He trabajado como integrante del máximo tribunal guatemalteco –la Corte de Constitucionalidad– durante la última década. Durante esta trayectoria, he votado para negar amnistías por crímenes contra la humanidad y a favor de establecer un fuerte precedente para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En marzo, fui electa para un tercer período consecutivo en la magistratura.
No obstante, el 13 de abril, el Congreso impidió mi juramentación para el cargo. La decisión se basó en un tecnicismo legal – citando irregularidades en mi elección por parte del Consejo Superior Universitario y el hecho de que no soy docente universitaria –, luego de varios intentos de la misma coalición de congresistas para remover mi inmunidad como magistrada constitucional. En su conjunto, estos esfuerzos para castigarme por mis decisiones es una amenaza contra la independencia judicial.
He decidido hablar porque la democracia, estado de derecho y estabilidad de Guatemala están bajo ataque, en un momento crítico para el país y sus vecinos. La nueva administración en Washington ha prometido ayudar a Guatemala atender la violencia y pobreza que está obligando a familias a migrar al norte, enfatizando que el Estado de derecho y los esfuerzos anticorrupción son el punto medular de cualquier forma de alianza.
Esto se trata de algo mucho más grande que yo. Mi remoción arbitraria del cargo es una amenaza directa a la autoridad de la Corte de Constitucionalidad misma, que desde la transición democrática de Guatemala ha jugado un rol clave en la resolución de grandes controversias a través de un mecanismo democrático e institucional.
En años recientes, la Corte ha demostrado ser un contrapeso vital al poder y la corrupción. Fue la corte la que puso un alto al expresidente Jimmy Morales cuando inició, en 2017, una batalla contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La entidad, creada por acuerdo entre el país y Naciones Unidas que, apoyó a fiscales locales entre 2007 y 2019, que han presentado más de 170 casos de corrupción de alto impacto a la fecha.
En última instancia, Morales tuvo éxito en expulsar a la CICIG del país, y aunque ya no está en su puesto anterior, los sectores corruptos que respaldaron sus esfuerzos mantienen el interés por desarticular por completo las amenazas contra su impunidad.
En efecto, desde la salida de CICIG, la Corte de Constitucionalidad ha detenido una serie de acciones irregulares y abusos de poder por las autoridades, que ha colocado a mis colegas magistrados y a mi en contraposición con las redes criminales más poderosas e influyentes del país.
En 2019, la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el proceso para seleccionar y confirmar nuevos Magistrados a la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. La resolución se basó en una investigación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI), que reveló la forma en que personas nominadas a las Cortes, las y los congresistas responsables de votar por ellos y una serie de operadores políticos se reunieron informalmente para influir sobre el resultado del proceso. La sentencia ordenó al Congreso repetir el procedimiento de forma integral y en apego a la ley, pero el legislativo no ha cumplido en más de dos años.
Lo que ha ocurrido, en su lugar, es que los operadores de justicia que han demostrado ser independientes –fiscales, jueces y ahora hasta Magistrados del más alto rango constitucional– hemos enfrentado una multiplicidad de acciones legales espurias. Servidores públicos comprometidos también enfrentamos diversas formas de campañas de desprestigio y ataque orientadas a minar el apoyo público y deslegitimar el respaldo por nuestro trabajo.
Personalmente, he enfrentado más de 70 demandas –más de 30 continúan abiertas – y he enfrentado campañas que incluso utilizan información personal para intimidarme desde 2017. Cuando el Congreso impidió mi juramentación perdí mi inmunidad, por lo que hoy soy más vulnerable ante estos ataques.
No soy la primera mujer en enfrentar consecuencias por sus esfuerzos de actuar conforme a la ética y contra la corrupción, y como muchas que me antecedieron no voy a tener miedo. Pelearé contra esta decisión porque fui legítimamente electa para el cargo por un tercer período, en reconocimiento de mi sólida trayectoria durante los primeros dos. Busco proteger mi legado contra la corrupción y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de la fuerte oposición de grupos poderosos.
Si no se respeta la autoridad de la Corte de Constitucionalidad, existe un riesgo real de un deterioro autoritario en el país, que amenaza la democracia y los derechos de mis conciudadanos.
Para observadores internacionales, la solidaridad con nuestros desafíos como país también estaría alineada con el interés más amplio de asegurar la estabilidad de la región. Guatemala solo puede superar alguno de los desafíos más importantes – combatir la pobreza y el hambre, crear oportunidades económicas para todos, y reducir la migración irregular – si sus instituciones ponen en práctica las aspiraciones y objetivos contenidos en la Constitución. Nuestros socios a nivel global, incluyendo la administración Biden en Estados Unidos, deberían continuar prestando atención.
El resultado final de este pulso político – que está ya fuera del territorio de la mera legalidad –, afectará los prospectos económicos, de seguridad y desarrollo de toda una generación.
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Porras es magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala desde 2011. Fungió como presidenta en 2015-2016 y 2020-2021. Previamente, fue fiscal y secretaria general del Ministerio Público de Guatemala y ocupó varias posiciones dentro del Instituto de la Defensa Pública Penal.
