Este artículo está adaptado de la edición impresa de AQ sobre el combate a la corrupción en América Latina. | Read in English
BUENOS AIRES —Un año de elecciones en uno de los países de América Latina más polarizados.
Una economía de rodillas.
Un presidente impopular.
No suena como un gran ambiente para realizar una reforma.
Sin embargo, una amplia coalición de grupos de la sociedad civil, líderes empresariales y políticos de partidos opositores ha logrado impulsar una ambiciosa ley de financiamiento de campañas por medio del Congreso argentino.
La historia de cómo sucedió desafía varias supuestas reglas acerca de cómo se producen las reformas anticorrupción. Para empezar, no hubo un solo líder que promoviera el esfuerzo.
“No es como si tuvieras a un Don Quijote contra los molinos de viento”, dijo Alan Clutterbuck, presidente de la Fundación RAP, un grupo argentino de la sociedad civil.
La reforma, que modifica la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos existente, busca reducir el dinero sucio en la política prohibiendo las donaciones en efectivo para campañas. Este sería un cambio realmente importante —durante la última campaña presidencial en 2015, 99% de las contribuciones se hicieron en efectivo, de acuerdo con CIPPEC, un think tank que promueve la transparencia gubernamental.
La nueva ley exige que todas las contribuciones a las campañas se realicen a través del sistema financiero y dedica más recursos a la regulación judicial del financiamiento de las campañas. La ley también permite formalmente las contribuciones de las empresas privadas en un intento por regular una práctica subrepticia que continuó incluso después de su prohibición en 2009.
El CIPPEC comenzó a presionar para mejorar el marco de financiamiento de las campañas en 2011. En los años subsiguientes, se asoció con grupos como RAP y Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. “En gran medida fue un trabajo informal y silencioso, pero que creó una conversación”, dijo Julia Pomares, la directora ejecutiva de CIPPEC.
El esfuerzo se estancó en el clímax de lo que los argentinos llaman “la grieta”, una amarga división entre los partidarios del presidente Mauricio Macri y los de su predecesora Cristina Fernández de Kirchner, quien ha dominado la política del país durante una década.
Incluso después de que el caso de soborno de Odebrecht implicara a gobiernos a lo largo de toda la región y de todo el espectro político, la corrupción siguió siendo sobre todo un tema de conversación partidista.
Pero las cosas empezaron a cambiar después de que un exfuncionario de obras públicas fuera descubierto en 2016 lanzando bolsas de dinero en medio de la noche por encima de la pared de un monasterio. Siguieron más escándalos. El año pasado, un periodista reveló lo que parecía ser una lista de donaciones falsas beneficiando a candidatos de las elecciones intermedias de la coalición de Macri. Un mes después, periodistas publicaron un presunto relato de un plan de sobornos de una década de duración detallado en una serie de cuadernos escritos por el conductor de un exfuncionario del gobierno. La operación supuestamente se extendió hasta Kirchner (ella niega haber realizado un acto indebido) y ha sido denominada como el caso de corrupción más grande de la historia de Argentina.
Comenzó a surgir un consenso sobre la necesidad de reformas. Hasta los escándalos, “no había voluntad política para hablar de un proyecto de ley de financiamiento de campañas”, dijo Hugo Wortman Jofre, el presidente del consejo de administración de Poder Ciudadano. Pero mientras los argentinos permanecían polarizados —según las encuestas , el caso de los cuadernos apenas cambió las lealtades de los votantes— los grupos de la sociedad civil lograron convencer a los partidos políticos opositores de que iniciaran un diálogo sobre la reforma de la financiamiento de las campañas electorales.
“Nos ayudaron a construir una relacion con actores de la oposición, sentándonos en la misma mesa”, dijo Adrián Pérez, secretario de asuntos políticos e institucionales entre el gobierno de Macri y el Congreso. Pérez trabajó de cerca con Dalmacio Mera, un senador del partido opositor peronista, para conseguir apoyo para la reforma en el Congreso. Mera, que dirige la comisión de asuntos constitucionales del Senado, le dijo a AQ que a pesar de su desacuerdo con gran parte de la agenda de Macri, abordó esta cuestión de forma pragmática.
“La calidad democrática está directamente vinculada al tema del financiamiento político”, Mera le dijo a AQ tomando una taza de té en su oficina del Congreso. “Hablo por mi bloque, desde el incio de la gestión de Macri, siendo nosotros oposición hemos tenido una actitúd de responsabilidad extrema con la gobernabilidad”.
Algunos tienen serias dudas sobre la eficacia de la reforma. Surgió cierta oposición por parte del partido de Kirchner, que criticaba el proyecto de ley por permitir que las empresas, pero no los sindicatos, financiaran las campañas. Elisa Carrió, una influyente senadora de la coalición de Macri, también se opuso a la disposición que permite a las empresas financiar campañas. Es una disposición problemática que se aparta de otras reformas necesarias, dijo la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), un grupo sin fines de lucro que trabaja contra la corrupción.
“La ley podría crear las condiciones para que las empresas comiencen a cooptar las políticas públicas, donde los partidos sólo puedan ganar elecciones con el apoyo de las empresas”, dijo Marcelo Giullitti Oliva, un abogado de la ACIJ especializado en desarrollo institucional.
Otros países han abordado la regulación del financiamiento de campañas de manera diferente. En el marco de la investigación de soborno de Odebrecht, Chile y Brasil prohibieron las donaciones corporativas a las campañas.
Los partidarios de la ley argentina, que pone un tope a las contribuciones corporativas y mantiene la prohibición de que las empresas públicas y los concesionarios financien campañas, dicen que añade un nivel de control a lo que ya ocurre.
“Tiene mucho riesgo la presencia de las empresas”, dijo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. “Y son las que financian efectivamente la política en Argentina. Con lo cual nosotros tomamos una partida que es decir generemos las condiciones para que aquellas empresas que quieren financiar en forma transparente, lo pueden hacer”.
Por lo general, las empresas han apoyado la reforma.
“Creo que será eficaz”, dijo Julio Crivelli, un abogado que tomó la dirección de la Cámara Argentina de la Construcción después de que varios expresidentes estuvieran implicados en el caso de los cuadernos. “La existencia de un marco legal es mucho mejor para las empresas que no tener regulaciones.”
De hecho, el apoyo del sector privado fue clave para la aprobación de la reforma. En febrero, más de 20 cámaras y asociaciones empresariales firmaron un editorial publicado por CIPPEC, RAP y Poder Ciudadano en medios de comunicación de todo el país, pidiéndole a los políticos que prometieran no aceptar contribuciones en efectivo en las campañas de este año. El Congreso aceptó el proyecto de ley al mes siguiente, después de tres intentos fallidos. Pasó al Senado un mes después.
Siguen pendientes cuestiones importantes relacionadas a la forma en que se aplicará la reforma en las elecciones presidenciales de este año. Enfrentando una dura reelección en medio de una alta inflación y desempleo, Macri espera que los esfuerzos de su administración por promover la transparencia atraigan a los votantes desilusionados con su desempeño económico.
Fernando Sánchez, secretario de fortalecimiento institucional dentro del gabinete de ministros de Macri y una destacada voz en su administración en materia de lucha contra la corrupción, ha sido un promotor clave del nuevo proyecto de ley de financiamiento de campañas. “Una campaña electoral puede ser el principio de las soluciones o el principio de los problemas de un país”, le dijo a AQ en su oficina en la Casa Rosada. “Una ley es necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que cambiar la cultura”.
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O’Boyle es editor sénior de AQ
