Ciudad de México – El sistema de seguridad y justicia funciona por una serie de engranajes; si uno de ellos deja de trabajar correctamente, afecta el desempeño del resto. Sin embargo, generalmente lo único que podemos apreciar son las consecuencias de esas averías. Por ejemplo, que en México más del 90% de los delitos no se denuncian y que el porcentaje de impunidad es de 96.1% en el ámbito local, y de 94.6% en el ámbito federal. Es decir, de los casos que son conocidos por las autoridades y respecto de los cuales se inician investigaciones, únicamente del 4 al 6% reciben una respuesta satisfactoria.
Aún más perceptible es la inseguridad y violencia que se vive todos los días y que es la consecuencia más palpable del desajuste del sistema. Así, en 2019 se alcanzó la cifra anual de homicidios dolosos más alta de la que se ha tenido registro en los últimos 20 años: 34,582, un promedio de 95 diarios.
A pesar de lo anterior, se ha dirigido poca atención a atender las causas que han colocado al sistema al borde del colapso. Entre estos engranajes se encuentra la ausencia de políticas públicas para la prevención del delito dada la firme insistencia en una estrategia de seguridad centrada en la fuerza pública, la cual desde hace años ha demostrado ser insuficiente. Tal es el caso del estado Guanajuato, donde se han detenido a 706 personas del cártel Santa Rosa de Lima y a 662 personas pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos 18 meses; sin embargo, la incidencia del delito de homicidio a partir de enero de 2018 ha ido al alza en la entidad.
Por otro lado, la ausencia de modelos de gestión, planes de priorización y políticas criminales (a nivel federal y local) propicia la desarticulación entre las estrategias, la utilización de recursos y las prioridades de las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR). Para ajustar el sistema son necesarios lineamientos claros, transparentes y racionales que permitan atender, con los recursos disponibles, lo delitos que más lastiman a la sociedad mexicana y propagan la sensación (más bien realidad) de inseguridad e impunidad.
Un ejemplo de lo anterior es la “estrategia” que provocó la crisis de violencia que actualmente se vive en Guanajuato. Al respecto, el fiscal del estado señaló que todos los homicidios se analizan de manera individual, aunque se advierta que pertenecen a un fenómeno criminal más amplio (por el tipo de armas empleadas o por la forma de comisión). Lo anterior impide realizar un análisis de macrocriminalidad y eficientar el desempeño de las instituciones (locales y federales) que se encargan de la prevención del delito y de la procuración de justicia.
Además, para lograr que todos los engranajes funcionen orgánicamente, resulta necesario establecer con claridad las competencias en materia de delincuencia organizada, fomentado la colaboración y coordinación de esfuerzos y recursos de las autoridades municipales, estatales y federales. Nuevamente el estado de Guanajuato permite vislumbrar la urgencia de ello, pues a pesar de que en 2019 se enviaron 814 carpetas de investigación a la FGR y en lo que va de 2020 se han enviado 398, no existe una estrategia conjunta para la investigación de los delitos de alto impacto, ni para la articulación de la procuración de justicia.
Derivado de lo anterior, se replica un modo de operar a nivel local que resulta insuficiente, pues solo se atiende a fincar responsabilidades a sicarios (ejecutores del delito), los cuales son “repuestos” de forma casi inmediata. Por ello se deben atender las causas, como lo es la existencia de estructuras criminales. Sin embargo, para desestructurar a estos grupos criminales se requiere de una actuación articulada y coordinada entre los distintos actores federales y locales. Mientras no se de lo anterior, prevalecerán los grupos criminales, ya que contarán con los medios para mantener su estructura.
Aunado a lo anterior, resulta necesario que la FGR asuma la coordinación de las investigaciones que recaen en su competencia y que la autonomía de esta institución no represente una coartada para excusar ausencias y omisiones en su obligación de articular esfuerzos con autoridades estatales. Un claro ejemplo de esta deficiencia es la reciente detención de la madre del “Marro” en Guanajuato, la cual a pesar de que involucraba una acción directa contra una red de delincuencia organizada, fue coordinada por la fiscalía local y no por la FGR. Encima, tras su ausencia en la implementación de este operativo, el Fiscal General únicamente se pronunció públicamente respecto a los errores e inconsistencias de la detención, señalado que se iniciará un procedimiento contra el Fiscal del estado. Este desperfecto de los engranajes del sistema fue el que provocó que la madre del “Marro” quedara en libertad. Sin embargo, al ser la parte más expuesta del sistema, los reflectores se tornaron al trabajo de los jueces, la parte más visible de las consecuencias de las ausencias y omisiones anteriores de los actores del sistema de procuración de justicia.
Finalmente, resulta necesario contar con un marco jurídico que establezca claramente las reglas aplicables para los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana. Parte de lo anterior fue la intención de la Ley Federal de Delincuencia Organizada; sin embargo, ante una política punitivista que va en aumento, este régimen de “excepción” ha permeado en todo el sistema. Al convertir la excepción en la regla, este régimen dejó de ser funcional para atender delitos de alto impacto. Además, al no establecerse lineamientos y métodos específicos para priorizar la atención de estos fenómenos criminales, los recursos resultan insuficientes para hacerles frente.
Por lo anterior, resulta indispensable reajustar los engranajes, más no reemplazar al sistema. Ante las declaraciones del presidente de modificar el sistema de justicia, hay que plantear que al existente no se le han colocado y ajustado las piezas necesarias para funcionar correctamente. Antes, es necesaria una política criminal con una visión integral de seguridad y justicia que articule esfuerzos a nivel local y federal. Además, se requiere del desarrollo de políticas de priorización y modelos de gestión, mismas que deben de articularse entre las fiscalías locales y la FGR. Aunado a esto, resulta necesario que la investigación del delito sea técnica y especializada, y que su monopolio no recaiga únicamente en los agentes del Ministerio Público, quienes, encima, tienen que sustentarla en juicio (lo cual la compromete). Finalmente, resulta necesaria la creación de un marco normativo claro para delitos de delincuencia organizada, que establezca con claridad las competencias y formas de colaboración entre las distintas autoridades locales y federales. Sin lo anterior no importa qué sistema se ponga sobre la mesa, se estará construyendo con los mismos defectos que no permiten a sus engranajes funcionar.
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Novoa es politógola y especialista en sistemas de justicia.
