Este artículo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre la migración en América Latina | Read in English
TAPACHULA, México — El nombre moderno y la fachada encalada de la “estación migratoria” Siglo XXI esconden las degradantes condiciones que muchos migrantes dicen haber experimentado en su interior.
Varios que pasaron por el centro durante su búsqueda de asilo en México le contaron a AQ sobre la comida que provocaba diarrea, los baños sucios y las noches de insomnio, sobre una mujer haitiana que fue maltratada por no entender las órdenes en español y sobre el miedo constante a una llamada aparentemente arbitraria a las 4 de la mañana para afrontar la deportación. Desde 2018, al menos tres migrantes han intentado suicidarse dentro del edificio.
“Del Siglo XXI (y otras estaciones migratorias) la gente sale desecha. Sale echa nada”, afirmó Verónica Martínez, psicóloga del Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Tapachula.
El trauma es un hilo conductor para los centroamericanos, cubanos, haitianos, africanos del oeste y otros que pasan por esta ciudad de 350,000 habitantes cerca de la frontera de México con Guatemala. Los expertos afirman que la salud mental de los migrantes sólo está empezando a recibir la atención que merece —y que probablemente será un tema importante para ellos y para los países de acogida en los años venideros—.
“Hay que recuperar la humanidad de la persona que vino a este país con esperanzas, con ilusiones pero que es tratada como si no fuera nada”, dijo Martínez.
La magnitud del problema es alarmante en un momento en que en México se ha registrado una nueva oleada de recién llegados que huyen de la violencia y la persecución en América Central y en otros lugares. El trauma puede producirse antes, durante y después del viaje. Más del 55% de los migrantes que se sometieron en 2019 a exámenes en un centro de Médicos sin Fronteras (MSF) en el norte de México mostraron signos moderados o graves de sufrimiento psicológico, según un informe reciente publicado por la organización. La mayoría de esos casos fueron provocados por la violencia.
Néstor Rubiales, que dirige el programa de salud mental de MSF en México, dijo a AQ que alrededor del 10% de los migrantes que tratan por problemas de salud mental necesitan atención farmacéutica. Estos resultados coinciden con estudios realizados en otras partes de la región. Un artículo escrito recientemente por investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard y de la Universidad del Pacífico del Perú, que encuestaron a migrantes venezolanos en la frontera entre Perú y Ecuador, reveló que el 19% mostraba signos de depresión y el 23% de ansiedad.
Pero cuando se trata de la salud mental, el dinero, la atención y —a veces— la buena voluntad escasean. La financiación de servicios para los migrantes en una región en la que se pasa por alto el apoyo psicológico a la población en general puede ser algo difícil de conseguir. A pesar de un aumento desde 2015 de más del 2,000% en su número anual de solicitudes de asilo, el presupuesto del Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para 2020 sigue siendo de sólo 2.38 millones de dólares, una fracción de los cuales se destina a servicios de salud mental.
El hecho de que los migrantes tiendan a mirar hacia adelante y estén determinados a resolver sus propios problemas, junto con el estigma de “volverse locos”, seguramente impide que algunos busquen ayuda. En Tapachula el resultado es que el gobierno y la sociedad civil están luchando por mantenerse el ritmo —y un número cada vez mayor de migrantes corren el riesgo de caer por las grietas.
Atrapadas en el limbo
Alquidia Núñez, una mujer de 34 años originaria de Honduras, llegó a Tapachula a principios de este año con sus dos hijas pequeñas. Al igual que muchos otros migrantes, comprobó que la seguridad en la frontera sur de México se había reforzado, en respuesta a la amenaza del gobierno de Donald Trump de aplicar aranceles a los productos mexicanos si el gobierno no detenía el flujo de migrantes que pasaban por su territorio.
Los agentes de migración y las unidades de la Guardia Nacional vigilan ahora el río Suchiate que divide México y Guatemala para impedir que los migrantes pasen por los cruces fronterizos oficiales cercanos. Los puestos de control adicionales en el camino hacia Tapachula y las medidas drástica en todo el país contra la migración indocumentada han reducido las posibilidades de los viajeros de llegar a la frontera de los Estados Unidos sin pasar primero por los procedimientos de migración mexicanos. Para Núñez, eso significó una estancia en Siglo XXI mientras los funcionarios decidían si se le permitiría o no solicitar asilo.
En 2019, más de 70,000 personas solicitaron asilo en México, en comparación con poco más de 2,000 cinco años antes. Cuando se aprueben sus solicitudes, los solicitantes podrán viajar legalmente a la frontera norte, pero mientras tanto se verán obligados a permanecer en el mismo estado mexicano al que llegaron. Más del 60% termina en Tapachula. El estado de Chiapas, donde Tapachula es el principal motor económico, aumentó un 60% en 2019.
El aumento en peticiones implica que los migrantes están pasando mucho más tiempo en la ciudad que el límite de 45 días que la COMAR tiene legalmente para procesar su solicitud. Un buscador de asilo cubano que había pasado más de 10 meses esperando una decisión le contó a AQ que estaba siendo “torturado con burocracia”.
“Tratamos de ayudar a que la gente llegue a una posición donde, cuando hay una decisión tengan la resiliencia mental para recibir un ‘no’, o que puedan planear su futuro si reciben un ‘si,’” dijo Yamel Athie, una psicóloga en Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) en Tapachula, el cual, como Fray Matías, provee servicios de salud mental y legales a los que buscan asilo.
Con pocos prospectos laborales y sus redes sociales dejadas atrás, muchos migrantes en Tapachula están en un limbo – demasiado cerca a los lugares y, muchas veces, la gente de la cual escaparon. Nuñez dejó Honduras después de que le dispararon y mataron al padre de sus hijas. Para mujeres centroamericanas como ella especialmente, cruzar la frontera a México no es garantía de seguridad de las pandillas o incluso individuos que las amenazaron en su ciudad de origen.
Los riesgos para mujeres y niños – que conforman una creciente proporción de las peticiones de asilo – son agudas. Hasta un tercio de las migrantes mujeres son víctimas de abuso sexual después de cruzar a México, de acuerdo a una encuesta de MSF. El abuso sexual reportado de menores en el estado de Chiapas, donde Tapachula es el principal motor económico, creció 60% en 2019.
“Todo el mundo habla de las muertas de Juárez (en la frontera norte), pero nadie habla de las muertas del Suchiate”, dijo Athie, que nació y creció en Tapachula.
Con sólo un puñado de psicólogos y psiquiatras disponibles para tratar a los pacientes en la ciudad, los migrantes tienen pocas oportunidades de aceptar lo que han experimentado. Estigmatizadas y vulnerables, muchas mujeres migrantes caen en el trabajo sexual o dependen de la protección de otros hombres migrantes, lo que conlleva sus propios riesgos.
“Las mujeres migrantes escuchan repetidamente que están aquí para ser trabajadores sexuales, para robarles a los maridos”, afirmó Martínez. “Todos estos impactos que ellas van interiorizando les va mermando las posibilidades, les hace caer en un estado de ansiedad, de depresión, de una tristeza profunda, que de pronto ya no ven la salida”.
Tratando de pasar la página
México tiene una de las tasas de aceptación de los casos de asilo más altas del mundo, pero la respuesta del gobierno a los cambios en la migración ha sido inconstante y desigual. Tras prometer primero el paso seguro a los migrantes que llegaran, el Presidente Andrés Manuel López Obrador está ahora acusado, incluso por miembros de su propio partido, de militarizar la frontera sur de México.
Tras un reciente viaje a Tapachula, Porfirio Muñoz Ledo, diputado del partido gobernante Morena, describió al Instituto Nacional de Migración (INM) que dirige Siglo XXI como “la mano dura, la mano peluda” del gobierno mexicano.
Otros congresistas que visitaron las instalaciones dijeron que creían que los oficiales habían hecho un buen trabajo dada la abrumadora afluencia en la frontera sur. Un portavoz del INM dijo a AQ que la dependencia había invertido 336 millones de pesos (unos 14.5 millones de dólares) desde julio de 2019 en mejorar los centros de migración, y que la comisión de derechos humanos de México y las agencias de la ONU habían supervisado las condiciones de Siglo XXI.
La COMAR, por su parte, cuenta con psicólogos en su plantilla y ofrece servicios gratuitos a los solicitantes de asilo. Andrés Ramírez, ex funcionario de migración de las Naciones Unidas que dirige el órgano desde 2018, dijo a AQ que las nuevas contrataciones y la cooperación con las organizaciones internacionales ayudarán a acelerar el proceso de solicitud y a permitir mejores servicios para los migrantes que llegan, especialmente para aquellos que no hablan español.
Aún así, las filas diarias y el puñado de gente que duerme cada noche en la banqueta afuera de las oficinas de COMAR en Tapachula muestran cuánto queda por hacer.
“El trabajo nunca está completo —porque la situación de los refugiados está en constante evolución”, declaró Ramírez. “Tenemos claro lo que necesitamos cambiar… llegamos con una perspectiva diferente (de las administraciones anteriores), más orientada hacia los derechos humanos.”
El gobierno mexicano también ofrece algunos programas de trabajo —López Obrador dijo hace poco que proporcionaría 4,000 puestos de trabajo a los migrantes en la frontera sur—. Pero eso palidece en comparación con los más de 40,000 solicitantes de asilo que llegaron el año pasado tan sólo a Tapachula. Y, dados los traumas de la migración, esperar que los migrantes simplemente se aparezcan y sean trabajadores productivos puede ser poco realista.
“No son personas perdidas, pero tenemos que cambiar lo que estamos proporcionando”, dijo a AQ Meghan López, que dirige la oficina de América Latina del Comité Internacional de Rescate. “No es tan simple como decir: ‘Ahí tienes un trabajo, ahora hemos terminado.’”
Las soluciones más creativas provienen de la sociedad civil. MSF utiliza WhatsApp y llamadas telefónicas para proporcionar chequeos de salud mental a los migrantes en tránsito. El SJR acoge grupos de apoyo a mujeres y ofrece mamografías y servicios de prevención del virus del papiloma humano gratuitos, reservando el 50% para los ciudadanos mexicanos para evitar alimentar el resentimiento de aquellos que sienten que se le está dando prioridad a las necesidades de los migrantes sobre las suyas.
No obstante, la sociedad civil y las organizaciones internacionales tienen sus propias restricciones de recursos y el tratamiento a largo plazo sigue siendo un desafío. Athie dijo a AQ que estaba cautelosa al sugerir a los migrantes que buscaran atención psiquiátrica o farmacéutica —aunque la necesitaran— porque mantener el tratamiento durante la migración puede ser logística y económicamente casi imposible para muchos migrantes.
“Podemos acompañar a las personas en su tratamiento durante un tiempo, pero eventualmente van a continuar en sus viajes”, afirmó. “Somos muy pocos”.
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Russell es editor senior y corresponsal para AQ en la Ciudad de México.
