Este artículo está adaptado de la edición impresa de AQ sobre el combate a la corrupción en América Latina. | Read in English
PUCALLPA, Perú — Al principio nadie en la Amazonía peruana prestó mucha atención cuando a un fiscal de bajo nivel se le asignó un caso que implicaba la desaparición de archivos del gobierno.
Wilber Huamanyauri Cornelio solía pasar sus días investigando robos, asesinatos y violaciones, y sus noches dando clases en una escuela de derecho en el estado de Ucayali, cerca de la frontera con Brasil. Los archivos, que habían desaparecido misteriosamente de una oficina gubernamental, contenían potenciales evidencias de un vasto esquema de tráfico de tierras en el que participaban funcionarios locales.
Los funcionarios supuestamente falsificaron las escrituras de miles de hectáreas de bosque amazónico, incluyendo vastas áreas reclamadas por las comunidades indígenas peruanas como su tierra ancestral, y las vendieron a una turbia red de compañías. Desde entonces, gran parte de la tierra se ha dedicado a la producción comercial de cacao y, sobre todo, de aceite de palma —en lugar de bosques nativos, hay palmeras que se extienden hasta el horizonte.
Las palmeras han reemplazado el bosque amazónico en varias partes de Perú | vista 360° on | off
Mientras Huamanyauri investigaba el caso, su teléfono empezó a sonar con amenazas de muerte. Su coche fue rayado en numerosas ocasiones. Un grupo de manifestantes apareció fuera de su oficina. Su único asistente fue despedido sin razón aparente, forzándolo a convocar a uno de sus estudiantes para que le ayudara de manera gratuita. Alguien irrumpió en su archivador —probablemente tratando de conseguir documentos que identificaran a un testigo protegido—, lo cual llevó a Huamanyauri a comprar un nuevo archivador con una mejor cerradura (que él mismo pagó). También construyó una barrera improvisada de vidrio y papel para aislar mejor su oficina en la sede del ministerio público de sus colegas y de los visitantes —muchos de los cuales ahora lo tratan como a un paria.
“Obviamente conocía los riesgos. Pero si me negara a investigar, estaría participando en todo esto. No enjuiciar el caso sería unirse a los corruptos”, dijo Huamanyauri, ahora de 37 años, un hombre que se mueve incesantemente y parpadea detrás de unos lentes de armazón oscuro.
Las experiencias de Huamanyauri muestran un lado a menudo ignorado de la campaña anticorrupción en América Latina: lo que está sucediendo fuera del foco de atención de las grandes ciudades como Lima, São Paulo y la Ciudad de México.
La comunidad de Santa Clara de Uchunya, a tres horas en bote y carro de Pucallpa.
Inspirados por casos de alto perfil como Lava Jato, los responsables de hacer cumplir la ley en los lugares más recónditos están tratando de erradicar el tipo de corrupción sistémica que produce consecuencias en la vida real para sus propias comunidades —pérdida de fondos para clínicas y escuelas, la contaminación o destrucción de los ecosistemas locales y otros innumerables males. Trabajando sin mucho dinero, cobertura de los medios de comunicación o protección, se enfrentan a retos insuperables —y, a menudo, al sentimiento de estar completamente solos.
Sí, es difícil construir un Lava Jato en el Amazonas. Pero gracias a una combinación de técnicas de investigación inteligentes, mucha imprudencia y un poco de suerte, algunos han logrado avances significativos —encarcelando a gente poderosa y tratando, en un primer momento, de construir las instituciones y tradiciones que saben son la clave para un descenso perdurable de la impunidad.
Ésta es una de esas historias.
Archivos perdidos, tierras perdidas
Las primeras acusaciones de tráfico de tierras en Ucayali se hicieron en 2015, formuladas por fiscales ambientales, comunidades locales y ONGs. Según ellos, la entidad responsable de la emisión de títulos de propiedad —la Dirección Sectorial Agropecuaria de Ucayali (DRAU)— estaba operando un esquema bien aceitado para registrar nuevas propiedades a través de documentos falsificados. La ley peruana permite a los pequeños productores agrícolas solicitar un título de propiedad bajo ciertas condiciones, como vivir y producir en la tierra. Los empleados de la DRAU fueron acusados de crear cientos de solicitantes falsos para registrar propiedades, que luego fueron vendidas a empresas privadas.
En 2017, los archivos que supuestamente contenían evidencia de la falsificación desaparecieron inexplicablemente —que fue cuando Huamanyauri se involucró por primera vez.
A pesar del alcance de las acusaciones, una investigación de la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público en Ucayali nunca fue más allá del personal de nivel inferior de la DRAU. Uno de las empleadas interrogadas por los fiscales había utilizado a su hijo para falsificar una petición, supuestamente siguiendo órdenes de arriba. Enojada por asumir la culpa mientras sus superiores salían libres, empezó a grabar las interacciones con sus colegas.
En una de las conversaciones grabadas, el director de la DRAU, Isaac Huamán Pérez, parecía insinuar que, sin los archivos, la investigación no llevaría a ninguna parte. “Todo está bajo control”, se oía decir a Huamán. Entonces, un juez emitió una orden de detención preventiva de 18 meses contra Huamán y otro alto funcionario de la entidad, una medida que no tenía precedentes en Ucayali. (Ambos hombres han dicho que son inocentes.)
No por casualidad, también fue entonces cuando comenzó el retroceso. Los abogados defensores presentaron acusaciones contra Huamanyauri por tráfico de influencias y por abuso de poder, ambas de las cuales fueron desestimadas posteriormente. También intentaron infructuosamente transformar el caso en un asunto de crimen organizado —un cargo más serio contra sus clientes, pero que habría puesto el caso fuera de la jurisdicción de Huamanyauri.
Los medios de comunicación locales en Pucallpa se pusieron en contra del fiscal. En lugar de presentarlo como un héroe —como los medios de comunicación de las grandes ciudades han hecho a menudo con los protagonistas de casos importantes—, Huamanyauri fue acusado de abusar de su poder y de buscar fama y fortuna a costa de funcionarios públicos dedicados. En una ocasión, un grupo de manifestantes y cámaras lo esperaron frente a la sede del Ministerio Público.
“Cuando empecé a trabajar como fiscal… noté que la gente en el Ministerio Público se refería a un grupo llamado ‘los intocables’: personas ricas y poderosas”, dijo Huamanyauri. El grupo incluía a muchos madereros, gente involucrada en la industria de la madera, afirmó. “No estaban sujetos a la ley como todos los demás —desde una multa de tráfico hasta un homicidio.”
“Nunca acepté esto”, dijo, “y rompí la regla con este caso”.
Una tribu bajo sitio
En Santa Clara de Uchunya, una comunidad indígena del pueblo shipibo, a tres horas en auto y luego en bote de la capital del estado, se pueden ver las consecuencias del mundo real.
Situada entre dos ríos sinuosos, Santa Clara está habitada por unas 140 personas que viven entre una hilera de casas de madera. Una construcción sin paredes en el centro del pueblo es donde los adultos se reúnen para discutir asuntos colectivos. A unos pasos, los pobladores pueden comprar una cerveza y ver la televisión en un bar improvisado con pocas sillas. La mayoría del tiempo, la electricidad esta encendida. Y a pesar de que uno tiene que viajar varias horas para encontrar cobertura, muchos miembros de la tribu llevan celulares con ellos.
La corrupción tiene un impacto tangible en Santa Clara de Uchunya, ya que las empresas extranjeras invaden su tierra.
La conversación de Santa Clara en estos días se centra en la tierra circundante —gran parte de la cual ha sido arrasada para plantar palmeras, una industria mundial que superará los 145,000 millones de dólares para 2026. Ciertas áreas están vigiladas por hombres armados.
“No podemos entrar a la tierra donde solíamos cazar”, afirmó Luisa González, quien ha pasado todos sus 55 años en Santa Clara. Dijo que los guardias han disparado contra miembros de la tribu en más de una ocasión.
Sin acceso a la caza, la comunidad necesita comprar alimentos en un pueblo cercano, dijeron González y otros. “Es la destrucción de nuestra cultura para las generaciones futuras”, planteó.
Luisa González teme la destrucción de la cultura de Santa Clara para generaciones futuras.
Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, ha investigado varios esquemas de tráfico de tierras en Ucayali y en otras partes del país. En un informe de 2018, se indica que la tierra que ha sido arrasada cerca de Santa Clara fue adquirida por empresas registradas a nombre de Dennis Melka, un hombre de negocios checo-estadounidense. El informe de Proética también señala que las empresas de Melka recibieron tierras como parte del plan de tráfico de la DRAU.
En respuesta a las preguntas de AQ, Melka dijo que los comentarios relacionados con él en el informe de Proética son “totalmente falsos… periodismo engañoso y vergonzoso”. Citó varios casos judiciales peruanos que han sido desestimados, incluyendo acusaciones de documentos falsificados y usurpación.
La comunidad, con la ayuda de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), ha estado luchando en los tribunales para ganar los derechos sobre la tierra para sí mismos. Sin embargo, uno de los ancianos de la tribu, Manuel Silvano, dijo que incluso si la compañía de aceite de palma se va, llevará tiempo revertir el daño: “Las palmeras están por todas partes, y no se puede hacer mucho al respecto”.
Manuel Silvano, uno de los aldeanos de la tribu.
Magaly Ávila, gerente de proyectos de Proética, ha estado en contacto con los pobladores y con Huamanyauri en un esfuerzo por ayudar. Dijo que “la lección de Ucayali es que no se puede abordar el problema de la deforestación sin considerar la corrupción de los gobiernos locales”.
El fiscal y los miembros de la tribu tienen algo en común, agregó. “Cuando hablas con ellos, escuchas el mismo mensaje: se sienten abandonados por el estado”.
Para el presidente de la tribu, Efer Silvano Soria, el resultado de la batalla legal para recuperar las tierras sigue incierto.
Lejos del alcance de la vista
De hecho, Huamanyauri ha luchado en los últimos meses para mantener su investigación a flote. Es una realidad diferente a la de Lima, que está atravesando una “primavera anticorrupción”, en palabras del excongresista Sergio Tejada, quien presidió la comisión que investigó la corrupción en la segunda presidencia de Alan García (2006-2011).
La investigación de Odebrecht ha implicado directamente a todos los presidentes peruanos desde 2001 hasta 2018, y muchos analistas esperan que una investigación sobre otra empresa de construcción brasileña, la OAS, amplíe aún más la campaña anticorrupción en los próximos meses. La purga también se ha extendido fuera de los ámbitos de la política y los negocios. El año pasado, un nuevo escándalo apodado los “Cuellos Blancos del Puerto” implicó a jueces y fiscales de alto rango, atrapados en un cable de la policía negociando sobornos y sentencias. En enero, el entonces Procurador General, Pedro Chávarry, fue obligado a abandonar su cargo tras intentar destituir a dos investigadores de alto rango en el caso Odebrecht.
El presidente Martín Vizcarra —que llegó al poder después de la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski, relacionada con Odebrecht— ha aprovechado la oportunidad y ha convertido la lucha contra la corrupción en su más emblemática propuesta política. El último año, 80% de los votantes peruanos apoyó su propuesta de reformas constitucionales anticorrupción en un referéndum nacional. Vizcarra está impulsando un proyecto de ley de reforma política en el Congreso, que incluye límites estrictos a la inmunidad de los funcionarios electos.
Mientras tanto, la corrupción está en boca de todos. Desde las principales páginas de las ediciones dominicales de los periódicos hasta la televisión en horario de máxima audiencia, la campaña contra el soborno y las reformas de Vizcarra dominan la conversación política. Los libros sobre la corrupción son un nuevo género que se exhibe de manera destacada en las librerías de Lima.
Varios factores permitieron que la “primavera anticorrupción” floreciera, al menos en las grandes ciudades. Perú tiene una nueva generación de fiscales de alto rango sin los lazos políticos de la vieja guardia del Ministerio Público. Tejada también cree que, en el caso de Odebrecht, los investigadores fueron inteligentes al comenzar con los frutos que estaban más a la mano —políticos con menos influencia, como el expresidente Ollanta Humala— para agarrar impulso antes de perseguir a personajes más poderosos.
Sin embargo, en el lejano Ucayali los organismos de aplicación de la ley y los tribunales están relativamente llenos de personas designadas por cuestiones políticas y muy expuestos a intereses privados, incluyendo los de los madereros o los de la industria del aceite de palma. Los fiscales y la policía tienen un déficit crónico de fondos. El periodismo de investigación es casi inexistente y los medios de comunicación locales carecen de independencia frente a importantes líderes empresariales o jefes de los partidos. En términos más generales, la región se encuentra muy por detrás de la capital en términos de desarrollo socioeconómico: el PIB per cápita de Lima es tres veces superior al de Ucayali.
Madereros cerca de Santa Clara de Uchunya. Ucayali es el estado mas deforestado en Perú.
También hay señales preocupantes de que la escala de la corrupción en Ucayali y en el resto del interior del Perú podría haber aumentado en las últimas décadas. A partir de la década de los ochenta, Perú inició un proceso de descentralización errático que, en muchos sentidos, aumentó las oportunidades de corrupción en el campo. Un ejemplo fue la facultad de asignar títulos de propiedad de la tierra, que pasó de las autoridades de Lima a la DRAU de Ucayali y otros organismos regionales similares. Ahora bien, estos organismos administrativos locales carecían de la capacidad institucional y humana necesaria para llevar a cabo las nuevas tareas.
“El proceso de descentralización se inició mientras Perú luchaba contra las crisis inflacionarias y las guerrillas de Sendero Luminoso. Luego, a principios de los años noventas, vino el fujimorismo. El contexto era extremadamente difícil”, argumenta Paula Muñoz, politóloga de la Universidad del Pacífico y miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Según Muñoz, hoy en día las regiones tienen un poder de gobierno sustancial y mayor recaudación fiscal, pero todavía tienen una supervisión insuficiente y una baja capacidad institucional —una mezcla explosiva para la corrupción, afirmó.
En un documento técnico para prevenir la corrupción, el “Plan de integridad nacional”, la administración de Vizcarra mencionó la descentralización como uno de los principales desafíos. “Reconocemos que ha existido una ausencia del Estado en varios niveles subnacionales y esto ha llevado a niveles grotescos de corrupción y crimen”, dijo la secretaria peruana de integridad pública, Susana Silva Hasembank. “No hemos implementado un plan bien pensado para transferir capacidades y responsabilidades.”
Silva cree que pasos como el fortalecimiento de una burocracia civil de carrera, menos permeable a la interferencia política, y la reforma de la justicia son claves para combatir la corrupción en los gobiernos regionales. La secretaria también quiere implementar ideas del sector privado, incluyendo la creación de “jefes de la oficina de cumplimiento público” dentro de las dependencias de los gobiernos locales. No obstante, reconoce que cualquier progreso será progresivo.
Por su parte, Huamanyauri planea expandir la investigación, persiguiendo a otros miembros del gobierno de Ucayali que fueron los artífices y ejecutores del esquema de corrupción. Pero al hacerlo, la investigación se convertirá en un caso penal con más de tres acusados y un fiscal especializado en crimen organizado tendrá que reemplazarlo.
Huamanyauri en las calles de Pucallpa.
Huamanyauri teme que sus colegas de la Oficina del Crimen Organizado en Ucayali simplemente detengan la investigación. O peor: podrían revocar sus decisiones, liberar al director de la DRAU y a su personal de mayor rango, e ir tras él con alegaciones de mala conducta y abuso de poder.
La mejor solución, plantea Huamanyauri, sería llevar el caso a los fiscales de Lima. Según él, las empresas privadas que se beneficiaron del esquema Ucayali están registradas en la capital, lo que otorga a los investigadores de Lima jurisdicción sobre el asunto.
“Sé que van a hacer una investigación seria”, dijo Huamanyauri. “Son competentes y no tienen vínculos con la gente de aquí. Tengo miedo si el caso se queda en Ucayali.” De hecho, a la larga, lo mejor para el caso puede ser abandonar el Amazonas por completo.
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Este artículo fue actualizado para corregir la traducción del nombre de la constructora brasileña OAS.
