La madrugada del 5 de enero de 2018, Patricia Gualinga estaba en su casa de Puyo, una población de la amazonía ecuatoriana, cuando oyó una conmoción fuera. Un hombre profería amenazas y tiraba piedras contra la vivienda.
En una entrevista con medios de comunicación locales, recordó que el hombre gritaba: “¡Hija de puta, la próxima te matamos!”.
Como lideresa de los pueblos indígenas kichwa de sarayaku, Gualinga sospecha que fue atacada por su campaña contra proyectos de extracción de petróleo que amenazan el medio ambiente.
Cuando los pueblos indígenas de todo Ecuador conmemoren el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo el 9 de agosto, activistas como Gualinga exigirán al presidente Lenín Moreno que cumpla su promesa de protegerlos a ellos y sus territorios. La jornada llega en un momento en que la reciente oleada de amenazas y ataques contra defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos, como el cometido contra Gualinga, ha puesto de relieve los riesgos a los que están expuestos.
Elegido en abril de 2017 tras ocupar durante seis años la vicepresidencia con Rafael Correa, Moreno buscó el apoyo de los grupos indígenas durante la campaña, distanciándose del presidente Correa, cuyas políticas y retórica habían tensado su relación con los pueblos indígenas. Tras tomar posesión de su cargo, Moreno tendió una rama de olivo al indultar a varios activistas indígenas muy conocidos que estaban en prisión por delitos supuestamente cometidos dos años antes, durante unas protestas.
Cuando, un mes después, Moreno se reunió con dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fue la primera vez en ocho años que líderes y lideresas indígenas se reunían con el presidente en el palacio presidencial. Allí, le hicieron entrega de un documento en el que exponían sus principales motivos de preocupación y pidieron que su gobierno protegiera a los defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos.
Pero la luna de miel no duró mucho. El descontento de los y las activistas indígenas con los planes del gobierno para atraer inversiones en minería —entre otras quejas— aumentó y, a finales de 2017, la CONAIE lideró una marcha de varias semanas desde Puyo hasta Quito para exigir un “diálogo con resultados”. La marcha culminó en una reunión con Moreno, que prometió que no otorgaría nuevas concesiones mineras a empresas que no cumplieran sus obligaciones medioambientales.
Ahora los y las activistas indígenas de derechos humanos dicen que el gobierno no ha investigado los ataques y amenazas cometidos contra ellos durante la primera mitad de 2018.
Aunque la presidenta de la nación sápara, Nema Grefa Ushigua, denunció haber recibido amenazas en abril, dice que el gobierno no le ha proporcionado medidas de protección, como cámaras de seguridad o protección policial.
“No voy a asustarme”, dijo en una conferencia de prensa celebrada entonces. “Como mujer sápara, voy a luchar por mi territorio”.
Y el 13 de mayo, Salomé Aranda, lideresa kichwa de la comunidad moretecocha, se despertó al amanecer por el ruido que hacían unos agresores no identificados que tiraban piedras contra su casa. Las autoridades no han revelado si se está investigando el ataque contra Aranda, que ha protestado contra la explotación petrolera en la cuenca del río Villano.
Gualinga, Grefa y Aranda pertenecen al Colectivo de Mujeres Amazónicas, que se reunió con Moreno en marzo para pedir medidas de protección para las defensoras de los derechos humanos, muchas de las cuales han recibido amenazas por su oposición a proyectos de extracción. En un tweet después de esa reunión, Moreno dijo que las preocupaciones de las mujeres indígenas eran legítimas, y que su gobierno estaba comprometido a protegerlas a ellas y a sus hijos.
Sin embargo, los ataques continuaron. En otro incidente, Yaku Pérez Guartambel, defensor de los derechos sobre el agua, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador y coordinador de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, fue atacado el 9 de mayo, mientras conducía, y lo mantuvieron secuestrado varias horas. Pérez dice que los atacantes dañaron su vehículo y lo acusaron de orquestar el reciente incendio de un campamento próximo perteneciente al proyecto minero Río Blanco.
Al día siguiente, Pérez presentó ante la fiscalía local una denuncia por secuestro, tortura e intento de asesinato.
“El responsable es este gobierno, que sigue, que continúa con el emprendimiento minero”, declaró después a la prensa.
Un juez civil suspendió más tarde el proyecto minero de Río Blanco tras resolver que no se había consultado previamente a las comunidades locales, aunque el gobierno recurrió la decisión. Poco después, el Ministerio del Interior denunció a varios activistas, Pérez entre ellos, acusándolos de sabotaje por bloquear supuestamente la carretera que va hacia el campamento minero el 6 de mayo. La fiscalía local los está investigando. El 3 de agosto, una Corte Provincial de Justicia desestimó el recurso y confirmó la suspensión del proyecto de Río Blanco.
Esta serie de ataques continuos y la impunidad que los rodea ponen de relieve los peligros que afrontan los defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos en Ecuador.
Las autoridades ecuatorianas deben reconocer la importancia del trabajo que llevan a cabo los defensores y las defensoras —incluidos los que se dedican a la defensa de sus tierras y el medio ambiente— y garantizar su seguridad. Como declaró Moreno ante la Asamblea General de la ONU en 2017: “Debemos no sólo proteger, sino aprovechar el conocimiento de los guardianes de la naturaleza: los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas”.
En cuanto a Gualinga, las autoridades locales han denegado su petición de ver las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia que podrían ayudar a identificar a su agresor. En julio, la fiscalía local archivó la investigación sobre el ataque.
“Defiendo los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas. Mi posición ante los temas extractivos, como la explotación petrolera, es muy clara”, dijo Gualinga cuando se le preguntó por el posible móvil del ataque. “No esperábamos que ocurrieran estas cosas (en este gobierno)”.
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Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional.
