Más de 20 mil firmas alcanzó en pocos días la petición hecha en la plataforma Change.org para acabar con la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos en Colombia. La abogada ambientalista Astrid Puentes Riaño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), autora de la iniciativa, espera recaudar 25 mil apoyos antes de este 14 de mayo, que es cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes se reúne en Colombia para decidir sobre la petición del presidente Juan Manuel Santos, de acabar con el uso del herbicida en la guerra contra las drogas.
Aunque no es un camino expédito, (el período de transición para encontrarle reemplazo al herbicida se vence el 1 de octubre), después de 16 años de ensayo y error usando la aspersión aérea, el viraje del debate es excepcional: ahora la guerra es contra el glifosato.
La reciente evaluación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que aumentó la calificación de riesgo del agrotóxico para la salud humana, vino a respaldar lo que por años han dicho organizaciones de derechos humanos en departamentos como Putumayo y Nariño, conceptos de la Corte Constitucional en Colombia y un sinnúmero de estudios científicos: el glifosato hace más mal que bien.
Los cultivadores re-siembran con facilidad las zonas asperjadas sin mencionar que muchas veces son sus cultivos para consumo los que terminan afectados. Según un paper de la Universidad de los Andes, para eliminar una hectárea de coca con glifosato, hay que fumigar 30, lo que cuesta 72.000 dólares, muchísimo más del valor en el mercado de los kilogramos de droga que esa hectárea podría producir. Ya Colombia tuvo que pagar a Ecuador una indemnización de US$15 millones, cuando el gobierno de Rafael Correa denunció al de Álvaro Uribe ante la Corte Internacional de la Haya por fumigar en zona fronteriza afectando la salud de los pobladores.
Los campesinos e indígenas que viven en zonas tradicionalmente cocaleras tienen mucho que decir sobre el herbicida, al que se refieren como “veneno”. Enfermedades respiratorias, dermatológicas y digestivas, contaminación de fuentes hídricas, deterioro de los suelos, muerte de especies animales, pérdida de cultivos, y consecuencias graves para los derechos humanos provocadas por el desplazamiento forzado, han sido documentadas por la Defensoría del Pueblo en visitas a estas comunidades.
Y para completar la balanza del debate, un grupo de 19 congresistas estadounidenses envió este miércoles 13 de mayo una carta de apoyo al presidente Santos en su decisión de suspender las fumigaciones, argumentando que aunque los cultivos ilícitos han disminuido en Colombia, la reducción coincide con el uso de menores dosis del herbicida.
Como la erradicación de cultivos ilícitos forma parte de los seis puntos de la agenda del proceso de paz con las Farc, enconados contradictores de los diálogos como el procurador Alejandro Ordóñez y el ex presidente Álvaro Uribe han dicho que es una concesión a esta guerrilla y que una decisión de suspender la fumigación con glifosato crearía santuarios para el narcotráfico.
La realidad es que Colombia no puede seguir ocupando ese deshonroso lugar de ser el único país que le apuesta equivocadamente a las fumigaciones. Afganistán terminó con las aspersiones en 2007 y se dedicó a la erradicación manual, es cierto que con vagos resultados, entre otras cosas, por la presencia de los talibanes. ¿Y si la sustitución es un compromiso de gobierno y actores armados, tal y como se espera que resulte de los acuerdos de la Habana? La guerra contra las drogas ha causado miles de muertos, entre otras cosas porque el Estado no existe en zonas donde la coca es la economía. Si en cambio se invirtieran los recursos del Plan Colombia en reales políticas de desarrollo alternativo, la guerra contra el glifosato ya tendría un seguro ganador.
