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Este artículo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre Venezuela después de Maduro. | Read in English
Familias cuyos seres queridos en prisión han desaparecido. Manifestantes que vuelven de una noche en la cárcel con una pierna o un brazo rotos. Políticos de la oposición encerrados bajo cargos ficticios.
Las víctimas de la justicia chavista son cientos de miles.
Y por más de 15 años, Alfredo Romero ha sido su defensor.
Romero es el director ejecutivo de Foro Penal, una organización sin ánimo de lucro de más de 150 abogados y 4.000 voluntarios cuyo trabajo es seguirles el rastro a los prisioneros políticos y ofrecerle servicios legales a cualquier persona que haya sido detenida arbitrariamente o torturada por el gobierno.
Los blancos del régimen cada vez incluyen a más miembros insatisfechos de las fuerzas militares, dijo Romero, la base más grande del apoyo de Maduro.
“Hay muchas personas que quieren un cambio”, le dijo Romero, de 49 años, a AQ.
La transformación de Romero en uno de los activistas de derechos humanos principales de Venezuela ocurrió casi que por accidente. Después de estudiar derecho en Caracas, obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y otra en leyes bancarias de la London School of Economics. Estaba encaminado a tener una carrera en financiación de proyectos e incluso escribió un libro al respecto.
Luego todo comenzó a cambiar el 11 de abril de 2002, después de un golpe de estado fallido contra el entonces presidente Hugo Chávez. Los enfrentamientos que vinieron después entre fuerzas gobiernistas y manifestantes dejaron 19 muertos, incluyendo a Jesús Mohamed Espinoza Capote, de 18 años. Romero conoció a la familia de Espinoza a través de un amigo en común y les ayudó a demandar ante la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pronto, otros comenzaron a buscar la ayuda de Romero, incluyendo manifestantes heridos. En respuesta, Romero y sus colegas comenzaron a ofrecerles asesoría gratuita. “Creíamos que esta era un proyecto que terminaría ese año, pero eso tan sólo fue el comienzo”, dijo.
El proyecto evolucionó hasta convertirse en Foro Penal, que hoy es una de las organizaciones sociales más grandes de Venezuela.
Además de su activismo, Foro Penal les provee a otras organizaciones datos fundamentales y confiables sobre las cortes venezolanas. Según su más reciente conteo, las autoridades han encarcelado a más de 12.000 personas por razones políticas desde 2014; cuando Romero habló con AQ a principios de febrero, el gobierno tenía a 231 prisioneros políticos.
Es probable que la justicia para los presos políticos siga siendo esquiva bajo el régimen actual, dijo Romero. Ya que cuenta con poco apoyo público, la única manera que tiene Maduro para mantener el poder es la represión. El sistema de justicia está lleno de gobiernistas y los jueces de ideología independiente se enfrentan a la posibilidad de ser encarcelados si desafían a la rama ejecutiva.
Cuando ocurra una transición democrática, Romero cree que será posible que las instituciones venezolanas se recuperen rápidamente. Romero dijo que las leyes locales están “muy bien escritas” y que el sistema todavía mantiene varios jueces cualificados que pueden operar imparcialmente si se les garantiza su independencia.
“Es un asunto de garantizar que los jueces no sean despedidos si tienen una opinión diferente a la del gobierno”, dijo Romero.
Los jueces que han cometido crímenes en Venezuela, como usar su cargo para perseguir a adversarios políticos, en los últimos años, deberían ser evaluados individualmente, dijo Romero. Pero también se opuso a una purga a gran escala. “Lo que no podemos hacer es lo que Chávez hizo al principio, cuando destituyó a todos los jueces y creó su propio estado de derecho”.
Romero también sugirió que Venezuela podría crear un organismo independiente e internacional como la Comisión Internacional de Guatemala en contra de la impunidad para que supervise los aspectos legales de un cambio de gobierno. Las organizaciones sociales como Foro Penal también podrían jugar un papel allí, dijo.
Hasta que llegue ese cambio, Romero y sus colegas tienen un foco más concentrado: “Nuestro objetivo es incrementar los costos políticos de la represión”.
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Renwick es una periodista basado en Nueva York
