El fantasma de la parapolítica sigue rondando la campaña a las elecciones locales en Colombia. No solo por el hecho de que muchos de los investigados por haber establecido alianzas criminales con los paramilitares, sean hoy candidatos, sino porque quienes están condenados por estos pactos, tienen tanto o más poder desde la cárcel que los políticos que están en libertad.
El preso más famoso de Colombia, el ex senador del Valle Juan Carlos Martínez Sinisterra, lleva varios lustros manejando la política local de su departamento. Al llamado Negro Martínez se le condenó a pagar siete años de cárcel por sus nexos con el Bloque Calima y el paramilitar H.H, extraditado a Estados Unidos. Aunque se comprobó que su cercanía con los ilegales le sirvió para hacer campañas políticas y entregarles presupuesto y cargos del Estado, las rejas no han sido un impedimento para que su poder se extienda por todo el territorio nacional. Tiene un músculo proselitista tan imparable, que los medios dicen que maneja medio país.
Ninguna maquinaria judicial lo frena pues ahora resulta que por ‘buen trabajador’, tiene permisos de 72 horas cada dos meses para salir de la cárcel, el último de los cuales se cumplió esta semana: pese a que los periodistas hicieron una vigilancia especial de sus pasos, y a que él no puede participar en política, organizó mítines, le dio el espaldarazo a sus fichas para las próximas elecciones (tiene más de 100 candidatos), y dio órdenes aquí y allá. En Buenaventura, puerto donde creció y del que sale buena parte de la droga del país, la administración actual le hizo de nuevo una calle de honor, los trabajadores salieron a recibirlo y a escuchar por quien tenían que votar. Y como si de un mal chiste macondiano se tratara, sus siguientes “días de libertad” le coinciden con la fecha exacta de las justas electorales: el 30 de octubre.
El panorama menos escandaloso, por lo invisible, lo completan otros personajes dudosos que siguen en la cárcel. La empresaria del chance, Enilse López, alias la Gata, condenada por concierto para delinquir agravado y nexos con paramilitares, tiene al menos 11 candidatos y dos listas al concejo en los departamentos costeros de Bolívar y Sucre. El ex gobernador del Casanare William Pérez, quien paga pena por auspiciar a las autodefensas de ‘Martín Llanos’, habría pagado el aval de una lista entera al concejo de Yopal al sur del país. El ex congresista Álvaro ‘el gordo’ García’, responsable de una masacre de civiles en Macayepo, influye en las elecciones de Sucre quitando y poniendo candidatos, al punto que en las actuales, le ha ido despejando el camino al que cree ganador.
La influencia de otros parapolíticos como Luis Alberto Gil en Santander, Luis Fernando Almario en Caquetá, Javier Cáceres en Bolívar, y Trino Luna en Magdalena, hace peso tanto en gobernaciones como en municipios chicos de sus regiones, lugares donde la seguridad democrática es un embeleco del pasado. Todos ellos hicieron parte de un sistema perverso que se alió con actores paramilitares para hacer de las regalías y los recursos públicos, un festín al servicio de los ilegales. Siguen perpetuándose en el poder, gobernando en cuerpo ajeno y sin importar si hay sentencias judiciales de por medio.
En un anterior post mencioné que hay nuevas amenazas que representan un riesgo para estas elecciones. Lo penoso es que las ya conocidas se repitan cada cuatro años, ante los ojos ciegos de las autoridades.
Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a AQ Online. Es periodista colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.
