Cinco años después de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que reabrió los Juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura argentina, son gratificantes los avances para las víctimas que de a poco van encontrando las anheladas justicia y verdad, pero también muchos los retos que enfrenta un sistema judicial desbordado que juzga a represores que se están muriendo sin siquiera tener condenas firmes.
El 29 de abril de 1977 el Diario la Opinión registraba un enfrentamiento entre subversivos y Ejército, con un saldo de cinco guerrilleros muertos. El pasado 16 de noviembre Patricia Bernardi, una de las fundadoras del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entró al tribunal donde se sigue el juicio a los represores del Centro de Detención el Vesubio y pruebas periciales en mano, demostró que no, que no eran subversivos, que habían sido secuestrados y luego asesinados a balazos en Juncal y Rivadavia a las 2:30 a.m., según consta en sus actas de defunción.
“Era mostrarle a la justicia que eso que se leyó como un tiroteo, era un traslado y un asesinato de gente”, cuenta Patricia quien por cuarta vez declaraba como testigo pericial en los juicios reactivados en 2005, en algunos de ellos incluso frente a represores, a quienes paradójicamente les tiene que explicar qué es un orificio de bala. “Me parece que son una madera, nada los moviliza. Pero no es mi objetivo sensibilizarlos, sino que el juez crea que la prueba científica es válida y el familiar crea en la identificación”.
Patricia habla desde las oficinas del EAAF, creado en 1984, en las que a partir de perfiles biológicos de los esqueletos (exhumados en fosas comunes de cementerios municipales o predios militares), evidencias balísticas, análisis de documentación (libros de cementerio, testimonios y archivos policiales que registran simples NN o nombres de guerra), y el avance de la genética, se ha logrado hasta la fecha la identificación de 300 personas. De un promedio de 1000 exhumaciones aún hay 600 restos sin identificar que reposan en el laboratorio de Buenos Aires y otras provincias como Córdoba y Tucumán donde la represión fue fuerte.
“La principal satisfacción es concretar una restitución y responder a una familia, momento en el cual uno encuentra sentido a lo que hace”, dice Silvana Turner otra antropóloga del equipo de 45 personas, quien advierte que “este hecho debe ser reparador y no retraumatizante”. Por eso son los familiares quienes deciden qué pasos del proceso acompañan o no: Desde la notificación en la Cámara Federal hasta la cremación.
El trabajo de EAAF se disparó en el último año gracias a la Iniciativa Latinoamericana para la Desaparición de Personas, una especie de banco de datos de ADN en el que los familiares dejan sus muestras de sangre –tomadas gratuitamente a nivel nacional ya superan las 7000- las cuales se cotejan con los restos y muestras óseas recogidas en campo.
“Es una carrera contrarreloj porque vemos fallecer a muchos padres sin saber que ocurrió con sus hijos, sin una posibilidad de restituir los restos y sin ver en juicio a los represores que se están muriendo”, dice Turner.
Recientemente, a sus 85 años, falleció Emilio Massera, integrante de la Junta Militar que comandó el golpe de 1976. Si bien en el gobierno de Alfonsín había recibido cadena perpetua en el conocido Juicio a las Juntas, los indultos de Carlos Menem lo dejaron libre pese a ser responsable más de 700 delitos entre ellos 83 homicidios, causas en que hasta el Estado italiano tenía parte.
Según estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a octubre de 2010 son 255 los imputados fallecidos y más del 70 por ciento las causas en etapa de instrucción, lo que quiere decir que solo 10 juicios finalizan por año. “A ese ritmo calculamos juicios para 20 años”, asegura Lorena Balardini investigadora de esa ONG que actúa como querellante por las víctimas o en la parte acusatoria. Aunque en Argentina se celebra la iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner para la reanudación de los juzgamientos, una decisión empujada con fuerza por el trabajo de décadas de organizaciones de Derechos Humanos, el volumen de imputados (mil) está desbordando el sistema judicial.
“Hemos recomendado que se acumulen las causas bien sea por jurisdicción (es decir por Provincia), por centro clandestino o por imputado, porque hay un desperdicio de recursos y de tiempo al hacer audiencias con una sola víctima”, explica Balardini.
Incluso en las mega-causas, como ESMA y Campo de Mayo, los testigos tienen que rendir versión varias veces y las salas de audiencias deben ser compartidas (hay 12 juicios orales simultáneos). Recién en febrero comenzará el debate oral de la causa ‘Plan sistemático de robo de bebes’, cuya denuncia había sido instaurada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1996. “Hoy hay nuevos testimonios para hechos que antes no era eje de las causas como la violencia sexual y la sustracción de menores, de la que tenemos 35 casos”, dice María Inés Bedia, abogada del equipo jurídico de Abuelas. “Pero para nosotros el mayor reto todavía es encontrar a 400 chicos que fueron apropiados (por militares)”
La defensa de los imputados -que aún hoy entre las capas más altas no reconocen la justicia civil y entre las más bajas, niegan los hechos- dilata el proceso interponiendo recursos de casación que han hecho que la Corte Suprema solo haya confirmado tres sentencias.
“Algunos jueces y fiscales eran funcionarios en aquellos tiempos de la dictadura y han tenido un interés directo en frenar la investigación”, dijo en diálogo con Noticias Aliadas, Jorge Auat, Fiscal General a Cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, creada en 2007 en la Procuración. “Hemos superado hechos como las cárceles VIP (en unidades militares), pero si no hay sentencias firmes, sigo habiendo impunidad en términos formales”, acotó.
Las estadísticas de la Unidad (que difieren de las del CELS porque incluyen las condenas reactivadas de los 80’s y las de robo de bebes) hablan de 783 procesados, 377 elevados a juicio y 131 condenados.
Aunque Argentina es de los pocos países, sino el único, que en efecto está juzgando a sus militares, otras Ong’s como el SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, cuyo presidente es el Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Amnistía internacional y CORREPI – Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional- han llamado la atención sobre la reducción del concepto de derechos humanos a los abusos de la dictadura, desatendiendo lo que sucede en democracia. Temáticas como el abuso de autoridad, el gatillo fácil, la vulneración de los derechos de los indígenas y migrantes, son en su concepto temas pendientes de esta administración.
*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a americasquarterly.org. Es periodista Colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.
