Aunque los cálculos políticos y militares anunciaban una pronta liberación del general del Ejército Rubén Darío Alzate Mora, secuestrado por las FARC en el Chocó, el hecho que provocó la suspensión del proceso de paz entre el gobierno colombiano y esa guerrilla por primera vez en dos años de diálogo, todavía lo tiene en vilo.
Las operaciones de rescate de la Cruz Roja Internacional, lideradas por los países garantes Cuba y Noruega e iniciadas el pasado 19 noviembre, podrían tomar más tiempo de lo esperado por la necesidad de cesar operaciones militares en el Chocó. Una versión del plagio habla de que el General y sus acompañantes, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, se subieron de manera voluntaria en una chalupa en el corregimiento de las Mercedes con dos guerrilleros vestidos de civil, y se fueron río abajo. Otra dice que los sujetos iban armados hasta los dientes y los obligaron a hacerlo.
Cuando se de la esperada entrega del general, vendrá por primera vez la rendición de cuentas de un ex secuestrado: al militar le espera una citación al Senado para que explique qué hacía vestido de civil y desarmado, en una zona roja de alta presencia guerrillera, que él mismo conoce como la palma de su mano. No en vano estaba allí al mando de una fuerza de Tarea Conjunta antiguerrilla, en uno de los departamentos más golpeados por la violencia de las FARC.
Las misteriosas circunstancias del histórico plagio de un General de la República, el hecho de que el ex-presidente Álvaro Uribe fue el primero en dar la noticia en su Twitter y el debate que el Congreso está dando sobre el proyecto del fuero militar, no son hechos aislados. Al contrario, ponen sobre el tapete la fuerte voz que quieren tener los militares y los sectores de ultraderecha en el proceso de paz, y la necesidad del gobierno—en particular a través de su ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón—de hacerles sentir que nadie está claudicando en el terreno de la guerra. Que la moral de las tropas debe estar siempre en alto. Que las fuerzas militares, entregadas ellas mismas por 50 años a combatir al terrorismo, jamás serán equiparadas con los guerrilleros en términos de juzgamiento y condena—no importa cuántos excesos hayan podido cometer o con quién se hayan aliado para lograr la derrota de ese gran y único enemigo llamado FARC.
El fuero militar pretende decidir cuál será la jurisdicción que investigará a los uniformados por sus delitos, y lo que causa especial preocupación de organizaciones de derechos humanos (como lo expresó José Miguel Vivanco en este duro editorial en el New York Times) es cómo y quién juzgará las ejecuciones extrajudiciales, execrable práctica en la que civiles inocentes fueron asesinados y vestidos luego como guerrilleros, para contarlos como bajas de combate.
La realidad es que aunque el plagio causó indignación y parecía haber puesto la pelota en el campo del gobierno, terminó por hacer que parte de la sociedad (siempre dividida) rodeara el proceso y exigiera una medida que siempre ha sido la carta de las FARC y es inaceptable para los militares en ese tira y afloje de su rol en la paz: un cese al fuego bilateral. Que el ejército deje de realizar acciones militares es bastante improbable y la verificación de una medida de tan magnitud es excesivamente compleja, si se tiene en cuenta que en las áreas de operación de las FARC también hay paramilitares y narcotraficantes.
La guerrilla justificó la “retención” del militar como un acto de guerra, lógico en medio del conflicto. Los voceros guerrilleros en la Habana recordaron cómo, en medio del comienzo de las negociaciones, también fue muerto el comandante Alfonso Cano, y nadie se levantó de la mesa; la ex senadora Piedad Córdoba y otros voceros de organizaciones sociales le dijeron al presidente que el proceso ya no era del gobierno sino de todos y que nadie tiene derecho a terminarlo así.
El 20 de febrero de 2002, el secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem fue el epílogo de una serie de hechos que condenaron a muerte el proceso de paz que Andrés Pastrana había iniciado con las FARC. Se negociaba entonces en Colombia, las FARC se habían fortalecido en la zona de despeje y no se habían alcanzado tantos acuerdos como ahora. Ojalá este plagio no solo no tire por la borda los esfuerzos de dos años, sino que sea una excusa para debatir, en serio, cuál es el rol que los militares están dispuestos a jugar en el terreno de la paz.
