Odilon de Oliveira tiene 68 años y está preocupado por su jubilación– pero no por las razones que uno se imaginaría. Siendo uno de los jueces brasilerosmás vocales, de Oliveira ha mandado a docenas de narcotraficantes conocidos a prisión por largos períodos. Pero su trabajo ha venido con costos— él y su familia son objetos de frecuentes amenazas de muerte, y el PCC, una organización de narcotráfico, ha ofrecido $300,000 por su cabeza.
Esas amenazas significan que el juez depende de guardaespaldas para garantizar su seguridad – un servicio proporcionado por el estado del cual ya no dispondría si se jubila. De Oliveira recientemente dijo al periódico brasilero O Estado De S.Paulo que si le quitan la seguridad, tendría que salir forzosamente del país. “Soy rehén de la toga,” dijo.
El riesgo de ser juez en Latinoamérica no está limitado a Brasil. Desde México a Colombia e incluso hasta Uruguay, es común que jueces y fiscales tengan que enfrentar una variedad de intereses resueltos a impedir que hagan su trabajo—utilizando la violencia si es necesario. Pero a pesar de la posibilidad de persecusión política y daño físico, muchos jueces en toda la región continúan castigando a los que cometen delitos y contrarrestando esfuerzos para diluir la independencia judicial. Muy similar a los Top 5 “caza-corruptos” que AQ destacó en el 2016, estos líderes regionales son parte de un cambio histórico en Latinoamérica hacia más transparencia en el mundo de los negocios, la política y el estado de derecho. Además de de Oliveira, los siguientes son cuatro actuales y antiguos jueces cuyas historias vale la pena destacar:
Julia Staricco, 41, es una juez federal en Uruguay quien ha presidido sobre incontables investigaciones de la actividad de bandas criminales y ha liderado los casos de corrupción más grandes del país. Aunque Uruguay está clasificado como el país con el estado de ley más fuerte de la región según el World Justice Project, aún hay quienes están dispuestos a utilizar la violencia para perturbar investigaciones criminales. En el 2014, presuntos miembros de una banda de narcotráfico que había mandado amenazas de muerte a Staricco, atacaron su hogar y dispararon a su guardaespaldas. Staricco está ahora liderando investigaciones al Commando Barneix, un grupo de ex-militares que dijo que se vengaría por el suicidio de Pedro Barneix en 2015, un antiguo militar que se quitó la vida después de ser declarado culpable de homicidio político por la muerte de un policía local en 1974. El grupo ya ha mandado amenazas de muerte a varios de los jueces y fiscales más renombrados de Uruguay, incluyendo al fiscal general Jorge Díaz.
Miguel Ángel Gálvez ha presidido muchos de los casos criminales más importantes de Guatemala, desde cargos de alto perfil contra narcotraficantes hasta crímenes de guerra contra el ex-presidente general Efraín Ríos Montt. Gálvez también mandó a dos ex-gobernadores a la cárcel por cargos de corrupción. Por sus esfuerzos, el periódico guatemalteco Prensa Libre lo nombró en el 2016 “Persona del Año”—pero el reconocimiento también lo convirtió en un blanco. El juez de 54 años ha recibido amenazas y mensajes de intimidación a lo largo de su carrera, algunos relacionados al conocido caso de corrupción TCQ, que llevó a la detención y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y su vice-presidente, Roxana Baldetti en el 2016. La respuesta de Gálvez sobre su rol protagónico en casos de alto perfil? “Solo cumplo con mi trabajo.”
Karla Moreno era jueza criminal en Venezuela hasta el 20 de Febrero cuando renunció en medio de un caso contra tres periodistas que habían fotografiado una marcha en apoyo al líder opositor Leopoldo López, quien está encarcelado desde el 2014. Oficiales de la agencia de inteligencia estatal (SEBIN) presionaron a Moreno a mandar a los periodistas a la cárcel; Moreno consideró que no habían cometido ningún crímen y se rehusó. La decisión de la jueza de renunciar públicamente fue audaz, particularmente dado que en la Venezuela de hoy, ella misma podría haber sido quien terminara en la cárcel. En Diciembre del 2009, el antiguo presidente Hugo Chávez mandó a prisión a la jueza María Lourdes Afiuni después de que otorgara libertad condicional a un comerciante que había sido acusado de evadir controles de cambio—en contra de la disposición del gobierno. Afiuni fue sentenciada a arresto domiciliario en el 2011 y liberada dos años después, pero hasta hoy, está inhabilitada de practicar derecho en su país.
Luis María Aguilar Morales, 67, ha sido presidente de la Corte Suprema de México desde el 2015. Mientras estaba siendo considerado para el puesto, Aguilar presentó un plan de desarrollo judicial de cuatro años con el objetivo de proteger los derechos humanos, asegurar la reforma del sistema penal, y mejorar el historial judicial del país en los casos de corrupción. También ha enfatizado la necesidad de mirar de cerca a diputados, abogados y políticos para prevenir la corrupción. En el 2016, se expresó contundentemente sobre la necesidad de que el gobierno proteja a jueces federales y locales de amenazas de violencia, después del homicidio de Vicente Bermúdez Zacarías, un juez federal que había liderado casos contra narcotraficantes incluyendo el de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Al asumir el puesto, Aguilar enfatizo su intención de enfrentar con fuerza a grupos criminales organizados, asegurando que en su plan de cuatro años, el poder judicial tendría una “gran responsabilidad de hacer valer la preeminencia de los derechos humanos, de exigir y cumplir con la ley sin distención ni temor.”
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Russell es un editor y Krygier es una pasante editorial para AQ.
