Es cierto que Colombia está viviendo lo impensable hace solo una década atrás: un grupo de guerrilleros negociadores sentados con sus pares del gobierno en La Habana, con un grupo de países amigos como garantes, alcanzando acuerdos para la resolución de un conflicto armado que ha durado casi 60 años.
El encuentro de negociaciones más reciente, que se trató de la participación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), logró al mismo tiempo que unos estallaran en júbilo, y otros, de la corriente política encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, mostraran, como siempre, su férrea indignación. A pocos días del anuncio, el ejército colombiano reveló un supuesto atentado que las FARC planeaban contra el exmandatario en una alianza con narcotraficantes en Cali.
La espectacularidad del hallazgo tapó el debate de días anteriores, en los que la pregunta de millón era el rol electoral que las FARC podrían jugar como posible actor político en las elecciones del 2014. ¿Cómo evitar que corran con la desgraciada suerte de la Unión Patriótica (UP), el partido de guerrilleros desmovilizados que quiso llegar al Congreso por allá en 1985 y cuyos 3.000 militantes fueron asesinados? A pesar de lograr unos sorprendentes resultados electorales—5 senadores, 9 representantes entre los que estuvo el hoy negociador de las FARC, Iván Marquez, 23 alcaldes, 14 diputados y 351 concejales—no pudieron ejercer la política.
¿El Estatuto de Oposición, piedra angular del acuerdo alcanzado, garantizaría sus vidas? ¿Es suficiente la creación de circunscripciones fuera de conflicto para promover esta inclusión democrática? ¿Qué hacer para que la posible carrera de los miembros de las FARC hacia el Congreso se parezca más a la que caminaron los exguerrilleros del M-19 como Gustavo Petro (hoy alcalde de Bogotá) o Antonio Navarro Wolf (ex-alcalde de Pasto y precandidato presidencial), que a la de la UP?
Una gran tarea de comunicación tiene el gobierno para explicarle los alcances de este acuerdo a una sociedad herida por la violencia de las FARC, y a la que le han hecho creer por muchos años que es la única piedra que impide que no seamos un país en paz. A una sociedad conservadora que cada vez que una encuesta le pregunta si quiere la paz, dice que sí, pero no, y mesura con cuidado su tolerancia a los costos para llegar a ella. Una reciente encuesta de la Universidad de los Andes dice que los encuestados reconocen que una desmovilización beneficiaría la economía, la seguridad y la democracia, pero más de un 70 por ciento rechaza que las FARC participen en política, mientras que alrededor del 50 por ciento dice que no aceptaría el resultado de las elecciones locales si las gana un desmovilizado.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos siempre ha dicho que cualquier cosa que se firme en las negociaciones en La Habana se someterá a un referéndum ciudadano que se votará justamente en plena elección presidencial de 2014. ¿Quiere usted un acuerdo de paz?, responderán los colombianos a la par que elegirán presidente por otros 4 años, en una papeleta donde muy seguramente Santos estará buscando su reelección (tiene hasta el 25 de noviembre para decidirse). Allí también estará el candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, quien buscará retornar a las banderas de Uribe en que las puertas de la negociación están cerradas.
“Los negociadores de La Habana deberían estar donde tienen que estar, en la cárcel pagando por todos los crímenes atroces y delitos de lesa humanidad que han cometido en Colombia,” aseguró Zuluaga recientemente en una entrevista con Reuters. Mientras tanto Uribe, negado a retirarse de la política al contrario de la mayoría de los ex-presidentes, aspira por una banca en el Senado.
Aunque desde hace décadas, el discurso de guerra y paz ha permeado las campañas de todos los políticos y ha marcado inequívocamente el curso del país, es la primera vez desde el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) en que el escenario está signado con unas negociaciones avanzadas.
Las FARC también tienen una alta cuota de responsabilidad en esa comprensión del acuerdo, aclarando no sólo si están dispuestas a entregar hasta la última arma, sino también dando una orden desde el Secretariado para que sus frentes garanticen los derechos políticos y electorales en los 242 municipios donde tienen una presencia permanente.
Solo así tendrá sentido aquella expresión que lanzaron desde La Habana con bombos y platillos: “Buscamos una apertura democrática en el marco del fin del conflicto”.
