Este artículo está adaptado de la edición impresa de AQ sobre el combate a la corrupción en América Latina. | Read in English
Centroamérica se ha convertido en un lugar traicionero para los profesionales anticorrupción como Luiz Antonio Marrey. La reacción del gobierno ante el movimiento anticorrupción que abarca toda la región le ha costado el trabajo a más de unos cuantos fiscales y jueces prominentes, o incluso cosas peores.
Pero mientras el brasileño de 64 años se preparaba para dejar su cargo como jefe de la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos en Honduras este verano, estaba claro que se marchaba en sus propios términos.
“Mi mandato ha terminado, y nunca se trata de la persona. Se trata de la institución”, dijo Marrey a AQ.
Inspirada por la comisión de la CICIG de la ONU en Guatemala, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA ha ayudado a las autoridades hondureñas a enjuiciar 12 casos de corrupción en contra de empresas y funcionarios públicos, incluyendo a una exprimera dama y a miembros del Congreso. Además de su apoyo a las investigaciones, la Misión también está ayudando a diseñar reformas estructurales para fortalecer las instituciones judiciales y de enjuiciamiento en Honduras.
Su éxito hasta ahora ha generado la preocupación de que se deje expirar el acuerdo MACCIH en 2020.
“Hay mucha gente a la que le gustaría que nos fuéramos”, dijo Marrey a AQ. “El acuerdo puede ser renovado, pero mucha gente poderosa argumenta que tiene que volver a ser aprobado por el Congreso.”
Marrey sostuvo que la relación entre los funcionarios del MACCIH y el gobierno hondureño es cordial, pero que ve animosidad entre las élites políticas y económicas “porque sacude la forma de hacer las cosas”.
Marrey, que ha pasado cuatro décadas persiguiendo delitos de cuello blanco, está familiarizado con ese tipo de presión. Como procurador general de justicia del estado de Sao Paulo, ayudó a la capital a recuperar millones de fondos ilícitos que tenía Paulo Maluf, un conocido político que estuvo activo desde la década de 1960 hasta su arresto por corrupción en 2018, en el extranjero.
Marrey cree que un poder judicial eficaz debe construirse ladrillo por ladrillo y señaló que el fortalecimiento del estado de derecho en Honduras, donde las instituciones carecen de independencia y los fiscales tienen poca seguridad laboral, requerirá paciencia.
“Nos tomó 30 años en Brasil, desde que la Constitución de 1988 fortaleció la fiscalía, llegar a donde estamos ahora”, dijo.
