*Homepage photo courtesy of Center for American Progress
El abrazo que se dieron los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, frente al cajón del fallecido Néstor Kirchner durante su velorio hace dos semanas en Buenos Aires, fue un símbolo inequívoco de la recomposición de las relaciones entre ambos mandatarios.
Una imagen impensable meses atrás que se constituye sin duda en uno de los grandes cambios que se han vislumbrado en los 100 días de gobierno que cumple hoy el presidente Santos: El de la política exterior. Menos confrontacional y más regional si se quiere, Santos eligió amistarse y de paso reanudar los vínculos comerciales con su vecino Chávez. Optó por entregarle al presidente Rafael Correa las copias de los discos duros encontrados en el computador del No. 2 de las Farc, Raúl Reyes, durante el bombardeo a su campamento en suelo ecuatoriano. Prefirió visitar a Brasil que a Estados Unidos en su primer viaje como presidente electo y no ha mostrado afanes en presionar el tratado de libre comercio (TLC) con el gobierno Obama (lo que permite repensar el impacto en la agricultura sobre todo para los lecheros), ni tampoco en rescatar el acuerdo sobre la presencia de militares estadounidenses en bases colombianas que regresó al legislativo por cuenta del concepto de la Corte Constitucional sobre su inexequibilidad. En cambio metió en la agenda con EEUU temas como el cambio climático, la ciencia y la tecnología.
En el plano nacional el Congresoestá abrumado con una serie de nuevas reformas urgentes y necesarias que el gobierno de su antecesor Álvaro Uribe se negó a impulsar: La ley de tierras pensada para atacar el epicentro del conflicto colombiano, que es la inequitativa distribución agraria y el despojo a los campesinos que habitan las tierras más ricas del país; y la ley de víctimas que busca mecanismos de verdad, justicia y reparación para aquellos abusados tanto por el Estado como los grupos armados ilegales. Aunque la discusión tiene mucho de fondo yalgunas asociaciones de víctimas y legisladores como el senador Ivan Cepeda del Polo democrático, se han opuesto a la iniciativapor no sentirse totalmente representados, es innegable que estos sectores fueron durante los ocho años anteriores criminalizados y desatendidos.
Santos también terminó la pelea con las Cortes y abrió canales de interlocución con ONG’s y otros grupos que van más allá del empresariado colombiano y que no se concentran en la microgerencia como solían ser los consejos comunales de Uribe de eternas jornadas dominicales. EL nuevo mandatario instauró los llamados Acuerdos por la prosperidad, privados, en los que más que una pretendida rendición de cuentas a la ciudadanía, discute temas sectoriales en grupos pequeños que cuentan con representantes de la sociedad civil, antes solo llamados para ser colaboradores o informantes de la fuerza pública.
Y es que, elegido para asegurar el continuismo, Santos ha marcado claras distancias con su antecesor sin que ello haya significado una ruptura de sus relaciones con Uribe. Ha demostrado que, por ahora, no será el ex mandatario que gobernó durante ocho años con altos índices de popularidad, el poder detrás del trono. Este distanciamiento sí ha levantado ampolla entre los más enconados uribistas que no se aseguraron ciertos puestos en el Estado como pretendían: Santos llamó a todas las fuerzas partidarias a hacer parte de su gobierno de Unidad Nacional (lo que ha dejado a un solitario Polo Democrático cabalgando en la oposición) e incluyó algunas de sus propuestas en su programa (la ley de victimas es de hecho una iniciativa del Partido Liberal). Nombró un gabinete en su mayoría tecnócrata e independiente,que no obstante tuvodos grandes lunares: la ratificación del director del DAS (Felipe Muñoz) aún en medio del escándalo de la entidad por las chuzadas ilegales a miembros opositores, y el nombramiento del ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, vinculado a la investigación de Agro Ingreso Seguro (asignación de subsidios a terratenientes), en la embajada de Italia.
Son precisamente los desafueros del anterior gobierno el mayor dolor de cabeza para el presidente Santos en estos tres meses: A la fecha ya son nueve los escándalos, conocidos en su mayoría por denuncias periodísticas, en los que diversas entidades del Estado incurrieron en contrataciones irregulares, repartición de bienes de narcotraficantes, entrega de tierras a paramilitares, feria de puestos, persecución a opositores y corrupción. Para poner la casa en orden, también ha resultado oportuno que finalmente se haya designado una nueva terna para fiscal, pues la demora en su elección ya ha dejado al país un año y medio sin el principal funcionario encargado de la justicia en el país con la consecuente represión de los procesos.
Aunque 100 días en realidad son un termómetro para medir más los discursos que las acciones, la percepción de este giro en la política ha favorecido la popularidad del mandatario colombiano. Según una encuesta contratada por la Revista Semana, el 73 por ciento de los consultados tiene una imagen favorable, 66 por ciento dice que ha cumplido lo que prometió al iniciar su mandato, y el 7 por ciento califica la tarea del mandatario como mala o muy mala.
Lo que la gente le desaprueba y que es sin duda su talón de Aquiles, sobre todo porque la generación de empleo fue su promesa de campaña, es el rumbo de la economía. Y es que con tantas reformas, en las que el Estado se compromete a generar nuevos recursos el hueco fiscal es insostenible si no se generan nuevos tributos. Como Santos también prometió no subir los impuestos, nadie sabe de donde saldrá tanta plata para atender los efectos de las leyes que cursan en el congreso.
El tema del conflicto armado, si bien es muy complejo de analizar con una sola variable, muestra entre la gente altos niveles de pesimismo: el 57 por cientocree que se terminará dentro de 50 años, o nunca. Pese al júbilo que despertó la Operación Sodoma que permitió la muerte del jefe militar de las Farc, el Mono Jojoy, hay todavía realidades muy preocupantes:19 uniformados,que pretenden ser canjeados por presos guerrilleros en las cárceles,permanecen secuestrados en la selva; la cifra de desplazados se situó en 3,7 millones; hay casi 400 mil refugiados en el exterior; y la violencia contra líderes sindicales y sociales se acentuó a la par con la inseguridad ciudadana (Medellín regresa a índices de violencia solo comparables con los noventa).
¿Es oportuno hablar de un modelo reformista? Es cierto que Santos ha sorprendido por alejarse del estilo del mandatario Uribe, pero 100 días son muy poco para responder esta pregunta.
*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a americasquarterly.org. Es periodista Colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.
