De los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el gobierno de Evo Morales los tiene todos. Y quiere más. Se dice que el cuarto poder son los medios de comunicación. Y el quinto es el llamado “soberano”, el pueblo, que en la práctica se reduce a los llamados “movimientos sociales” afines al partido de gobierno.
El gobierno de Morales tiene mayoría en el Congreso, lo que le permite aprobar las leyes que crea convenientes sin ninguna dificultad, salvo el tiempo que debe invertir en el debate congresal que no es más que una puesta en escena del ejercicio democrático que por lo general sucumbe bajo el llamado “rodillo” oficialista y ante la impotencia de una oposición reducida al griterío. El poder Judicial fue poco a poco debilitado y sus componentes, uno a uno, liquidados para colocar de modo interino (es decir, indefinidamente) a nuevos miembros cercanos al partido de gobierno.
El cuarto poder es femenino, es “la prensa” a la que el propio Presidente ha llamado su “enemiga”. Se ha enojado con ella varias veces y, como amante ofendido, ha buscado ignorarla comunicándose sólo con la prensa internacional (con excepción de los medios oficiales).
Y es que el cuarto poder es para Evo Morales un dolor de cabeza. Los tiene todos, menos ése que, por tanto, desea intensamente. Más aún, porque el quinto poder, el soberano, está en riesgo. Y el quinto ha sido, desde siempre, su escudo protector, ese poder al que el Presidente Morales recurre en casos de emergencia. Como en las épocas de las manifestaciones cocaleras en el Chapare cuando las mujeres y los niños encabezaban las marchas poniendo el pecho a la policía. El quinto poder de Evo es su sustento político, es aquél que convoca para cercar el Congreso y presionar.
Pero los “movimientos sociales” son mucho más que las agrupaciones afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y están ahora molestos porque se sienten excluidos de los beneficios gubernamentales. Anunciaron varias movilizaciones y el gobierno no tuvo mejor idea que echar mano de la “Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación”, pensando sumar el respaldo de aquellos movimientos sociales a punto de expresarse en las calles, pensando que se sentirían convocados por un discurso favorable a ellos, víctimas históricas del racismo y la discriminación. No. Esos movimientos sociales están ahora en las calles, reclamando otro tipo de deudas. El racismo y la discriminación quedaron pendientes ante la urgencia de otro derecho básico puesto en riesgo: la libertad de pensamiento y expresión.
Porque el gobierno de Morales, algo goloso, aprovechó esa Ley para incluir dos artículos que ponen en riesgo la libertad de expresión y el funcionamiento mismo de los medios de comunicación. Los hace responsables de alentar el racismo y de declaraciones de terceros que pudiesen ser difundidas en su trabajo informativo. Pretende mandar periodistas a la cárcel y retirar licencias de funcionamiento a los medios que, en ese caso, pasarían a manos de sus trabajadores. A pesar de las protestas, la Ley ha sido promulgada. Pero los periodistas de todo el país han iniciado una batalla con respaldo popular. Nunca antes, ni en los reiterados períodos dictatoriales en Bolivia se había vivido algo parecido. Decenas de trabajadores de la comunicación están en huelga de hambre y se ha iniciado la recolección de millones de firmas para intentar derogar aquella Ley por la vía constitucional.
Pero a juzgar por la patada recientemente propinada por el Presidente Morales a un jugador de fútbol en pleno partido, abusando así de su condición de Presidente, olvidando su terrenal lugar de futbolista, queda claro que las reglas de juego no sólo no están claras, sino que son claramente favorables al dueño de la pelota que no es otro que Evo Morales, una especie de súper héroe que pretende para sí todos los poderes.
*Cecilia Lanza es una bloguera que contribuye a americasquarterly.org y vive en La Paz, Bolivia.
