A finales de 2002, después de meses de conflicto y de un golpe de estado que dejó al entonces presidente Hugo Chávez fuera del poder por dos días, Venezuela decidió apostar por el diálogo. César Gaviria, quien estaba al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA), abrió el debate entre gobierno y oposición, representado por la Coordinadora Democrática, una coalición de partidos, ONGs y agremiaciones adversas al “proceso revolucionario.”
En medio de las negociaciones se inició un paro nacional que buscaba presionar la renuncia del Presidente. Dos meses de inactividad comercial asestaron duros golpes a la economía nacional, especialmente a la industria petrolera, pero Chávez salió victorioso. Con la derrota de la oposición, el diálogo adquirió mayor fuerza y condujo a un acuerdo que se cristalizó con un referendo revocatorio presidencial que dejo a Chávez en el poder. Una vez más, Chávez ganó la batalla.
Desde entonces, la oposición y el gobierno han participado en una danza política que ha hecho imposible el consenso nacional. Ambos bandos se han negado a reconocer al otro lado y, ensimismados, parecen ignorar que el país colapsa. Ahora, después de un año de intenso enfrentamiento político, y después de dos meses de protestas con un saldo de 41 muertos y más de 2 mil detenidos, el gobierno, encabezado por Nicolás Maduro, y la Mesa de la Unidad Democrática—coalición opositora que defiende la vía institucional para resolver la crisis—aceptaron exponer sus puntos de vista, frente a frente, en la sede presidencial. La reunión fue obligatoriamente transmitida en cadenas de radio y televisión.
No fue una decisión indolora y unánime. Los sectores radicales de ambos bandos deslegitiman el diálogo e insisten en que con el otro 50 por ciento del país no se negocia. Por ejemplo, la diputada María Corina Machado—destituida arbitrariamente del Congreso hace un par de semanas—no participó en la mesa formalizada el jueves pasado ya que su propuesta es el fin de la gestión Maduro, lo que exigiría nuevas elecciones presidenciales. Del otro lado, las descalificaciones hacia la oposición son constantes. Una de las muestras más claras se registró durante el propio debate, mientras el opositor Henrique Capriles iniciaba su participación, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo llamaba “asesino fascista” a través de su cuenta de Twitter.
En efecto, Capriles dedicó un tercio de su intervención a criticar la forma en que la crisis electoral de 2013 fue manejada. Con esa excepción, las exposiciones de la bancada opositora se centraron en el manejo económico, el aumento de la violencia y la necesidad de una amnistía para los presos políticos. Una de las participaciones más pintorescas fue la de Henry Ramos Allup, veterano dirigente de Acción Democrática, quien excedió el límite de 10 minutos alegando que después de 15 años de escuchar cadenas presidenciales, era mucho lo que tendría a decir. Ramos Allup, representante del que fue el partido más influyente del país durante la era democrática venezolana, demostró que la política es el arte de la persistencia. En un mensaje claro, le recordó al heredero político de Chávez que ambos bandos están enfrentando presiones internas. “Nosotros incluso estamos pagando un costo político por estar aquí [en la mesa de diálogo], pero lo pagamos por el país,” comentó antes de aconsejarle a Maduro no ceder a esas presiones internas al momento de tomar decisiones.
La jornada del jueves también dejó algunas conclusiones positivas. A diferencia de Chávez, Maduro abrió las puertas del Palacio de Gobierno a la oposición. Escuchó pacientemente una veintena de alocuciones, la mitad de ellas frontalmente críticas. Permitió que el país escuchase todas las voces, lo cual no ocurre desde hace meses en Venezuela. Dijo querer continuar con el diálogo, y extendió la invitación al Vaticano para participar en el dialogo. Pidió evaluar, de forma conjunta, un plan de pacificación para atender la violencia, e incluso, bromeó en varios momentos de la extensa reunión, que fue presenciada por los cancilleres de Ecuador, Colombia y Brasil.
Ambas partes coincidieron en que, aunque la mediación internacional es bienvenida, la resolución de la crisis sólo será alcanzable en la medida en que todos los venezolanos tengan voluntad política. Y es en ese punto que el encuentro, iniciado con la bendición del Papa Francisco, deja mucho escepticismo. Los voceros del gobierno, incluso el Presidente, minimizaron la grave crisis económica que enfrenta el país, y peor aún, no reconocieron su responsabilidad en ella. Fieles a sus discursos tradicionales, siguieron cabalmente un guión que repasa los 40 años de bipartidismo, la guerra de clases, el golpe de estado de 2002 y la obra del fallecido Hugo Chávez. Rafael Ramírez, máximo directivo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), incluso insistió en elogiar a un sistema económico cuyo balance del último año es de 56 por ciento de inflación anual, 28 porciento de escasez de productos básicos y tres devaluaciones monetarias.
Frente a tan escasa capacidad de autocrítica, el encuentro de este jueves levanta otra cuestión: ¿cómo hacer que los radicales entren en el juego democrático? Si bien las protestas motorizaron la presencia internacional e hicieron posible este cara-a-cara, quienes están en la calle no se sienten representados por la Mesa de la Unidad Democrática, y por el contrario, repudian la vía del consenso. Ya en el lado oficialista, los colectivos—grupos civiles armados para la defensa de la revolución—actúan con libre albedrío y reflejan una profunda grieta social.
Estas presiones externas al dialogo se suman a las internas, y dificultan el reto a ambas bancadas que se reunirán mañana por segunda vez. Por ahora, los venezolanos ven el encuentro con escepticismo. El diálogo, un proceso sin resultados inmediatos, es complejo de entender para un país impaciente y que sólo cree en soluciones mágicas.
