Con Rafael Pardo como alcalde interino, el ex-alcalde Gustavo Petro destituido y en campaña por una Asamblea Constituyente, y unas elecciones atípicas en ciernes pero sin fecha definida, Bogotá—la ciudad más importante de Colombia—padece un viacrucis como consecuencia de una serie de malas decisiones administrativas, políticas y de abuso de poder nunca antes vistas.
El 19 de marzo, Bogotá fue protagonista del fin de una larga batalla judicial que comenzó cuando el Procurador General, Alejandro Ordoñez—un católico empedernido que gobierna con crucifijo y creencias anticomunistas de antaño—declaró la muerte política para Gustavo Petro, el único ex-guerrillero que había logrado llegar a la jefatura de gobierno de la capital del país por voto popular. Es cierto que fueron 730 mil votos, una mayoría simple por los volúmenes de abstención en Colombia, pero fue elegido por voluntad popular al fin y al cabo.
El procurador destituyó a Petro de la Alcaldía y le decretó inhabilidad para ocupar cargos públicos por 15 años, como sanción por el caos y la improvisación en el esquema de recolección de basuras de Bogotá implementado por el ahora ex-mandatario. En Colombia el Procurador emite fallos de esta envergadura porque la procuraduría se encarga de castigar faltas disciplinarias y la Constitución así se lo permite. El asunto es que durante el mandato de Ordoñez, sus resoluciones parecen más una cacería de brujas contra opositores políticos—como en los casos de la ex-senadora Piedad Córdoba y el ex-alcalde de Medellín Alonso Salazar—que sanciones contra malos gobernantes por mal ejercicio del poder.
La estocada final del fallo—calificado como desmedido por sectores tanto de derecha como de izquierda—la dio el Presidente Juan Manuel Santos tras desconocer las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado a Petro para preservarle sus derechos políticos. Santos avaló el fallo y dijo que ya que la vida de Petro no corría peligro, las medidas de la CIDH eran exageradas. De hecho, la CIDH también tiene la capacidad de otorgar medidas cautelares para salvaguardar los derechos políticos individuales, no solamente para proteger la vida. A Santos también se le olvidó que al menos nueve sentencias de la Corte Constitucional dicen que las medidas de la CIDH son vinculantes y que Colombia estaría faltando a la Convención Americana de DDHH con esta decisión.
A pesar de las protestas de varios juristas, Santos puso como interino a un alcalde de su bolsillo, Rafael Pardo, quien se desempeñaba como su Ministro de Trabajo. Paralelamente, el Presidente anunció un paquete de medidas para Bogotá, un Plan de Choque que llevaba consigo un tufillo de campaña en momentos en que busca su reelección frente a un electorado esquivo y de los más conscientes del país. Si hay algo que tiene Bogotá es voto de opinión, y este difícilmente se compra con clientelismo.
El Presidente aprovechó la salida de Petro para prometer en plaza pública lo que al Estado le corresponde hacer pero nunca le concedió al ex-alcalde: costear el 70% de las obras del Trasmilenio y el Metro de Bogotá—equivalente a $500 millones. Una jugada bastante popular si se tiene en cuenta que la movilidad es uno de los temas que más preocupan a los bogotanos.
Tras la movida política de los últimos días la gran pregunta es cuándo serán las elecciones atípicas para Bogotá, quiénes serán los candidatos y cuál será el futuro de Petro. El ex-guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M19) ocupó la Plaza de Bolívar en varias ocasiones, alentando a sus simpatizantes a defender su gobierno. Ahora, Petro comenzó una gira para promover una Asamblea Constituyente que permita reformar la Constitución del 91—de la que él fue partícipe—para quitarle funciones a esa Procuraduría todopoderosa y darle autonomía regional a los gobiernos.
Una Asamblea que curiosamente también la piden las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde La Habana para reformar el modelo neoliberal y el flamante senador electo, Álvaro Uribe, muy seguramente para buscar su segunda reelección.
¿Quién sacará de su viacrucis a Bogotá? La gestión de Petro iba a ser evaluada por el pueblo que lo eligió en una revocatoria de mandato fijada para el 6 de abril. Pero este “golpe de Estado” como él lo llamó—de una manera algo exagerada—frustró esa voz ciudadana. Lo que viene en las urnas es incierto, como es el futuro de Bogotá.
