Este artículo está adaptado de la edición impresa de AQ sobre el combate a la corrupción en América Latina | Read in English | Ler em português
Hace unos cinco años, algo extraño comenzó a suceder en toda América Latina: gente poderosa empezó a ir a la cárcel por corrupción. Presidentes, senadores y líderes empresariales que durante mucho tiempo fueron considerados intocables, de pronto tuvieron que rendir cuentas por su papel en escándalos de gran envergadura, como Lava Jato y La Línea.
Esto fue generalmente presentado, por esta revista y muchas otras, como una historia de progreso. Muchos lo atribuyeron a la expansión de la democracia desde la década de los ochenta, lo que ha ayudado a crear instituciones judiciales más independientes. Por supuesto, algunos países (Brasil, Perú) avanzaban más rápido que otros (México, Venezuela). Sin embargo, muchos vieron una oportunidad única para reducir sustancialmente la impunidad que siempre ha sido una de las mayores maldiciones de América Latina, contribuyendo a la pobreza, la desigualdad y muchos otros males.
Hoy, esa historia esperanzadora está en peligro. Varios casos recientes ilustran por qué, sin cambios, la campaña anticorrupción estará muy por debajo de la transformación con la que muchos soñaban.
En algunos casos, las élites han conspirado para socavar, o incluso destruir, los logros de los últimos años. Este fue el caso de Guatemala, donde las autoridades desmantelaron el organismo de la ONU que investiga la corrupción e impidieron que un popular exfiscal general se presentara a las elecciones presidenciales. El Congreso de Colombia no aprobó ninguna de las reformas anticorrupción respaldadas por casi 12 millones de personas en 2018, un número mayor que el que votó por el actual presidente. En Brasil, Perú y México poderes muy arraigados han intentado limitar el alcance y las facultades de las investigaciones.
En otros lugares, la comunidad encargada de hacer cumplir la ley puede culparse a sí misma. La filtración de mensajes privados entre el exjuez de Lava Jato (y actual ministro de justicia brasileño) Sérgio Moro y algunos fiscales apuntaba a posibles sesgos y violaciones procesales en la investigación más icónica y radical de la región. Otros han abusado del uso de la detención preventiva. Estos temas han permitido a los acusados alegar que son víctimas de una cacería de brujas política, y según las encuestas un porcentaje cada vez mayor de la población está de acuerdo con ellos.
Este número de AQ contiene un claro panorama de la situación actual, y señala ideas para retomar el camino correcto. Sobre todo, es necesario dejar atrás el enamoramiento por los fiscales superestrellas y centrarse en reformas y leyes que fortalezcan las instituciones. Esta es la mejor manera de evitar que los políticos desesperados saboteen las investigaciones, y de garantizar que las fuerzas del orden mismas respeten las normas. Los fines no pueden justificar los medios para ninguno de los dos grupos. Como este número también muestra, hay bastante gente valiente trabajando para promover el estado de derecho —en todas partes, desde la Amazonía peruana hasta el periodismo de investigación mexicano— para que las medidas severas se detengan ahora mismo.
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