Corrección anexa debajo
CIUDAD DE MÉXICO – Hace un año tuve el honor de asistir a la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador a dirigir un mensaje con motivo de la primera vez en la que México celebraba oficialmente el Día Nacional contra la Homo-Lesbo-Bi-Transfobia. Esa invitación se debió en parte a que en el 2018, durante la transición, el entonces presidente electo de México me convocó a trabajar en una agenda de temas de género y diversidad sexual para su entrante gobierno.
Mucho ha pasado desde entonces, incluida la pandemia del nuevo coronavirus humano que ha obligado a conmemoraciones virtuales y a la cancelación de las marchas del orgullo en todo México y el mundo. Mucho se ha avanzado y quedan múltiples pendientes a retomar una vez que regresemos a la denominada nueva normalidad. A pesar de las dudas que AMLO ha generado históricamente entre el movimiento LGBT, el inicio de su sexenio significó un empuje de medidas a favor de los derechos LGBT a nivel federal y es en esta administración en la que veo más posibilidades de que se avance la agenda de derechos y así construir un país más justo y equitativo. Iré desmenuzando estos puntos en el ensayo.
AMLO y la diversidad
A lo largo de su carrera política, López Obrador ha tenido una relación difícil con el movimiento LGBT mexicano, principalmente con el activismo de la Ciudad de México. Como Alcalde del entonces llamado Distrito Federal (2000-2005), López Obrador no apoyó la aprobación legislativa de las Sociedades de Convivencia, una iniciativa que buscaba dar un reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Las Sociedades de Convivencia fueron debatidas durante cinco años sin el respaldo del Alcalde y no fue sino hasta que él dejó el cargo para buscar la presidencia de México, que la iniciativa pionera para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo fue aprobada legislativamente. Esta falta de apoyo abrió una grieta entre él y los colectivos de la diversidad sexual, misma que continuó durante más de una década. AMLO perdió la presidencia por 0.56% del voto en unas elecciones muy cuestionadas y sin haber apoyado los temas de la diversidad sexual. Al respecto de derechos para parejas LGBT, como candidato AMLO ofrecía consultas públicas en 2006, sin tomar partido, y así continuó durante 12 años.
A partir del 2009, la Ciudad de México aprobó la primera ley de matrimonios igualitarios del país, la llamada iniciativa Razú. La discusión legislativa fue de apenas un par de meses. El trabajo de décadas del movimiento LGBT, los 4 años en vigor de las Sociedades de Convivencia, el apoyo del entonces Alcalde Marcelo Ebrard y del legislador David Razú, entre otros, detonaron un efecto bola de nieve que ha hecho que prácticamente en una década 19 de 32 entidades contemplen el matrimonio igualitario y 10 estados hayan aprobado ya leyes de identidad de género.
Aún así, cuando AMLO volvió a buscar la presidencia y a pesar de que el matrimonio igualitario llevaba 3 años de vigencia en Ciudad de México, el político más notable de las izquierdas mexicanas seguía ofreciendo consultas para los derechos LGBT.
Camino recorrido
La historia del movimiento LGBT mexicano da cuenta de cuatro décadas de institucionalización e incidencia. A mediados de los años 70 los primeros colectivos gays y lésbicos irrumpieron en la escena nacional y desde entonces pusieron en la agenda del debate público los derechos de la diversidad sexual. Sin embargo, es a partir del nuevo siglo que se aceleran los cambios y la incidencia del movimiento LGBT. Desde las Sociedades de Convivencia y su discusión iniciada en el 2001 hasta el reconocimiento de la identidad de género en votación virtual en el estado de San Luis Potosí en abril del 2020, mucho camino se ha avanzado estado por estado y a nivel nacional en la construcción de un México que reconoce y celebra la diversidad, en lugar de ignorarla o tolerarla.
Desde la irrupción del movimiento LGBT mexicano, ocho presidentes han gobernado México, de los cuales sólo los últimos cuatro han tenido posturas claras en torno a la diversidad mexicana.
Vicente Fox (2000-2006) facilitó la discusión de combate a la discriminación con la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) una institución federal que trabaja en este rubro. A pesar de ser emanado de las filas del PAN, un partido conservador y de derecha, Fox no fue enemigo de los derechos LGBT. Nunca se opuso a las Sociedades de Convivencia.
En contraste, el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) fue uno de resistencia y lucha contra la homofobia que se sentó en el Ejecutivo mexicano. Calderón combatió el avance del matrimonio igualitario con una acción de inconstitucionalidad, así como negó el reconocimiento de derechos sociales para personas LGBT. El 17 de mayo del 2010, el gobierno de Calderón decretó el “Día Nacional por la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”, un eufemismo para no llamar a ese día por su nombre.
Enrique Peña Nieto (2012-2018), un miembro del PRI, cambió esa política. Él y los aliados LGBT que trabajaron en su sexenio cambiaron de forma gradual la postura del Ejecutivo mexicano respecto a los derechos LGBT. El 17 de mayo del 2016 Peña Nieto invitó a activistas LGBT a la casa presidencial de México a conmemorar oficialmente el primer Día Nacional contra la Homofobia y para apoyar un paquete de iniciativas legislativas para avanzar los derechos LGBT en México. Las iniciativas de Peña despertaron el activismo del autodenominado Frente Nacional por la Familia una coalición anti derechos que sacó a las calles a cientos de miles de personas para protestar contra las nuevas iniciativas, y con ello el PRI dejó solo al presidente y congeló el paquete legislativo pro derechos humanos para personas LGBT.
Con ese camino andado, la llegada de AMLO a la presidencia en 2018 fue de la mano de una coalición electoral que incluía al Partido Encuentro Social, un partido de corte evangélico y conservador. Debido a ello y a la propia oferta de López Obrador de poner a consulta los derechos de la diversidad sexual, el activismo mexicano se mostró preocupado y por ello varios activistas formamos en 2018 la Coalición Mexicana LGBTTTI+ para impulsar una agenda de derechos entre los candidatos presidenciales del 2018. El equipo de López Obrador firmó todos los compromisos presentados.
Cientos de activistas LGBT, desde Nancy Cárdenas, considerada la madre del movimiento, hasta Jessica Marjane y la más nueva generación de activistas han trabajado para consolidar una sociedad más abierta a la diversidad sexual y un país con más derechos para todas las personas. El 17 de mayo precisamente era la fecha para dar las gracias a ese activismo, a esos activistas y todas las personas aliadas que han apoyado la agenda de derechos humanos, pero también un día para reflexionar sobre los pendientes en la agenda y los retos para la diversidad sexual.
Avances y pendientes
Desde el 17 de mayo del año pasado a éste, cuatro estados con congresos dominados por Morena o con una fuerte presencia de sus legisladores reconocieron legislativamente el matrimonio igualitario (Hidalgo, Baja California Sur, San Luis Potosí y Oaxaca) así como Nuevo León, por orden judicial. Cinco estados se sumaron así al reconocimiento de los matrimonios y con ello ya son 19 de 32 entidades. Otros cinco estados (Yucatán, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Veracruz) presentaron iniciativas que se perdieron en votaciones cerradas, pero activistas locales han vuelto a presentar iniciativas con sus aliados en esos congresos.
De igual forma, siete estados reconocieron por la vía legislativa o judicial la identidad de género, también con congresos dominados por Morena o con fuerte presencia de este partido. Los estados de Chihuahua (único por vía judicial), Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala ya tienen un proceso administrativo para reconocer la identidad de género. En total son 10 de 32 las entidades con este reconocimiento.
El 2019 ha sido el año en que más estados discutieron y aprobaron matrimonio igualitario (5) y la identidad de género (7). Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció desde el 2019 que los consulados de México en el mundo realizarán matrimonios entre personas del mismo sexo y México ha ratificado todos los acuerdos e instrumentos multilaterales para el reconocimiento de estos derechos.
Respecto al tema de salud, desde la primavera del 2018 el gobierno de México empezó a actualizar los tratamientos antirretrovirales para las personas que viven con VIH. Activistas y personas expertas médicas impulsamos el nuevo paradigma VIH que básicamente contempló revisar cuáles eran los tratamientos ofrecidos en México y actualizarlos, así como negociar un precio justo con las farmacéuticas internacionales. Antes de la puesta en marcha de esta iniciativa, miles de personas que viven con VIH en México recibían tratamientos ya en desuso en otros países y México compraba los antirretrovirales más caros del Continente Americano.
Desde mayo del año pasado el nuevo paradigma ha comenzado a ser una realidad. La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las dos instituciones públicas que más personas que viven con VIH atienden en México han migrado a la mayor parte de las personas que viven con VIH al esquema de tratamiento con Biktarvy, medicamento que tiene menor riesgo de falla y menos efectos secundarios. En la Secretaría de Salud, un corte a marzo del 2020 revela que hay poco más de 45.000 personas bajo el esquema de Biktarvy y poco más de 39.500 con Atripla. Por su lado, el IMSS atiende a poco más de 67.000 personas, de las cuales 55.000 ya migraron a Biktarvy.
Nunca antes en la historia del VIH en México se había dado un cambio así para la salud de las personas que viven con VIH ni una cooperación tan estrecha entre Salud e IMSS, instituciones que han tenido diferencias de décadas en éste y otros temas. Además, según datos de la Secretaría de Hacienda, las negociaciones del gobierno de México con farmacéuticas lograron ahorros de un 52% en antirretrovirales.
Sin embargo, falta mucho por hacer. Aún falta identificar si aún hay personas que viven con VIH y que no conozcan su estatus o que no tengan acceso a antirretrovirales. Son todavía 13 estados por aprobar matrimonio y 22 identidad de género y la violencia en México por la guerra contra el narco ha afectado brutal con las personas LGBT.
La pandemia
La pandemia ha puesto en pausa la agenda legislativa y lo avanzado desde que AMLO asumió la presidencia de México.
El coronavirus ha detenido proyectos pendientes como un programa nacional de profilaxis o preexposición (PrEP) así como las principales clínicas públicas de atención a VIH han tenido que reducir sus consultas presenciales y poner en pausa incluso tratamientos hormonales para poblaciones trans. Pasada la pandemia tiene que revisarse el asunto del desabasto de antirretrovirales, terminar de migrar al nuevo paradigma en otras instituciones públicas que atienden a personas que viven con VIH y sellar la cooperación interinstitucional entre Salud e IMSS.
La pandemia del coronavirus también ha congelado iniciativas pendientes de aprobación en el Congreso de la Unión. Las legisladoras y legisladores federales tienen pendiente de aprobar una iniciativa de la sociedad civil y copatrocinada por senadoras de Morena, Partido Verde y Movimiento Ciudadano para prohibir las mal-llamadas terapias de conversión en México. Al tiempo que el Congreso debe atender también legislación pendiente para los derechos sociales de parejas LGBT en el IMSS y otra para reconocer y combatir los crímenes de odio, que cada año van al alza en México y que afectan más a las mujeres trans.
Mientras el activismo LGBT ha migrado al internet, los esfuerzos para alcanzar a miembros vulnerables de la comunidad se ha complicado. En México no hay datos para saber cuántas personas LGBT hay en el país. Por ello, cualquier idea en torno a cómo está afectando la pandemia a las poblaciones LGBT es sólo a través de consultar con quienes hacen trabajo comunitario, de oído en oído.
Iván Tagle, director de la organización Yaaj México, asegura que esta organización ha recibido hasta cinco veces más casos de jóvenes en peligro de quedarse en la calle por la COVID19, mientras que Alex Orué, director de It Gets Better México, afirma que su línea de apoyo daba atención solamente una noche a la semana y ahora es tarea diaria por la pandemia. Otros que viven con VIH han detallado cómo la pandemia les ha obligado a revelar su status en el trabajo y cómo han sido despedidos. También recientemente falleció el activista Jaime Montejo por COVID19. Montejo era fundador de Brigada Callejera, organización que apoya a las trabajadoras sexuales con despensas para enfrentar esta crisis.
Conclusión
El gobierno de AMLO empieza a acumular el desgaste de casi dos años en el poder y cada vez más a ser cuestionado por su respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus. En las poblaciones LGBT siempre ha existido la duda sobre del apoyo o rechazo de López Obrador y de su partido a los derechos de la diversidad sexual. Sin embargo, esas dudas contrastan con el avance aquí presentado. Morena sigue teniendo legisladores con discursos anti derechos y el mismo presidente se resbala seguido al hablar de temas de género, pero en este sexenio la agenda LGBT tiene posibilidades de avanzar como nunca antes, en parte por el trabajo profesional de las organizaciones, como por la presencia del mayor número de aliados LGBT en el gabinete federal y en el Congreso de la Unión en la historia.
En EU el Doctor Anthony Fauci comparó recientemente los retos del nuevo coronavirus con los que enfrentaron las poblaciones LGBT con la irrupción del VIH en los 80. Fauci señaló como la comunidad enfrentó esa pandemia con “increíble valor, dignidad, fuerza y activismo”. En México el movimiento LGBT también enfrenta los retos de esta pandemia y hoy como nunca el movimiento LGBT está listo para sacar los pendientes de la agenda de derechos. Como dije el año pasado en Palacio Nacional, México no será un país más justo hasta que la dignidad de las personas LGBT se haga costumbre. La autodenominada cuarta transformación debe continuar consolidándose como pro-derechos LGBT o será una simulación.
Una versión anterior de este artículo confundió la cantidad de estados donde la legislación del matrimonio igualitario no fue aprobada
