El “default” de Argentina tiene tantas lecturas como tenedores de bonos argentinos hay en EEUU. La apreciación sobre si el país está o no en cesación de pagos ha extendido el debate económico al campo político, en donde el concepto “soberanía” se ha agitado de manera preponderante por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Para las calificadoras de riesgo Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, Argentina entró en un default selectivo el 31 de julio tras no cumplir el pago a los llamados “fondos buitres,”ordenado por un fallo del juez norteamericano Thomas Griesa. Sin embargo, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país todavía se encuentra en un litigio inédito en la Corte Suprema de EEUU, y la Asociación Internacional de Derivados y Swaps (ISDA) revertió su apreciación inicial de default para decir que no hubo moratoria en el pago de la deuda–al fin y al cabo, el dinero del 93% de los bonistas está en las cuentas del Bank of New York Mellon.Los discursos de la presidenta y de su ministro de economía, Alex Kicillof, quien encaró las audiencias de negociación con los fondos en Nueva York, advierten que el default no es tal, ensalzan el nacionalismo, convirtiendo al juez Griesa y al mediador Daniel Pollack en enemigos públicos, logrando que hasta algunos detractores del gobierno estén de su lado—porque no hay nada más popular que la carta de la amenaza externa para que un país rodee a un mandatario.
En el concierto de la opinión pública internacional, no es poco que The New York Times haya dedicado un editorial destacando que Griesa es un juez que “busca controlar las accionesde un gobierno soberano” y que reconocidos economistas como el ganador del Premio Nobel, Joseph Stiglitz, hayan rechazado su fallo.
Ahora, ¿el problema es meramente semántico, es ideológico, es realmente soberano? En la última década, Argentina pagó su deuda con el FMI y reestructuró exitosamente la deuda con el Club de París, pero también en 2005 y 2010 dejó a un 7% de los bonistas, hoy convertidos en demoníacos “holdouts,” fuera del canje—cuya consecuencia se manifiesta en un impago con numerosos ceros a la derecha. Una demanda inicial de US$330 millones hoy se convirtió en una deuda de US$1.600 millones para el gobierno argentino.
En su momento también, se aceptó a la justicia estadounidense como el escenario natural para dirimir disputas, con el ánimo de dar confianza a los acreedores. Hoy, eso que algunos califican como una cesión de “soberanía jurídica,” es otro eje de debate atizado por el gobierno argentino: el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, sugiere que en el marco de Naciones Unidas se discuta un nuevo “marco regulatorio” de los procesos de reestructuración de deuda en países soberanos.
El problema real, en medio del tira y afloje semántico, es cómo estas decisiones afectan el bolsillo de los argentinos agobiados por una alta inflación, el cepo al dólar y el consecuente impacto al consumo interno. Para Argentina, pagar sus deudas antes del 31 de diciembre—que es el plazo con el que el gobierno maneja su carta de negociación—tendrá que echar mano de las reservas del Banco Central, o como se ha especulado en los últimos días pedir ayuda a países del BRIC, tras la creación de su flamante Banco de Desarrollo. La consecuencia inmediata es la reducción del crédito y las inversiones, lo que afecta cosas básicas como la compra de vivienda o el financiamiento de energía, que Argentina importa ya hace más de un año.
Aunque los argentinos dicen estar acostumbrados a la crisis, un default en su estricto sentido no está pasando aún. Y aunque el fallo de Griesa es desproporcionado al congelar dineros que habrían permitido saldar una parte de la deuda, el gobierno de Fernández de Kirchner todavía tiene márgenes de negociación, si es que decide mutar su discurso de aquella dicotomía que le hace bien a sus pretensiones electorales, pero mal a la economía: “patria o buitres”.
