Ya ha hecho eco en distintas oportunidades el poder que tiene la sociedad civil en la transformación de las decisiones políticas. Indignados en Egipto, España, Estados Unidos y México han sido el ejemplo claro de ciudadanos inconformes que de manera masiva toman las calles y protestan por aquellas desventuras que sus gobiernos emprenden. El resultado a largo plazo de sus consignas puede ser objeto de discusión, pero es innegable reconocer que en una era donde los nuevos medios congregan inconformismos, las sociedades son cada vez menos pasivas. Lo que acaba de suceder en Colombia con el hundimiento de la reforma a la justicia, que no en vano fue tildada por varios sectores como un “esperpento jurídico”, es un reflejo de ello.
En una semana en la que se habló de referendos, asambleas constituyentes y hasta revocatoria del Congreso, el ente legislativo decidió hundir la reforma que pese a que en el papel pretendía hacer un cambio en el sistema judicial, en realidad era una contrarreforma política.
Periodistas, congresistas opositores (los del Polo Democrático en su conjunto), observadores ciudadanos, estudiantes, abogados, cibernautas, tuiteros, se unieron masivamente bajo la consigna “Justicia sí, reforma no”, reclamo que luego se materializó en las calles a través del entusiasta Comité Promotor del Referendo por el NO A LA REFORMA A LA JUSTICIA.
Entre jueves y viernes este Comité promovió plantones en varias ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali las más masivas) para recoger firmas que revocaran el acto legislativo. Aunque a la iniciativa le faltaba aún el control de constitucionalidad de la Corte, paralelamente el Congreso colombiano convocó sesiones extras en las que los parlamentarios no tuvieron otro camino que hacer lo que les demandó el pueblo: archivarla. 73 Senadores y 117 Representantes votaron por hundirla aún cuando solo una semana atrás en las conciliaciones aprobaban, lo que según ellos, el gobierno de Juan Manuel Santos les había pedido.
Otro revés para el Ejecutivo que a pesar de haber impulsado la reforma durante los dos años de debate, de tener a sus ministros del Interior y de Justicia (quien renunció) defendiéndola en las plenarias y de hacerse el de la vista gorda cuando se incluían artículos cada vez más favorables para los legisladores, resultó “indignado” también, y la objetó, en un hecho que no tiene antecedentes en Colombia frente a una reforma constitucional.
Es decir que ante la presión de una fuerte opinión pública que dicho sea de paso venía advirtiendo desde meses atrás sobre lo que se estaba aprobando (organizaciones como la Misión de Observación Electoral, MOE y la Corporación Excelencia en la Justicia fueron las grandes voceras), al congreso no le quedó otra que argumentar “razones de inconveniencia”, que son a todas luces argumentos políticos para cerrar un capítulo legislativo vergonzoso que causó la indignación nacional.
Después de que los estudiantes le ganaron el pulso al presidente en noviembre del 2011 evitando que se discutiera una reforma a la educación superior sin conciliar con ellos, y que en febrero de este año los camioneros realizaron un paro comercial que también obligó a que se mantuviera la tabla de fletes (un precio fijo que reciben por cada trayecto que hacen en las carreteras del país), este es el tercer revés que tiene el gobierno Santos frente a las demandas de la sociedad civil.
Y no era para menos. El “orangután” que se estaba aprobando en Colombia (término usado para significar que algunos artículos legislativos que se incorporan a las leyes tienen la intencionalidad de beneficiar a ciertos funcionarios) permitiría en la práctica que políticos acusados de delitos muy graves por sus relaciones con paramilitares quedaran libres, que las causales de pérdida de investidura fueran inoperantes, que el fuero (beneficios e inmunidades políticas) se extendiera a otros funcionarios además del presidente y el vicepresidente, que solo cumplían funciones administrativas dentro del Congreso, y que los partidos políticos no fueran castigados cuando algunos de sus miembros fuesen destituidos o inhabilitados.
Además, aunque la idea era modernizar la rama, los ciudadanos tendrían que pagar arancel para iniciar algunos procesos judiciales, y en otros abiertos contra esos mismos políticos corruptos, identificarse desde la denuncia, presupuesto que en Colombia implicaría que no se abriera ningún juicio, por el simple miedo a las represalias de esa gran élite de violentos enquistada en el poder. Eliminar la denuncia anónima en un país como Colombia, es un golpe de muerte a la justicia.
La MOE observó tempranamente que esta reforma se constituía en la más grave de las 37 reformas hechas a la Constitución de 1991, esa carta de derechos que nació de un proceso democrático y participativo que entre otras cosas convirtió a Colombia en un estado laico y de instituciones medianamente garantistas. Hoy podemos decir que felizmente no pasó y que en la capitalización que de este triunfo haga el movimiento de estos indignados que según encuestas locales alcanzó un 73% de aprobación, estará el germen del control político que finalmente haga la ciudadanía al Congreso. Un congreso que legislando a favor propio, como seguramente hacen muchos en el mundo, no hace más que contribuir a su desprestigio y a la desconfianza que por años los colombianos le han tenido. Un congreso que con este tipo de iniciativas solo causa indignación.
Jenny Manrique is a contributing blogger to AQ Online. She is a Colombian journalist and editor of Semana.com. Her Twitter account is @JennyManriqueC.
