Este artículo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre como reducir los homicidios an América Latina
Después de haberse ganado la enemistad de una bandacallejera en su barrio marginalen Medellín, Lina Carmona memorizó un número telefónico de tres dígitos.
El pecado de Carmona fue: abrir un salón de uñas en su casa sin pedirle permiso a una bandacriminal. Después de enterarse, el líder de la bandale exigió que pagara un “impuesto” semanal. Pero el monto equivalía a las ganancias de un día haciendo manicuras, así que Carmona se rehusó. Entonces el líder de la bandasugirió un pago en especie, es decir, que se acostara con él.
“Por supuesto que tenía miedo”, le dijo Carmona a AQ. “Pero intenté no demostrarlo”.
Enfurecidos por esta resistencia en un barrio en el que prácticamente cada tendero, ferretero y vendedor de comida paga las extorsiones, los miembros de la bandacomenzaron a insultar a Carmona y a su esposo a gritos en la calle. Acosaban a los hijos de la pareja cuando caminaban hacia el colegio. Incluso patearon a Kiara, la labrador retriever de la familia.
Las tensiones aumentaron hasta que una tarde 10 matones con pistolas se aparecieron frente a su puerta. El esposo de Carmona sacó su pistola, decidido a morir peleando.
Ahí fue cuando Carmona tomó su celular y marcó 123, la versión colombiana del 911. Se comunicó con un nuevo servicio que busca ayudarl a los habitantes de Medellín que tienen altas probabilidades de ser asesinados y, en casos extremos, los aleja del peligro.
Carmona convenció a su esposo de ir hacia la parte trasera de la casa, donde se encerraron hasta que llegó la policía. No todo salió bien: los agentes llegaron en un carro compacto del tamaño de un Volkswagen Escarabajo, así que el escape del territorio de la bandarequirió de varios viajes angustiantes. Pero después de unas cuantas horas, la familia respiraba tranquila en una casa segura. Los policías incluso lograron salvar al perro.
Oportunidad
El programa, llamado Protocolo de Prevención de Potenciales Víctimas de Homicidio, ha salvado a por lo menos 58 personas desde que fue lanzado el año pasado. Andrés Llano, un abogado del gobierno que ayuda a evacuar a ciudadanos en riesgo le dijo a AQ: “Si no fuera por nosotros, estas personas estarían muertas”.
Esta es la iniciativa más reciente de una ciudad que por años ha estado a la vanguardia de las políticas de reducción de violencia en América Latina y es una iniciativa que ayuda a comprobar que incluso los lugares más mortales tienen esperanza. Desde que Pablo Escobar y sus sicarios convirtieron a Medellín en la capital mundial del homicidio a principios de la década de 1990, con unos 380 homicidios por cada 100.000 habitantes, esa tasa se ha desplomado en un 95 por ciento. La Ciudad de la Eterna Primavera es tan segura ahora que se ha convertido en un destino preferente para jubilados de Estados Unidos.
Pero, en realidad, incluso con los niveles actuales de 20 por cada 100.000 personas, los homicidios siguen siendo altos, el doble de la tasa que la Organización Mundial de la Salud consideraría endémica y seis veces más alta que la tasa de Nueva York. Y esta tasa prácticamente no se ha movido desde 2015. En barrios como en el que vivía Carmona, la policía rara vez entra y las bandas siguen estando a cargo, vendiendo drogas y licor de contrabando, repartiendo justicia por sus propias manos cuando les es conveniente.
Frustrados, Camila Uribe y sus colegas de la Casa de las Estrategias, un grupo de investigación derechos humanos en Medellín, realizó un estudio detallado de una decena de asesinatos recientes cometidos por miembros de bandaspara ver qué tenían en común. Encontraron que, por lo menos en nueve casos, las víctimas sabían qué se les venía encima, pues debían dinero o habían molestado a las bandas de alguna manera. En un caso, recuerda Uribe, un adolescente estaba desesperado por irse de Medellín, pero su madre no contaba con los pocos pesos necesarios para pagar el bus. Su hijo murió poco después.
“Hay una ventana de oportunidad para prevenir estas muertes”, dijo Uribe. “La gente busca escapar y tenemos que descifrar cómo podemos ayudarles”.
Comuna 13 en Medellín
Uribe y sus colegas llevaron su misión a la alcaldía, donde el alcalde Federico Gutiérrez ha hecho de reducir la tasa de homicidios una prioridad alta. Ambas partes crearon un proyecto piloto que ubicaría a personas en riesgo, les aconsejaría cómo escapar el peligro y, si fuera necesario, los llevaría a un lugar más seguro.
En una tarde reciente, unas dos docenas de operadores estaban sentados en un centro de atención telefónica de emergencias de la ciudad, recibiendo llamadas que iban desde incendios hasta adolescentes que habían escapado de su casa y estaban buscando consejo. Pero cuando una persona que llama expresa su miedo de ser asesinada, esta persona entra al Protocolo de Prevención de Potenciales Víctimas de Homicidio y una red diferente entra en acción. Psicólogos proveen ayuda a través del teléfono y a veces se reúnen con estas personas en sus casas. Expertos legales también ofrecen consejos. Y escuadrones de evacuación especiales de la policía están a la espera, en caso de que todo salga terriblemente mal.
Ya que el programa usa principalmente a personal y recursos que ya existen, tiene un costo bajo: tan solo unos 42.000 dólares al año. Desde que fue lanzado en julio del año pasado, ha recibido más de 100 llamadas. Aunque ha habido situaciones al límite, hasta ahora todos los que han llamado han salido vivos.
“Están muy angustiados por lo que les está pasando”, dijo la psicóloga Ana Isabel Sánchez mientras que tomaba un descanso de responder llamadas con sus auriculares. “Tienen nudos en sus gargantas. Algunos lloran por horas”.
El programa tiene limitaciones evidentes: no es factible, logística o financieramente, evacuar a todas las potenciales víctimas de homicidio. Quienes sí son evacuados luego tienen que arreglárselas por sí solos en sus nuevas casas, trabajos o escuelas seguras. En vez de atacar la causa del problema desalojando a los criminales, las operaciones de rescate equivalen a una purga de ciudadanos que respetan la ley, lo que implica un reconocimiento de facto de la hegemonía de las bandas.
Steven Dudley, el codirector del centro de pensamiento Insight Crime, advirtió que alejar a jóvenes de sus comunidades puede hacerlos más vulnerables a ser reclutados por las bandas.
Pero otros creen que el programa es innovador, especialmente en un momento en el que la tasa de homicidios está aumentando en América Latina y en el que muchas personas en los gobiernos y las instituciones de orden público se han vuelto fatalistas. “Me gusta su audacia”, dice Eduardo Guerrero, un consultor de la Ciudad de México que asesora a gobiernos estatales y locales en asuntos de seguridad. Las autoridades en Medellín, añadió, “no se han resignado a lo inevitable”.
Robert Muggah, el cofundador del Instituto Igarapé, un centro de pensamiento de Brasil enfocado en el crimen, también está impresionado. “Todos vemos a Colombia como una fuente de experimentación”.
Saliendo
Una reciente llamada de emergencia vino de Yorman Vásquez. Un joven flaco de 22 años de uno de los barrios marginales de Medellín. Vásquez es un genio de las matemáticas, razón por la cual llamó la atención de las bandas. Cuando tenía 13 años, la banda que dominaba su barrio lo contrató para llevar las cuentas de sus ventas de marihuana y cocaína y de sus ingresos generados con la extorsión de comerciantes. “Soy bueno con los números, así que les hice toda la contaduría”, dijo Vásquez con una sonrisa tímida.
Después de tres años como miembro de segundo orden de la banda, fue atrapado por la policía y se asustó tanto que decidió enderezar el camino. Terminó el bachillerato, consiguió un trabajo en construcción, comenzó una familia e intentó mantenerse alejado de la banda. Eso funcionó hasta enero, cuando recibió una llamada de un antiguo colega apodado “El Gordo”.
El Gordo estaba en la cárcel pero seguía dirigiendo los negocios de la banda a través de su teléfono. Culpa de redadas policíacas la banda tenía poco personal y lo necesitaba para que trabajara temporalmente vendiendo drogas para así evitar que otras bandas rivales se quedaran con el mercado local, le explicó. Vásquez se rehusó, explicando que tenía un trabajo de verdad, que era el padre de dos niños y que su novia estaba embarazada del tercero. Unos días después, recibió una segunda llamada. Vásquez se volvió a negar.
Luego llegó la tercera llamada.
“El Gordo estaba furioso”, recordó Vásquez. “Me dijo que si no aceptaba el trabajo, me mandaría una bala en dos semanas”.
Vásquez y su familia buscaron refugiarse en la casa de su padre primero. Pero era a tan solo a unas cuadras y rápidamente fue detectado. Convencido de que los maleantes estaban a punto de golpear, Vásquez llamó al 123 y fue comunicado con el Protocolo de Prevención de Homicidios. La policía llegó después de una hora.
“No tenía a dónde más ir”, dijo Vásquez sentado en el comedor de la casa segura en la que la policía lo dejó. “Estoy tan agradecido”.
En las últimas dos décadas, los oficiales de la policía de Medellín han estado trabajando duro para evitar que ocurran este tipo de enfrentamientos. Han hecho redadas selectivas en las áreas con más crímenes, han ayudado a negociar ceses al fuego entre bandas y han arrestado a líderes de bandas. Más recientemente, un acuerdo de paz firmado en 2016 que acabó el largo conflicto de Colombia con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ayudó a reducir los niveles de violencia del país.
Además de vigilar, las autoridades han construido bibliotecas, parques y clínicas en los barrios marginales, además de un sistema de teleféricos que conectan a sus habitantes con el resto de la ciudad. El propósito de estas obras públicas es animar a la gente a que se enorgullezca de sus comunidades y a que comience a reclamarlas como suyas y no de las bandas.
El cambio puede ser sorprendente para quienes han vivido allí por mucho tiempo o quienes visitan con regularidad. Visité la Comuna 13 por primera vez en 2002, cuando las bandas estaban desaforadas. Este barrio está compuesto por casas humildes hechas de ladrillos rojos y techos de lata puestos sobre una colina que es demasiado empinada para que transiten carros o buses. Durante una de las entrevistas un líder de una banda enmascarado se ausentó abruptamente. Pocos momentos después se escucharon disparos de pistola. Luego, varios pandilleros salieron corriendo empujando una carretilla. En ella iba el cuerpo de un hombre que acababan de ejecutar.
Hoy, visitantes estadounidenses y europeos toman las modernas escaleras eléctricas en la Comuna 13 para ver artistas de graffiti, poetas callejeros y bailarines de breakdance. Compran pinturas y camisetas de recuerdo. Toman fotos y se relajan en bares de jugos con vistas panorámicas de la ciudad.
Señalando un mural de un ave fénix naranja, Daniel Marín, un guía turístico nacido en la Comuna 13, declaró “ahora, Medellín se está levantando”.
Daniel Marín, un guia turístico y nativo de Comuna 13
Pero la ciudad todavía tiene un camino largo por recorrer. Usando un marcador negro sobre un mapa de la ciudad que cubría la pared de su oficina, Fernando Quijano, un experto en crimen de Medellín, dibujo líneas a través del 70 por ciento de los barrios de la ciudad en los que, según él, los pandilleros operan con una impunidad relativa ya que sobornan a los oficiales para que se hagan los de la vista gorda. No es sorpresivo que muchas víctimas de la extorsión de las bandas y de otros crímenes no se molesten en reportarlos.
Andrés Tobón, el secretario de seguridad de Medellín, le dijo a AQ que desde que el alcalde Gutiérrez tomó posesión hace dos años y medio, la policía ha capturado a 100 líderes de bandas y a 2.500 miembros de bandas en un esfuerzo por “eliminar su zona de confort”. Añadió que 400 de los 7.000 oficiales de la fuerza de policía de Medellín han sido purgados por corrupción.
Un grupo de breakdancers de Comuna 13
Pero ha habido algunas vergüenzas de alto perfil. El año pasado Gustavo Villegas, el predecesor de Tobón en la secretaría de seguridad de Medellín, fue arrestado por supuestamente sostener negociaciones secretas con mafiosos. Y en otro caso sorprendente se descubrió que el escolta de un general de la Policía tenía un segundo empleo como escolta de un líder de una banda.
“Por eso es que las bandas prosperan”, dijo Quijano.
Peor Escenario
Mientras tanto, las bandas se han vuelto menos violentas y más eficientes. Ahora, los asesinatos, especialmente los de oficiales de la policía, son mal vistos en el bajo mundo, pues generan más represalias. las bandas ahora prefieren cooptar en vez de confrontar a las autoridades. Y a fin de cuentas usualmente pueden obtener lo que quieren (como el desalojo de habitantes que no quieren cooperar) sin tener que halar el gatillo.
“Las bandas simplemente usan la amenaza de homicidio”, dice Juan Diego Restrepo, un periodista veterano de Medellín que cubre el crimen organizado. “Incluso sin matar es algo muy violento”.
Como resultado, los teléfonos siguen sonando en el centro de atención telefónica de emergencias de Medellín.
Sánchez, la psicóloga que contesta llamadas, dijo que la primera prioridad es calmar a las víctimas para que puedan pensar con claridad sobre cuál es el mejor camino a seguir. Eso usualmente implica mudarse con amigos o familiares, o reubicarse en un área más allá de los límites territoriales de la banda. Pero cuando las personas que llaman parecen estar en grave peligro, la policía actúa para escoltarlos hacia otro lugar. Luego, las personas evacuadas son puestas en refugios temporales y eventualmente son enviadas a otras partes de Colombia.
La extracción es la opción más extrema. Implica dejar atrás prácticamente todo, casas, posesiones, trabajos y escuelas, para empezar de nuevo. Es una jugada de desesperación de último momento, un Ave María para salir del barrio.
El servicio es gratuito y está disponible para todo el mundo. De hecho, algunas peticiones de salvación han venido de miembros de bandas que han reñido con sus líderes. Nelson Ocampo, quien dirige el equipo de 12 personas del Protocolo de Prevención de Potenciales Víctimas de Homicidio, dice que las órdenes bajo las que operan es ser neutrales y no juzgar a las personas.
“Incluso si la persona es un criminal, esto no es problema para nosotros, pues nada justifica el asesinato”, dijo.
Ocampo es originario de Medellín y lleva mucho tiempo trabajando en varias formas de ayudar a los barrios problemáticos de su ciudad, incluyendo como entrenador de fútbol de docenas de niños de barrios marginales controlados por bandas. A sus 58 años, sigue siendo un idealista.
“Me siento bendecido por tener esta oportunidad”, dijo Ocampo. Incluso si el programa tan solo salva unas cuantas vidas, dijo, “para mí es como un milagro”.
Como muchos de sus colegas, Ocampo también se nutre del torrente de adrenalina del trabajo. Y algunos de sus casos más recientes los han puesto a comerse las uñas.
Un joven llamó de un teléfono público para decir que estaba siendo perseguido por los miembros de una banda y luego colgó abruptamente. Eso dejó a los operadores en suspenso por horas hasta que el joven volvió a llamar e hizo los arreglos para ser rescatado. Dejó la ciudad en bus al siguiente día.
Otro caso dramático involucró a Sandra Borja y a su hija de 23 años, Edith, quien tiene síndrome de Down. Confiados en que la policía no sospecharía de ella, los miembros de una banda obligaron a Edith a trabajar como mensajera, llevando pistolas y bolsas de cocaína en los bolsillos de una gran gabardina.
“Ella obedecía, pero no sabía lo que estaba haciendo”, le dijo Borja a AQ.
Cuando Borja se enteró, regañó a la banda y castigó a su hija. Poco después, cuatro miembros de la banda estaban frente a su puerta insistiendo que Edith trabajara para ellos. Le dijeron, palabras más, palabras menos, “tu hija o tu vida”.
Sandra Borja y su hija, Edith
Borja tenía pocas opciones. Edith, de 54 años, trabaja aseando casas y vino a Medellín en 1998 para escapar de la guerra de guerrillas que azotaba el norte de Colombia. Se vio obligada a cambiar de barrio unos años más tarde cuando una banda mató a su hijo de 19 años. Terminó en la Comuna 13, donde esta vez fue su hija que se convirtió en un objetivo.
Con el tiempo agotándosele (la banda le había dado a Borja una semana para que le entregaran a Edith), llamó a la línea de atención de 123. Las dos mujeres fueron llevadas a la casa segura en la que, junto a otra docena de personas evacuadas, contemplan cuál es el siguiente paso.
“Nos salvaron la vida”, dijo Borja. “Pero ahora tenemos que empezar de cero”.
En efecto, el torrente de adrenalina producido por un escape exitoso de muchas de las personas de la casa segura se ha convertido en ansiedad por el futuro. Dairo Rua, el esposo de la manicurista Lina Carmona, dijo que todavía fantasea con volver a su antiguo barrio con su pistola y vengarse de los rufianes que los obligaron a irse. Estaba frustrado por el hecho de que las autoridades de la ciudad, a fin de cuentas, les han hecho un favor a las bandas al mover a algunas de las personas que han resistido su poder.
“Eso envía un mensaje terrible”, dijo Rua.
En el centro de atención telefónica, la psicóloga Yohana Montoya, quien trabajó de cerca con Rua y Carmona, entiende su ira. Le gustaría poder hacer más, pero el programa es inmediato y limitado, como la ayuda para desastres. La supervivencia es lo que realmente importa.
Por lo menos, dijo, Rua y Carmona “pueden ir a hacer algo nuevo con sus vidas”.
