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Chile

Los arriesgados retiros de fondos de pensiones en Chile

Políticos oportunistas se han aprovechado de la angustia en medio de la pandemia.
Chilenos hacen cola fuera de una oficina de AFP en Santiago en julio de 2020.Cristobal Olivares/Bloomberg via Getty Images

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SANTIAGO – Cuando el Congreso autorizó en julio a los chilenos retirar el 10% de sus ahorros en fondos de pensión, los legisladores prometieron que sería una medida de alivio que se tome una única vez.

Pero a principios de diciembre autorizaron un segundo retiro, y podrían haberse dado más autorizaciones si el Tribunal Constitucional no hubiera intervenido para detener un tercer proyecto de ley.

El oportunismo venció a las objeciones de expertos de todo el espectro ideológico y los políticos aprovecharon una combinación de preocupaciones sobre el modelo de pensiones privadas del país (sistema de capitalización individual) y los temores existenciales, exacerbados por la pandemia, de la clase media, un sector clave para el funcionamiento del modelo.

Este grupo socioeconómico heterogéneo, conocido por su comportamiento electoral impredecible, es de hecho fruto de lo que se conocería como “milagro” económico de Chile. Después de superar la pobreza extrema de 1970 y controlar la tasa de inflación del 369% de 1974, el país pasó por una serie de reformas económicas que incluyeron la introducción de un impuesto al valor agregado a una tasa del 20%, la liberalización de las tasas de interés y la privatización de los bancos. La creación del sistema privado de pensiones en 1981 proporcionó una base sólida para la inversión a largo plazo en el país.

El PIB de Chile aumentó en un promedio del 5,4% anual desde 1986 hasta 2013, lo que llevó al surgimiento de una clase media que ahora representa el 65% de la población, según los estándares del Banco Mundial.

Aunque el plan privado básico de pensiones de Chile (el sistema también incluye un “Pilar Solidario” o pensión complementaria para personas con ahorros escasos) dinamizó el milagro económico mencionado anteriormente, desde entonces se ha convertido en un blanco fácil.

Los trabajadores chilenos aportan un 10% obligatorio de sus ingresos a los fondos de pensiones privados administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que invierten el dinero y pagan las pensiones cuando los hombres y mujeres alcanzan los 65 y 60 años, respectivamente. Pero los pagos son bajos y la mayoría de los jubilados reciben una fracción de su salario antes de la jubilación: el 80% recibe menos del salario mínimo.

Pero en lugar de prestar atención a las abundantes propuestas de reforma para mejorar el sistema, el Congreso eligió una solución irresponsablemente miope. Las autorizaciones de retiros de los fondos de pensiones son incomprensibles. No solo son imprudentes, sino que representan un ataque a la lógica misma del sistema chileno de seguridad social y desarrollo económico basado en el ahorro de largo plazo como estrategia de inversión y crecimiento.

Esta decisión ha causado ahora un daño irreparable. Según Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, casi un tercio de los 11 millones de pensionados de Chile podrían no tener ahorros para su jubilación después del segundo retiro autorizado por el Congreso. Si solo dependen de la pensión solidaria que cubre el Estado, los jubilados pueden solo esperar recibir alrededor de $240 por mes.

Los pensionados

La clase media chilena es notoriamente difícil de complacer. Culturalmente complejos, altamente informados e impregnados del pragmatismo y la estabilidad económica de la década de 1980, así como de la madurez política e institucional de la década de 1990, los chilenos de clase media se enorgullecen de no depender de los beneficios estatales. Una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) encontró que el 64% de la clase media de Chile cree que el éxito proviene de la iniciativa personal y de la ética del trabajo responsable.

Pero la compleja crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 ha hecho tambalear ese individualismo. Por encima de todo, los chilenos ahora temen que la pandemia pueda descarrilar su progreso, lo que provocaría una reversión de la afirmación de la OCDE de que “nacer pobre en Chile no significa morir pobre”.

Sus miedos están bien fundados. Alrededor del 40% de los chilenos de clase media son considerados “emergentes” o en riesgo de perder su estatus. Cuando los chilenos salieron a las calles en las protestas de 2019, muchos de sus carteles y consignas mostraban no solo gran preocupación por los retrasos en salud, educación y empleo, sino también, por las insuficiencias del sistema de pensiones.

Como resultado directo de los retiros de pensiones, las proyecciones estiman pérdidas en el valor de las mismas de un 17,4%, en el caso de los hombres, y del 21,2% en el caso de las mujeres. Se estima que los dos retiros ya aprobados extraerán $30 mil millones del sistema de pensiones en un país donde el gasto social asciende a alrededor de $50 mil millones anuales.

Como si todo esto fuera poco, la administración del Presidente Sebastián Piñera sigue estancada, bloqueada por las amenazas de la oposición y el populismo, cada vez más arraigado en el Congreso. Por ello, los esfuerzos por emitir un estímulo fiscal sin precedentes de $73 mil millones, único en toda América Latina, así como la inversión potencial del 2,5% del PIB en transferencias directas a las familias, siguen siendo casi invisibles y no han tenido el efecto esperado. Víctimas de un liderazgo político desgastado y una coalición gubernamental fracturada, las propuestas han sido tratadas como un plan de contingencia.

El proceso de reforma constitucional en curso, iniciado en las protestas de 2019, puede dar a Chile una segunda oportunidad para restablecer un diálogo serio. Necesitamos frenar el populismo y discutir cómo mejorar un sistema que ha sido el motor del desarrollo del país para que satisfaga las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

¿El sistema corre el riesgo de romperse por completo? Solo el tiempo lo dirá. Las primeras señales vendrán de los resultados de las elecciones de los 155 miembros de la Asamblea Constituyente que se realizarán el 11 de abril.

Lejos de ser el país “milagro” que optó por complejas y prudentes estrategias, Chile corre el riesgo de descarrilarse, riesgo agravado por los desafíos que plantea la COVID-19. El país ahora debe ir con cautela, rechazando los “milagros” por la templanza y perseverancia de las últimas tres décadas. Solo así Chile podrá garantizar su reputación como nación confiable y seria.

Schmidt es periodista, columnista del diario digital El Líbero y profesora de la Universidad de los Andes de Chile.


Tags: Asociacion de Administradores de Fondo de Pensiones, Chile, pension reform, pensions
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