Este artículo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre Venezuela después de Maduro. | Read in English
La salida de Nicolás Maduro podría tomar 10 semanas, 10 años o más, y es imposible saber con certeza quién o qué lo reemplazará. Sin embargo, expertos de universidades venezolanas, Harvard, FMI y otras organizaciones ya han comenzado a pensar cómo la economía del país, sus instituciones y, sobre todo, sus ciudadanos podrán recuperarse.
AQ habló con diversos investigadores para construir el siguiente calendario de cómo lucirían los primeros seis meses de un gobierno post- Maduro. Nos basamos en la (tristemente cuestionable) asunción de que el nuevo gobierno buscaría restaurar la democracia, atender de inmediato la crisis humanitaria, y reinsertar a Venezuela en la economía global. Intentamos presentar realidades políticas, en lugar de escenarios económicos idealistas.
Agencias internacionales inmediatamente comienzan a trabajar con grupos de la sociedad civil local para atender la crisis humanitaria en Venezuela. Un programa de tratamiento para enfermos de VIH, tuberculosis y malaria solamente, podía costar unos 120 millones de dólares.
La legislatura electa democráticamente, la Asamblea Nacional, recupera su autoridad. El cuerpo de gobierno creado por Maduro se invalida.
Nuevos jueces de la corte suprema, ya electos por la Asamblea Nacional en caso de una transición, reemplazan la corte partidista actual.
El nuevo gobierno solicita apoyo financiero de emergencia y asistencia técnica para la economía, a la Organización Panamericana de Salud, UNICEF, el FMI y otras organizaciones; la negociación de acuerdos a largo plazo para una estabilización con el FMI tomaría meses.
Países vecinos y líderes regionales ofrecen apoyo financiero para proveer suministros rápidamente y reconstruir la infraestructura, incluyendo hospitales y redes de transporte, necesarios para asegurar la entrega efectiva de la ayuda humanitaria.
Comienzan negociaciones de medidas políticas clave, desde el reemplazo del fiscal general a la elección de nuevos concejales, que requiere dos tercios del voto de los legisladores. Esto puede tomar tiempo, aproximadamente el 30 por ciento de los legisladores son chavistas.
El gobierno anuncia un calendario para eliminar controles monetarios; en un período de seis meses, una tasa de cambio de divisas fortalecida en aproximadamente un 30 por ciento con respecto a la tarifa de mercado negro actual, sería un éxito.
El nuevo plan económico incluye una iniciativa a largo plazo para combatir la inflación, que sería posible a través un sistema de junta monetaria o de la dolarización. Todo progreso en ese sentido requerirá una combinación de comercio exterior, reformas institucionales y, en caso de dolarización, una enmienda constitucional.
Si Maduro fuera expulsado antes del término formal de su presidencia, las reglas constitucionales indican que una nueva elección debería efectuarse dentro de los primeros 30 días.
En colaboración con mecanismos internacionales, el nuevo gobierno desarrolla un plan para desarmar colectivos, grupos milicianos pro- Maduro con cientos de miles de miembros que controlan buena parte del territorio venezolano.
Comienza una rebaja gradual del control de los precios de la gasolina y otros bienes. En aras de mantener el apoyo popular de las reformas, cualquier reducción de los subsidios viene acompañado de un compromiso claro a mantener o revivir el funcionamiento de los programas sociales.
El nuevo gobierno continúa planificando cambios a largo plazo en el sector petrolero, incluyendo la creación de un regulador independiente y la introducción de un sistema de subasta transparente. La incorporación de nuevo personal y el mantenimiento de las instalaciones de PDVSA ya habrían comenzado.
Las donaciones de alimentos y el incremento del comercio internacional permitirían al nuevo gobierno restaurar los programas de asistencia alimenticia para niños y mujeres embarazadas, como en la década de 1990.
Donaciones e inversiones en los cultivos de ciclo corto pueden producir una cosecha en un período de tres a seis meses; recuperar la producción estable de carne porcina y avícola puede demorar al menos un año. La recuperación total de la producción agrícola tomará una década o más, y costará entre 10 y 15 millones de dólares.
Comienza la transición de ayuda financiera de emergencia a acuerdos de financiamiento a largo plazo. Préstamos del FMI y otras instituciones acompañan la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela, estimada en unos 140 billones de dólares. Un plan de pago podría basarse en los precios futuros del petróleo.
El nuevo gobierno explora oportunidades para la condonación de la deuda, y busca firmar una moratoria de pago de la deuda con China y Rusia.
Legisladores desarrollan un plan para proteger a los activos extranjeros de Venezuela del embargo por parte de los acreedores, potencialmente mediante el pago con petróleo y otros fondos de PDVSA.
La Asamblea Nacional aprueba una ley para la transición democrática para procesar crímenes cometidos por ex oficiales del gobierno y promover la reconciliación. Incentiva la participación a través de sentencias a condenas breves y la concesión de amnistía.
El nuevo gobierno continúa la entrega de entre 15 y 17 billones de dólares en subsidios indirectos a los sectores del petróleo, alimentos y otros bienes — de los cuales actualmente se destina buena parte al ejército. En cambio, los fondos apoyarían directamente a las poblaciones vulnerables.
La producción petrolera de PDVSA llegó a alcanzar 3.5 millones de barriles diarios; actualmente está por debajo de los 2 millones. A diferencia de otros productores en declive, Venezuela sabe dónde yace buena parte de su reserva petrolera y los pasos necesarios para alcanzarla. Asistencia técnica, inversión extranjera y un compromiso de ampliar la reforma podrían estabilizar la producción en unos seis meses.
