Este artículo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre la migración en América Latina | Read in English
La migración no es algo nuevo en América Latina. En 2017, casi 37 millones de latinoamericanos vivían fuera de su país de origen, lo cual significa casi uno de cada siete inmigrantes del mundo. Muchos se mudaron a los Estados Unidos y a Europa, pero algunos se establecieron en países vecinos. La mitad de la población migrante de Argentina —aproximadamente un millón de personas— está compuesta por bolivianos y paraguayos. Hoy en día, hay 25 peruanos viviendo en Chile por cada uno de los que lo hacían en 1990.
En términos generales, los latinoamericanos han sido generosos dando la bienvenida a estos recién llegados. Pero esos sucesos ocurrieron durante largos períodos, incluso décadas. Lo que es nuevo es la migración masiva causada por la crisis dentro de América Latina durante los últimos años, que incluye a venezolanos pero también a haitianos, nicaragüenses y otros centroamericanos. Los países, y en particular las comunidades locales, necesitan urgentemente dinero —y bastante— y ayuda humanitaria para facilitar la asimilación de estos recién llegados. También requieren los tipos de asistencia que no aparecen en los titulares, pero que son igual de importantes: conocimientos y capacidades institucionales. Esto asegurará que la migración se convierta en una oportunidad económica para América Latina, y no sólo en una carga en el corto plazo.
Numerosos estudios indican que a largo plazo la migración podría hacer que las economías fueran más fuertes y dinámicas. Pero hay mucho dolor a corto plazo antes de llegar a esa potencial ganancia a largo plazo. Muchos de estos migrantes se están trasladando a países que no tienen una historia de integración de inmigrantes a esta escala, o los grandes presupuestos de los países más ricos y de sus ciudades.
Por citar sólo un ejemplo: Toronto tiene una población de casi 6 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad son nacidos en el extranjero. Su PIB per cápita es de 45,000 dólares. En cambio, la población de Lima es del doble de la de Toronto y su PIB per cápita es un tercio, es decir, 15,000 dólares, y hasta hace poco sólo el 1% de su población era de origen extranjero. Sin embargo, en Lima, con menos recursos y sin la tradición de Toronto de integrar a los migrantes, se ha producido una repentina afluencia de cientos de miles de personas, en su mayoría venezolanas. Además, una vez que los migrantes se desplazan, tienden a quedarse. Casi el 70% de la población nacida en el extranjero en los países pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se han quedado más de 10 años.
Todo esto hace que el proceso sea traumático, tanto para las familias que salen huyendo en condiciones a menudo desesperadas como para las comunidades que reciben a los inmigrantes. Y la opinión pública está empezando a estar en contra de los inmigrantes. En 2017, los colombianos acordaron por un margen de dos a uno que los migrantes procedentes de Venezuela deberían ser acogidos, dada la situación en ese país. A mediados de 2019, sólo el 42% estuvo de acuerdo. Un tercio de los venezolanos que viven en Perú dicen haber sufrido discriminación.
La evidencia indica que las oportunidades de empleo o los salarios de los locales probablemente se vean afectados cuando los inmigrantes compitan por los mismos puestos de trabajo. Los trabajadores que ya se encuentran en el mercado laboral de los países receptores, que son los sustitutos más cercanos de los inmigrantes, tienen más probabilidades de padecer disminuciones salariales o pérdidas de empleo inducidas por la inmigración.
El desafío fiscal
El impacto de los inmigrantes no se limita al mercado laboral.
Los gobiernos locales, especialmente los de las comunidades fronterizas, deben gastar más en maestros, enfermeras, aulas, vivienda y otros recursos. Sin esas inversiones, la calidad de esos servicios —ya de por sí escasa— disminuiría, y los precios de las viviendas subirían. Los servicios de salud se verían obligados a luchar para contener las enfermedades.
La migración tiene efectos dispares en los ingresos fiscales de un país. Por una parte, hay un aumento del gasto público asociado al fuerte incremento de la demanda de servicios sociales. Por otro lado, aumentarán los ingresos procedentes de los impuestos indirectos y de la recaudación del impuesto sobre la renta. Sin embargo, incluso si el saldo primario se vuelve positivo a medio plazo, podría haber un déficit a corto plazo.
Y esto sucede en un momento de restricciones fiscales. Once países miembros prestatarios del BID —incluyendo Colombia y Ecuador, naciones receptoras de migrantes— han anunciado o están implementando planes de ajustes fiscales.
¿Cuánto dinero se necesita?
Antes del COVID-19, el gobierno colombiano estimaba que el gasto podría aumentar entre el 0,4% y el 0,8% del PIB, principalmente en educación y sanidad.
También antes de la pandemia, el gobierno del Ecuador estimó que para atender adecuadamente la situación de los migrantes venezolanos se necesitarían entre 2019 y 2021recursos de alrededor de 550 millones de dólares, es decir, el 0,5% del PIB anual del Ecuador. El COVID-19 aumentará estos números aún más. Cuando Líbano se enfrentó a una gran afluencia de migrantes sirios a partir de 2011, el costo estimado de devolver sus servicios a la situación en que se encontraban anteriormente ascendió al 5,5% de su PIB.
Ningún país puede hacer esto por sí mismo. Los donantes y las organizaciones multilaterales deben dar un paso hacia adelante. Hasta ahora, los números se están quedando cortos. La ONU estima que la comunidad internacional ha proporcionado 125 dólares por migrante venezolano, frente a los 1,500 dólares por cada refugiado sirio. En el corto plazo, los organismos que ayudan a los migrantes en la frontera necesitan más recursos, pero también hay que hacer más para ayudar a las comunidades locales —con recursos, investigación y coordinación— a integrar a los migrantes de forma que contribuyan al desarrollo económico. Por ejemplo, la interoperabilidad regional de los sistemas de datos (identidad, salud, aptitudes) o la armonización de los marcos jurídicos de migración (visados, permisos de trabajo) son elementos cruciales para integrar mejor a los migrantes. Este esfuerzo colectivo de los países por abordar los flujos migratorios puede apoyarse en plataformas proporcionadas por las organizaciones multilaterales.
En 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la asignación de 100 millones de dólares en concepto de asistencia técnica, que se combinarán con otras aportaciones de los países donantes para obtener un total de 1,000 millones de dólares en préstamos en condiciones favorables para los países que han recibido grandes y repentinas cantidades de migrantes.
La naturaleza y complejidad sin precedentes de la migración en América Latina y el Caribe también requerirá de soluciones únicas y creativas. Por ejemplo, los programas del BID están ayudando a Colombia a actualizar sus sistemas de software para vincular más eficazmente a los solicitantes de empleo con los proveedores de trabajo de manera que se ayude a todas las poblaciones vulnerables, tanto venezolanas como colombianas. En Ecuador también estamos utilizando big data para identificar las regiones urbanas donde viven los migrantes, para que así los gobiernos puedan orientar mejor los servicios sociales. La innovación y la creatividad no vendrán necesariamente de la adopción de nuevas tecnologías —algo que sin duda será importante—, sino de la experimentación y la ampliación de nuevos mecanismos de ejecución, del abandono de procesos innecesarios o de buscar, entre otras cosas, nuevas formas de colaboración con el sector privado.
Todo esto es necesario porque la clave aquí no es sólo ayudar a los migrantes, sino también mejorar la vida de las poblaciones locales vulnerables, ayudando así a evitar una costosa reacción.
Una gran oportunidad
La migración no desaparecerá. El cambio climático y los desastres naturales, y no sólo las crisis políticas, provocarán movimientos de población. Algunas estimaciones calculan que el número de migrantes ambientales será de 200 millones para 2050, cifra que equivale al actual número de migrantes en todo el mundo. La ONU estima que ocho países de la región —siete de América Central y el Caribe (Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Jamaica, Haití y República Dominicana) y uno de América del Sur (Guyana)— se encuentran entre las 25 naciones del mundo que corren mayor riesgo de sufrir desastres naturales. El cambio de las tendencias demográficas seguirá generando incentivos para que las personas se trasladen de los países con altas tasas de natalidad y gran crecimiento de la fuerza de trabajo a los países con poblaciones relativamente mayores y escasez de mano de obra.
La implementación de políticas públicas equivocadas puede tener consecuencias, desde incidentes xenófobos hasta disturbios sociales. Pero cuando las políticas públicas se hacen bien, los migrantes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo, en particular cuando están integrados socioeconómicamente, tienen acceso al mercado laboral formal, pagan impuestos y contribuyen al sistema de salud. Los migrantes tienden a ser jóvenes, lo que proporciona un dividendo demográfico, en particular para los países con poblaciones envejecidas. La migración también se ha asociado con un mejor empleo para los locales gracias a la movilidad laboral. Las investigaciones han demostrado que otros efectos de la migración en los países de destino son el aumento de la inversión extranjera directa, las exportaciones y la capacidad empresarial. La contribución de todos estos canales puede ser sustancial. La integración de los migrantes no es sólo lo que se debe hacer, sino que podría convertirse en una gran oportunidad de desarrollo.
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Marisol Rodríguez Chatruc es economista de la Iniciativa de Migraciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su agenda actual se enfoca en las actitudes hacia los inmigrantes y en las políticas para promover su integración.
Juan Blyde es economista líder de la Iniciativa de Migraciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las áreas de investigación de Juan incluyen el comercio, la productividad, los costos de transporte, las cadenas de valor internacionales y la migración.
