Este artículo está adaptado de la edición impresa de AQ sobre el combate a la corrupción en América Latina. | Read in English
Diana Salazar, 38, fiscal general de Ecuador, se convirtió en un nombre familiar en el país mucho antes de su —unánime— elección realizada por un órgano de gobierno independiente en abril para encabezar la Fiscalía General. Es, de hecho, la primera fiscal de carrera en ascender al puesto más alto.
En sus cargos anteriores dentro de la oficina del fiscal general, Salazar lideró el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto perfil empezando con el FIFAGate en 2015 y la versión ecuatoriana de la investigación sobre Odebrecht. Este último caso provocó la renuncia del entonces vicepresidente Jorge Glas, acusado de aceptar sobornos de la compañía constructora. “Fue muy complicado porque Glas estaba en el cargo en el momento, así que tenía influencia en el gobierno, incluyendo a un fiscal general que presuntamente era parte de sus filas”, le dijo a AQ.
Decir que la oficina del fiscal general estaba siendo asediada antes de la llegada de Salazar es decir poco; cinco personas diferentes ocuparon el puesto en un lapso de dos años. Heredó más de una docena de investigaciones que involucran a la administración del expresidente Rafael Correa y una que involucra al presidente en funciones Lenín Moreno, así como un caso de tráfico de influencias contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y otros 25 legisladores.
Creciendo “bajo el matriarcado”, como ella le llama, de una madre soltera trabajadora, Salazar afirma que sus ambiciones legales y su interés en el servicio público comenzaron a la edad de 20 años, cuando balanceaba la universidad con un trabajo en la oficina del fiscal del estado. Escribió su tesis sobre las limitadas oportunidades para la comunidad afrodescendiente de Ecuador, un tema que, según ella, continúa influyendo en su trabajo. Después de recibir múltiples diplomas en casa, Salazar obtuvo un título en España en Derecho Penal Económico, fue entonces cuando, según ella, “se despertó su principal pasión, las formas complejas de criminalidad que más impactan a las sociedades”.
El interés de Salazar por los casos complejos resulta útil. Reunió a un equipo multidisciplinario para poder investigar y enjuiciar los casos de corrupción de alto perfil en su expediente. Ha estado de vuelta en la prensa nacional por la investigación del llamado caso “Arroz Verde”, nombrado así por una lista de supuestas contribuciones de Odebrecht y otras multinacionales para financiar la campaña de Correa-Glas de 2013 y varias candidaturas para la Asamblea Nacional.
La autonomía e imparcialidad de las investigaciones de Salazar ha sido cuestionada en casi todas las ocasiones—en las redes sociales y en la prensa, a menudo por funcionarios electos. A pesar de las críticas públicas e incluso de las amenazas de muerte, sigue existiendo una “gran responsabilidad de ser cuidadosa con mis acciones y mi nombre, mientras permanezco dedicada al trabajo en cuestión”, le dijo a AQ.
Educar a los legisladores y funcionarios judiciales acerca de los sesgos del sistema es una prioridad de primer orden, empezando por las prácticas de detención. “La detención preventiva debería ser una estrategia para ciertos delitos de cuello blanco, no para la gente que no tiene pan para comer”, declaró en una entrevista en la radio local. “Podemos recuperar a las instituciones y su autonomía”, dijo Salazar, quien ha lamentado la pérdida de fe de la gente en el sistema de justicia de la nación.
Tanto sus colegas como sus detractores han descrito a Salazar como una persona directa y práctica. “El crimen está organizado y se comunica a través de varios canales y estructuras globales”, dijo. “Las naciones deberían estar trabajando de manera igualmente organizada, pero por el bien público.”
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Miller es editor de producción en AQ
