuestra misión es organizar la información y hacer que sea útil para el mundo”, dice Marcelo Lacerda, director del equipo de Gobierno y Políticas Públicas de Google en Brasil. “Si tenemos malos contenidos, nos arriesgamos a poner en peligro nuestra relación con los usuarios, los creadores de contenidos y los anunciantes que apoyan nuestro negocio”. En algunas plataformas ni siquiera está claro que la regulación sea posible. WhatsApp es la plataforma de redes sociales más popular en Brasil, y por tanto donde se propagan la mayoría de las noticias falsas, pero los mensajes que allí se envían están encriptados. Esto juega a favor de Bolsonaro, dice Traumann. “En Estados Unidos frenan a Donald Trump sacándolo de Twitter y Facebook”, pero si hacen eso con Bolsonaro no cambiarán nada porque puede seguir llegando a los brasileños a través de WhatsApp. Muchos bolsonaristas han empezado a migrar a Telegram, que ven aún menos probable que se regule.
Las propuestas de regulación complicarían el funcionamiento de las redes, no sólo en Brasil, sino en todo el mundo, sostiene Marcel Leonardi, un abogado especializado en Internet que representa a muchas empresas de redes sociales en Brasil. Actualmente, WhatsApp no tiene un sistema operativo que pueda limitar el alcance de un mensaje a 1,000 usuarios, dice Leonardi. Tendría que crear uno, y aplicarlo en todo el mundo, sólo porque Brasil lo exige. En cambio, según Leonardi, se debe permitir a las empresas seguir desarrollando herramientas para luchar contra la desinformación. Facebook y YouTube utilizan una combinación de máquinas y humanos para detectar contenidos con noticias falsas. En Brasil, YouTube ha retirado vídeos en los que Bolsonaro afirma que la ivermectina cura el COVID-19. Facebook eliminó decenas de cuentas que difundían noticias falsas, algunas de ellas vinculadas a socios de Bolsonaro y a sus hijos. Incluso WhatsApp ha realizado investigaciones que han llevado a la suspensión de cientos de cuentas. Las empresas de redes sociales también están trabajando con el TSE para entender cómo combatir mejor las noticias falsas sobre las elecciones del próximo año. El 16 de agosto, Youtube cumplió la orden del TSE de suspender los pagos a 14 canales que alertaban sobre el fraude en las máquinas de votación.
Google cree que puede ayudar a combatir la desinformación por otros medios. En Brasil, por ejemplo, ha invertido 2 millones de dólares en Educamidia, un programa que ayuda a los profesores a enseñar la alfabetización mediática, y ha creado Comprova, una iniciativa que contrata a periodistas para desmentir noticias falsas. Sin embargo, las empresas de redes sociales saben que no pueden hacer mucho. “Entendemos que la lucha contra la desinformación es algo que no podemos hacer solos”, dice Lacerda, el director de Google. Cree que los políticos deben involucrar a los educadores, a las empresas tecnológicas, a los abogados y a la sociedad civil para idear soluciones conjuntas contra las noticias falsas.
Democracia en peligro
No está claro si algo de esto puede impedir lo que parece será una crisis inminente en 2022. Con el índice de aprobación de Bolsonaro en sus mínimos históricos, las encuestas sugieren que perdería el próximo octubre frente a varios de los principales candidatos, incluyendo a su rival más acérrimo, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, del PT. Con la espalda contra la pared, parece probable que Bolsonaro utilice todas las herramientas a su disposición, incluyendo las noticias falsas, y podría tratar de incitar a la violencia o socavar la democracia de otra manera, afirma Claudio Couto, un analista político. “Para él, lo único que importa es mantenerse en el poder”. Bolsonaro ha repetido en varias ocasiones que solo ve tres posibles desenlaces para él: “la cárcel, ser asesinado o la victoria.”
Nadie sabe si los militares brasileños, u otras instituciones gubernamentales, apoyarían a Bolsonaro en una aventura autoritaria. De hecho, lo único que parece seguro es que la desinformación seguirá corroyendo la fe de los brasileños en sus instituciones y en la propia democracia. En un discurso pronunciado a mediados de septiembre, tras su último enfrentamiento con el Supremo Tribunal, Bolsonaro restó importancia a la amenaza y pareció hacer un guiño a sus planes tácticos para el próximo año. “¿Quién no ha dicho nunca una pequeña mentira a su novia? Si no lo hicieras, la noche no acabaría bien”, dijo entre las risas de un auditorio repleto de sus simpatizantes. “Las noticias falsas forman parte de nuestras vidas.”
