Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, apenas 11 por ciento de la población era rural. En diciembre pasado, al despedirse de la nación a la cual gobernó por más de una década, la cifra había caído a 6 por ciento. Promesas de una revolucionaria reforma agraria, millones de dólares en créditos y decenas de proyectos para garantizar un país autosustentable en materia alimenticia, sólo consiguieron menguar, aún más, las extensas tierras de cultivo de la nación petrolera.
Un año antes, el mandatario lanzó la Gran Misión Vivienda. La justificativa era simple: con un déficit de 2,7 millones de casas, el gobierno metía el ojo en el drama que, al igual que la disminución de la población rural, era, según su perspectiva, “herencia del capitalismo. No habrá otra vía de solucionarlo que con socialismo y más socialismo”.
Esta semana, su sucesor, Nicolás Maduro, parece haber reparado en un detalle: el socialismo, per se, no compra cemento ni levanta edificios. Durante una alocución, afirmó que para que la misión sea viable, los beneficiarios deben pagar el techo que recibieron. “Hemos entregado 381 mil viviendas pero nadie está pagando ni medio. Cómo vamos a sostener la misión para las viviendas de los próximos años? haciendo magia?”. Maduro hizo una aclaratoria que, en años de revolución, ningún funcionario de gobierno se atrevió a pronunciar: “las cosas no pueden ser regaladas”.
Días antes, Lorenzo Mendoza, el director de Empresas Polar, la principal marca de alimentos del país, lanzó al ruedo otra idea que los venezolanos no escuchaban en mucho tiempo: privatización. El joven empresario respondió las acusaciones del gobierno quien lo responsabiliza de ser uno de los artífices de la crisis alimenticia que atraviesa Venezuela. Mendoza hizo pública su disposición a comprar o alquilar plantas en manos del Estado para incrementar las existencias.
El gobierno de Chávez estuvo marcado por nacionalizaciones que, en muchos casos, fueron injustificadas y costaron caro a las arcas nacionales. Poco a poco, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue asumiendo los gastos de los servicios públicos, educación, salud, infraestructura, banca, propaganda política, y hasta, favores internacionales. Los excedentes petroleros sirvieron para pagar, desde los grandes proyectos sociales del mandatario hasta los conos color naranja que se utilizan en la señalización del tráfico a diario.
El lucro no ha sido el leitmotiv del gobierno socialista, y así, con la intervención del Estado, muchas empresas pasaron de ser operaciones rentables a cargas económicas.
En el rubro de alimentos, no fueron pocas las veces que el gobierno encendió las cámaras para mostrar a los venezolanos ruidosas expropiaciones que democratizarían la tierra, inauguraciones de plantas procesadoras que abastecerían el país, entrega de crédito para cooperativas que trabajarían el campo, pero todos los proyectos dieron al traste dejando al Estado propietario de equipos, complejos y tierras inoperantes.
Para ejemplificar la situación, basta remitirse al componente base de la dieta venezolana que es la harina de maíz, producto estrella de Empresas Polar. De las 24 instalaciones procesadoras del alimento, 3 pertenecen a la marca, 3 a otros capitales privados, y las 18 restantes al Estado. Con apenas 12 por ciento de las plantas, Polar abastece a 48 por ciento del mercado nacional, de acuerdo con los cálculos de Mendoza.
Pero sus cifras presentan un contraste, aún mayor, con el trabajo que el Estado ejecuta en materia alimenticia. Mendoza, quien raramente respondía de forma directa a Chávez, indicó que las políticas gubernamentales han dificultado las operaciones de Empresas Polar en los últimos años. Falta de divisas para la compra de insumos, retrasos en los puertos, alzas en los precios de las materias primas entre 15 por ciento y 414 por ciento pero no en los precios finales de sus productos, aumento de días feriados, cortes de electricidad y la conflictividad laboral han afectado los niveles de la compañía, que para el primer trimestre del año reportó un 10 por ciento más de producción en contraste con 2012. “Hubiéramos podido producir 14 mil 500 toneladas más de alimentos, si no hubiésemos tenido que lidiar con estos inconvenientes”, dijo.
El heredero del consorcio fue más allá y, como quien olfatea el momento oportuno, señaló que a corto plazo, propondrán al gobierno la compra o alquiler de una de sus instalaciones productoras de harina de maíz, para aumentar las existencias del producto en 20 por ciento entre 12 y 14 meses, además de una alianza con el sector privado que permita, a mediano plazo, recuperar al 100 por ciento la producción de este rubro.
A pesar de que el Estado venezolano fracasó de forma evidente en el manejo y control de empresas de varios sectores, la oposición política ha aprendido que, en un país petrolero, hablar de pagos y privatizaciones puede ser un error letal que cuesta caro en elecciones. En 1989, cuando el entonces presidente intentó explicarle al país que las cosas no podían ser regaladas y que la única forma de enfrentar la crisis del momento era con ajustes económicos severos, una explosión social sacudió los cimientos de la capital. La revuelta fue controlada, pero el mandatario no vería el final de su período.
Años después vino Chávez con sus promesas de un mundo nuevo, lleno de reivindicaciones para los pobres, sólo que otra vez, la euforia parece haber pasado, y es Maduro a quien le tocará explicar temas que ni su candidato opositor, Henrique Capriles, tuvo que encarar en la campaña electoral: incluso en tiempos revolucionarios, “las cosas no pueden ser regaladas”.
