El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organización civil radicada en México, dio a conocer recientemente los resultados de su investigación “Las 50 Ciudades más Peligrosas del Mundo.” El estudio calcula el promedio de homicidios entre la población total de cada ciudad, y persigue un fin mucho más que académico. De acuerdo con el Consejo Ciudadano, “lo que perseguimos es contribuir al reclamo que los diferentes pueblos del mundo hacen a sus gobernantes para que cumplan con su obligación de proteger los derechos de los individuos a la vida, la propiedad y la libertad.” Los resultados del estudio no deberían sorprendernos. Sin embargo, arrojan indicios de variables que hasta el momento, al menos en Centroamérica, no se daban a conocer.
Dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo figuran 39 ciudades latinoamericanas—sin contar el Caribe. El resto se encuentra en Sudáfrica o Estados Unidos. San Pedro Sula, Honduras ocupa el primer lugar, llevándose el indecoroso reconocimiento como la ciudad más peligrosa del mundo. En cuarto lugar figura Tegucigalpa, Honduras, seguida de Ciudad de Guatemala, en doceavo lugar, y San Salvador en el puesto 44 detrás de ciudades como Baltimore, Nueva Orleans, Oakland y Detroit en los Estados Unidos.
Pero, ¿de qué sirven los rankings de este tipo? Los centroamericanos conocen de primera mano los retos a la seguridad ciudadana que afrontamos, pero información como ésta aporta lecciones valiosas que no podemos ignorar.Una primera lección es que la sociedad civil puede y debe jugar un rol importante en la discusión sobre las políticas de seguridad ciudadana de la región. Uno de los retos más apremiantes es traducir la apatía activa en participación constructiva. En el caso de El Salvador, país que al menos en este estudio ha mejorado sus índices de homicidios por la tregua entre pandillas, esta participación puede ser en la elaboración de planes de prevención y reinserción, incidencia para propiciar una reforma al sistema penitenciario, apoyo psicosocial a grupos de víctimas, trabajo con juventud en riesgo, rehabilitación y reinserción de reos, entre otras actividades. La sociedad civil debe involucrarse en atender el tema de la inseguridad.
Por otra parte, el sector privado y sus principales fundaciones filantrópicas también deben abordar un tema al que tradicionalmente han ignorado. Ejemplo de ello es la reciente noticia de que la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) lanzará una iniciativa que describen como “la alianza más grande en la historia de este organismo con el sector privado local”, una inversión de $42 millones—$20 millones aportados por USAID y $22 millones aportados por el sector privado local. El aporte de USAID no revela nada en especial, pero la determinación y compromiso del sector privado salvadoreño indica un giro importante en las actitudes y respuestas a uno de los principales problemas que afronta la población salvadoreña.
Americas Society/Council of the Americas recientemente ha publicado un informe interesante sobre el rol que el sector privado salvadoreño puede jugar en la reducción de la violencia. Dicho rol debe incluir una interlocución y comunicación permanente entre el sector público y el sector privado.
Una segunda lección valiosa que se puede extrapolar sobre el ranking es que la violencia es un problema global y no exclusivo del corredor mesoamericano. Es irónico que a escasos kilómetros de distancia de Washington, DC se encuentre Baltimore, una ciudad con índices de homicidios superiores a San Salvador. La violencia responde a problemas estructurales, el narcotráfico lo magnifica pero no lo define. La seguridad ciudadana es un derecho y como todo derecho requiere de responsabilidades. En el ranking 2012 de “Las 50 Ciudades Más Peligrosas del Mundo” figuraron cuatro ciudades de Centroamérica. Es tarea de todos que en el ranking del 2013 no figure ninguna.
