La llamada Farc-política cobró su primera víctima la semana pasada: La Senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba. Con una de las inhabilidades más largas que se hayan producido en la historia del país, la Procuraduría determinó que la legisladora no podrá ejercer cargos públicos en los próximos 18 años, lo que sin duda la borraría, por lo menos en lo que al engranaje del Estado se refiere, de la vida política del país. Los argumentos que arguye el Ministerio Público tienen que ver con la caja de pandora que se abrió con el hallazgo de los computadores del extinto jefe guerrillero Raúl Reyes, tras el polémico bombardeo a su campamento en Ecuador. En las comunicaciones halladas la legisladora aparece como presunta interlocutora de varios miembros del Secretariado de las Farc a los que le promete llevar su mensaje revolucionario a escenarios internacionales.
En otras palabras, según el procurador Alejandro Ordoñez, Piedad habría venido actuando como vocera y promotora de las Farc. Hay que hilar muy finito y delgado para llegar a tal aseveracion y hasta ahora los sustentos jurídicos son muy flojos. Lo que se ha adjuntado al expediente son un intercambio de e-mails, transcritos además en formato word, en los que ‘Teodora’, ‘Teodora de Bolívar’, la ‘negra’ o la ‘negrita’ intercambia correspondencia con miembros del Estado Mayor Conjunto de las Farc. Ordoñez concluye que estos alias corresponden a Piedad porque los temas tocados en los e-mails coinciden con la agenda de la Senadora tanto local como internacionalmente. También concluye sin mayor fundamento, que ella es la que responde los mensajes, y que sus pronunciamientos en foros en distintos países hablando “mal” del Estado colombiano, son una promoción del terrorismo. Incluye a sus pruebas, fotografías con guerrilleros en los que Piedad aparece reunida en el marco de su labor como mediadora para la liberación de secuestrados—imágenes que hasta en su momento se tomó el Presidente de Wall Street, Richard Grasso con Raúl Reyes en plena zona de distensión—y 52 conversaciones telefónicas—las transcripciones, no los audios—que la senadora habría tenido con las Farc y el Eln.
Lo que concluye elpolémico procurador, quien tiene 28 procesos en la Corte Suprema por presunto prevaricato, ha difundido sus posturas ultraconservadoras ante temas como el matrimonino gay y la despenalización del aborto, y ha absuelto a no menos polémicos senadores juzgados por parapolítica como Álvaro Araujo y Mauricio Pimiento, es que Piedad Córdoba se extralimitó en sus funciones. Que sus labores para facilitar el intercambio humanitario de secuestrados en las selvas por guerrilleros presos en las cárceles del país, no se circunscribieron a los tiempos en que el Gobierno de Álvaro Uribe la facultó para tal (entre agosto y noviembre de 2007), sino en fechas anteriores y posteriores, incluso en 2010.
El defensor de la legisladora, Guillermo Pérez, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, explicó en diversos medios que de ser el caso llegaran a entablar una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se respeten sus derechos. El sistema disciplinario en el país no le deja muchas herramientas a Córdoba. En este caso es de única instancia, con lo cual es el mismo Procurador quien recibe el recurso de reposición y se da por descontado que confirme el fallo. La defensa planea presentar una acción de nulidad ante el Consejo de Estado y una tutela, argumentando entre otras cosas que los computadores de Reyes fueron decomisados en territorio extranjero (ecuatoriano), y que la cadena de custodia no se preservó debidamente.
¿Pero quién es esta política, que tras conocerse el fallo, ha despertado la solidaridad de presidentes como Evo Morales, Fidel Castro, Hugo Chávez y Néstor Kirchner, así como de prestigiosos columnistas del país y organizaciones como la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) y otras internacionales como The Washington Office on Latin America (Wola)?
Córdoba puede despertar tantos odios y pasiones como Ingrid Betancourt. Esta abogada, hija de padre chocoano y madre antioqueña, comenzó su carrera política en 1986 como funcionaria en la Alcaldía de Medellín, de donde es oriunda. Luego fue concejal, representante a la Cámara en 1990 y Senadora por el partido Liberal desde 1994 ininterrumpidamente.
Ha sido una férrea defensora de la salida negociada al conflicto armado, y pocos le desconocen que gracias a sus gestiones 12 secuestrados han recuperado su libertad. Para ellofamiliares, ex rehenes e intelectuales han conformado bajo su liderazgo el grupo Colombianos y Colombianas por la paz, cuya gestión le valió la nominación al premio nobel de Paz en 2009.
Es feminista, divorciada, madre de cuatro hijos, izquierdista, antiuribista confesa y en escenarios internacionales se ha atrevido a pedirle a gobiernos extranjeros que corten relaciones con Colombia, y a exaltar la lucha del líder de las Farc, el extinto Manuel Marulanda, alias Tirofijo. Estas declaraciones, que si bien pueden ser exabruptos políticos no necesariamente configuran un delito, la han hecho ser tildada como traidora de la patria por la derecha del país, sin olvidar que en 1999 fue secuestrada por el jefe paramilitar, Carlos Castaño.
Piedad ha dicho verdades dolorosas como que Colombia es una fosa común refiriéndose a los cementerios donde los grupos armados entierran los muertos producto de ejecuciones extrajudiciales. En el pasado ha sido señalada, en ese caso sin proceso judicial alguno, como tesorera y agente diplomática del Eln. También fue uno de los personajes perseguidos por el DAS en el sonado caso de las chuzadas.
Es asidua visitante del palacio de Miraflores por lo que su cercanía con Hugo Chávez fue siempre criticada ycon especial alevosía, en la época donde las relaciones bilaterales de Colombia y Venezuela estuvieron congeladas. Recientemente Córdoba fue invitada por el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) como observadora de las elecciones legislativas en Venezuela llevadas a cabo el pasado 29 de septiembre. Junto a Chávez adelantó algunas de las liberaciones de secuestrados que se convirtieron en un show mediático en plena época electoral del vecino país, lo que le valió certeras críticas.
Córdoba siempre ha negado ser financiada por el gobierno venezolano, pero según una investigación del diario El Mundo, una firma lobbysta de ese país destinó fondos en Estados Unidos para el Movimiento Poder Ciudadano Siglo 21, plataforma política de la Senadora adscrita al Partido Liberal. Consta en los documentos que los fondos buscaban “mejorar la imagen de la senadora Piedad Córdoba ante el público estadounidense”.
Con o sin esta ayuda, Córdoba tiene una amplia interlocución en Washington con congresistas del partido demócrata, movimientos de izquierda y sindicales, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Incluso en Washington visitó en la cárcel a los paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge 40, a quienes se les juzga por narcotráfico, con aquiscencia de sus abogados y del entonces gobierno Bush. Hasta ahora el Departamento de Estado no le ha negado visas ni entradas a su país.
Más que criminal, Córdoba ha sido políticamente incorrecta en un país donde las personas que adelantan acciones humanitarias, son satanizadas. Donde opinar, parece un delito. Donde se sugiere que la mediación entre las partes debe ejercerse sin encontrarse con una de ellas. Más allá de las pasiones ideológicas, el acervo probatorio debe primar en este caso y son muchas las dudas y consecuencias que plantea el fallo. La más grave quizá es que la muerte política de la senadora,cierra una de las puertas a la salida negociada del conflicto colombiano. Si este no se reversa, Córdoba podría volver a presentarse a un cargo de elección popular, cumplidos sus 73 años.
*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a AmericasQuarterly.org. Es periodista Colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.
