El anuncio unilateral de las FARC, justo en el día en que se iniciaba la segunda fase de las conversaciones de paz con el gobierno en La Habana, tomó por sorpresa al país: habrá una tregua navideña entre el 20 de noviembre y el 20 de enero, tiempo durante el que el grupo guerrillero promete no realizar ninguna clase de “operaciones militares ofensivas contra las fuerzas públicas” o “actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada”. Este anuncio significa en la práctica que las FARC pararán la escalada de ataques que venían realizando en Chocó, Valle y Cauca—paro armado, cilindros bomba y explosión en fiesta de Halloween incluidos, con un saldo de 47 muertos y 83 heridos—poblaciones donde es un eufemismo seguir llamando daños colaterales a las múltiples víctimas civiles que dejan los enfrentamientos entre ilegales y fuerzas armadas en contextos donde nadie respeta el Derecho Internacional Humanitario. También significa que disminuirán el asedio a poblaciones como Arauca y Norte de Santander donde los trabajadores de los oleoductos tienen cada vez menos libertades de movimiento por temor a ser secuestrados.
Probará además si la cadena de mando que hoy tiene a los máximos representantes de las FARC en la Habana—Iván Márquez a la cabeza—es capaz de controlar a sus cerca de 8 mil hombres distribuidos en cinco bloques y dos comandos conjuntos en todo el país, y si cuentan con suficientes métodos de verificación para probar el éxito de la tregua que como anuncio le sienta muy bien el país, y deja a las FARC con una ventaja política importante en las negociaciones. Aunque sorpresivo, el comunicado de Iván Márquez también recuerda que entre los negociadores guerrilleros hay una fuerte presencia de “estrategas” políticos, al punto de que varios de ellos hacían trabajo militante de base, no tenían un bloque al mando, o incluso no estaban en el país combatiendo como es el caso de Marcos León Calarcá que encabeza la Comisión Internacional de las FARC desde la década de los 80.
Queda la guerrilla bien parada ante la opinión pública pues ya el Colectivo Colombianos y Colombianas por la paz, encabezado por la Senadora Piedad Córdoba, había enviado un representante a la Habana para hacerle una petición especial a las FARC sobre una tregua navideña, época que para la sociedad colombiana fuertemente católica tiene un especial significado familiar y de reconciliación.
El gobierno por su parte aseguró que no parará el asedio militar contra los insurgentes con una premisa que la experiencia de los diálogos del Cagúan (1998-2002) convirtió en verdad de a puño: el cese al fuego bilateral y la concentración de los guerrilleros en una zona de distensión solo sirvió para que estos se fortalecieran y demostraran su poderío armado tras la ruptura de las conversaciones. Una astucia militar y cero política que hizo crecer la desconfianza de la sociedad y el Ejecutivo en una guerrilla a la que hoy difícilmente se le pueden hacer concesiones.
La experiencia internacional también ha demostrado que el cese al fuego definitivo, junto a la desmovilización de los combatientes, son el fin último y no el primero de los diálogos y que lo que siempre ha necesitado Colombia sobre todo si las partes no han decidido parar la guerra, es humanizarla: este término tibio que a los guerreros les suena imposible, significa cosas tan básicas como atacar a exclusivamente a los combatientes, no usar armas no convencionales—como cilindros bomba y minas antipersonales—o no disfrazar a los civiles de guerrilleros para obtener ascensos en las escuelas militares—como sucedió con los llamados Falsos Positivos.
La posición del gobierno de no unirse a la tregua deja a las FARC con la posibilidad de responder a los ataques aunque no los inicie, mientras a las fuerzas militares les traslada una responsabilidad tácita: con la guerrilla en teoría fuera de operación, los muertos civiles ya no pueden atribuirse al fuego cruzado y los comandos deben arreciar la lucha contra las Bacrim (Bandas criminales compuestas por exparamilitares que hoy siguen al servicio del narcotráfico), impidiendo que copen los terrenos dejados por los guerrilleros. Esta promesa ya está incluida en el Acuerdo Marco de negociaciones porque es la existencia de esa tercera pata del conflicto (los paramilitares), la que no permitirá que aún con acuerdos firmados se logre la paz en Colombia.
Tanto en estos dos meses, como en etapas posteriores, el gobierno también tendrá que lidiar con el sabotaje de terceros que no creen en las negociaciones, que le pueden endilgar atentados a algunas de las partes, que no se van a quedar quietos sobre todo en zonas donde fenómenos como el narcotráfico y el tráfico de armas dependen de las FARC. Y también, cómo negarlo, ambas partes deben enfrentar las reticencias dentro de bloques guerrilleros enteros que por muy conscientes que estén de lo que se está jugando en La Habana, viven en el terreno la falta de provisiones, el lucro de las drogas y el poderío de los fusiles.
Una tregua navideña que como anuncio para los colombianos es una bocanada de aire fresco, de cuyo cumplimiento y verificación depende que el país no tenga que tragarse el humo.
