El fracaso de América Latina en prestar atención a las mujeres está rezagando a la región. A pesar del gran éxito en la reducción de la pobreza y de la desigualdad de ingresos durante la primera década del siglo 21, la amplia brecha de género en la región continúa siendo un freno para el desarrollo futuro. No hay ejemplo más claro sobre esto que el de Centroamérica, donde la incapacidad para asegurar igual acceso de las mujeres a la educación, atención en salud y empleo, ha impedido el progreso económico y social.
Las estadísticas demuestran que para 2015 la mayoría de los países de Centroamérica alcanzaron los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Ese es un logro considerable. Pero a lo largo del 2000 el crecimiento económico promedio en la subregión casi nunca equiparó o superó al promedio Latinoamericano y Caribeño que alcanzó el 4 por ciento. ¿Qué explica este desencuentro? El trabajo realizado para lograr los objetivos del milenio casi no tuvo impacto en el mejoramiento de la vida cotidiana de las mujeres.
Hasta ahora quienes formulan políticas públicas han estado dispuestos a asumir que se transita por el camino correcto cuando se trata de los derechos de las mujeres. Sin embargo, tras considerar que las mujeres representan más de la mitad de la población de América Central, resulta evidente que la capacidad de las mujeres para participar en las economías nacionales es esencial en la realización del potencial que tiene la región.
Esto significa mucho más que simplemente asegurar derechos humanos fundamentales o crear nuevos puestos de empleo: significa empoderar a las mujeres como agentes de cambio. Lo que es necesario es contar con mejores herramientas jurídicas y regulatorias para asegurar que las necesidades de las mujeres sean explícitamente abordadas, además de hacer frente a los desafíos relacionados, tales como el mejoramiento de la salud materna, la reducción de la mortalidad infantil, y el combate de la malaria y de otras enfermedades infecciosas.
¿Cómo se puede lograr todo esto?
Para empezar, los gobiernos centroamericanos pueden desarrollar reformas en materia educativa y de salud que ya han mostrado su utilidad para ampliar el acceso a la educación primaria y a la atención en salud. Programas de protección social, como las transferencias monetarias condicionadas dirigidas a mujeres y niños en hogares pobres, han mejorado el ingreso familiar y generado una importante contribución al bienestar familiar.
No obstante, estos programas no han logrado llegar muy lejos. Las inequidades de género aún prevalecen en el acceso a la educación superior. La consejería adecuada en salud sexual y reproductiva es casi inexistente. Y las mujeres continúan enfrentando discriminación sistemática en el ámbito laboral, incluyendo más bajos salarios que el que reciben los hombres por la realización de igual trabajo.
El empleo informal, un indicador fundamental de la marginalización, ha alcanzado niveles alarmantes para las mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras (conocidos como el Triángulo Norte). De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más del 70 por ciento del total de mujeres que trabajan en la región ejercen un empleo informal. En otras palabras, siete de cada diez mujeres en estos países carece de acceso a la seguridad social y a otras coberturas que el empleo formal sí provee.
Además, las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios pueden condenar a las mujeres y a sus familias a los más bajos peldaños de la escalera económica. Los programas de seguridad social en Centroamérica se han concentrado, hasta hoy, más en la asistencia social y menos en la promoción de habilidades para la vida y en el entrenamiento laboral, limitando las capacidades de las mujeres para adquirir las cualificaciones y herramientas necesarias para ingresar al mercado laboral en condiciones más favorables. Si alguna vez las mujeres ingresaran al mercado laboral en condiciones de igualdad, necesitarán de un marco legal adecuado así como de políticas laborales proactivas.
Un esbozo de tal marco jurídico ya existe. Los países de Centroamérica han promulgado leyes sobre la violencia contra las mujeres, sobre la protección a la igualdad de género y sobre el fomento del empoderamiento de la mujer, todo basado en convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres. Pero los formuladores de políticas públicas a lo largo del Triángulo Norte han estado distraídos por los desalentadores desafíos de la segunda década del siglo: violencia pandémica, creciente flujo de emigración, brotes de enfermedades infecciosas tales como el virus del Chikungunya y el Zika, y los impactos económicos externos.
Como resultado de ello, los asuntos de género han pasado a ser una prioridad menor, y hemos tenido que aceptar a regañadientes un camino lento hacia la igualdad de género.
Pero con eso no se logra entender el punto. La igualdad de género es especialmente relevante en países donde la violencia, la emigración, y las familias encabezadas por mujeres han transformado el tejido social tradicional. Por toda Centroamérica, las mujeres hoy en día desempeñan un rol crítico en el mantenimiento de la estabilidad social así como en la satisfacción de las necesidades básicas de sus familias. Los desafíos urgentes de la región deben motivar a los formuladores de políticas públicas a dirigir sus esfuerzos hacia el mejoramiento de la condición de la mujer y promover su integración dentro de las economías nacionales como una parte vital para la solución de los arraigados problemas sociales.
A menos que los gobiernos tomen acción más firme para abordar las necesidades de las mujeres y cerrar la brecha de género, la esperanza de Centroamérica en construir democracias más maduras y alcanzar el desarrollo sostenible, no será realizada. Probablemente esta misma conclusión se pueda extender para la región latinoamericana en su conjunto.
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Ávalos es economista y consultora internacional en política social, y anterior Presidenta del Fondo de Inversión Social de El Salvador. Graduada de las Universidades de Vanderbilt y Católica de Lovaina, fue visitante académica durante el 2015-2016 del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos.
