Recuerdo que, hace algunas décadas, las palabras más temidas por alumnos de secundaria eran: “preparen papel y lápiz para una prueba sorpresa.” Confieso que en alguna ocasión, en silencio elevé una plegaria para pedir una intervención divina que no dejara al profesor enunciar esas palabras.
Jamás me pasó por la mente que existiese la posibilidad de que otro docente, por ejemplo, ante los potencialmente devastadores resultados de las “pruebas sorpresa,” pusiese a alumnos dispuestos a hacer trampa en contacto con un conserje corruptible (con llave maestra de las instalaciones), con la finalidad que negociasen un intercambio de beneficios a través del cual se accedería a las preguntas de los exámenes con anticipación.
El que una figura de autoridad facilite el contacto y la coordinación entre dos actores “malos” para hacer algo indebido, implica una dosis de inmoralidad que hace que la situación antes planteada sea poco relacionable para la mayoría de personas y, por lo tanto, inimaginable. Esta torcida dinámica es la realidad que opera detrás de la iniciativa central de seguridad pública instaurada por el gobierno de El Salvador durante los últimos años.
Después que 2011 registrará la segunda incidencia anual de homicidios más alta de la última década, las estadísticas oficiales revelaron que en marzo del 2012, se experimentó una atípica y marcada disminución en la cantidad de asesinatos. Esta disminución coincide con el traslado de aproximadamente 30 cabecillas pandilleros de la prisión de máxima seguridad a presidios de seguridad más laxos. Ante la denuncia periodística de una posible negociación entre la cúpula de mando de las pandillas y las autoridades—que se argumentaba había posibilitado el movimiento de prisioneros a cambio de una reducción de homicidios—funcionarios de seguridad pública se apresuraron a: (1) negar la existencia de un acuerdo entre el Estado y estructuras criminales; (2) proyectar el traslado como parte fundamental de una iniciativa civil que buscaba lograr una tregua entre las principales pandillas.
Sin embargo, la reciente filtración en los medios de comunicación de grabaciones de los interrogatorios de exfuncionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por la Fiscalía General de la República, confirman las presunciones iniciales sobre el traslado de cabecillas pandilleros.
Durante los interrogatorios, los exfuncionarios revelan irregularidades cometidas en el intercambio de beneficios pactado entre el Gobierno y la estructura de mando pandillera. Pagos ilícitos a familiares de pandilleros y presuntos mediadores, el ingreso de mujeres que sostenían relaciones sexuales con jefes pandilleros en presidios, y los traslados ilegales de reos, son algunas de las concesiones mencionadas en las grabaciones que confirman que el Gobierno negoció una reducción en los homicidios registrados con grupos criminales.
Esta oscura y peligrosa interacción entre el Estado y grupos criminales trascendió al nivel local. El guión trazado por las autoridades que incursionaron la condenable iniciativa, incorporó la dispersión de responsabilidades en todo el espectro político. El Gobierno central promovió negociaciones entre alcaldes y cabecillas pandilleros de sus jurisdicciones.
En el contexto de El Salvador, esta interacción tiene graves peligros inherentes, resultantes de la vulnerabilidad exhibida por sus instituciones y funcionarios. Según los últimos datos recopilados por Transparency International, el 30% de los salvadoreños reportan haber pagado a un funcionario corrupto. Esta cifra es elevada al contrastarla con datos obtenidos en otros países. Los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, por ejemplo, reportan que solo el 5%, 4% y 1% de sus ciudadanos, respectivamente, aseguran haber pagado a un funcionario corrupto. La abismal diferencia entre los datos sugiere que los funcionarios públicos salvadoreños son altamente corruptibles.
Cualquier estrategia en este escenario, que implique propiciar una interacción entre funcionarios potencialmente corruptos y estructuras criminales, tendrá desenlaces nocivos. Ambas partes tratarán de instrumentalizar a la otra en función de sus intereses, abriendo así la puerta para que los políticos traten de manipular a las pandillas con fines electorales y éstas, por otro lado, obtengan la cobertura que necesitan para desarrollar sus actividades ilícitas.
Durante las recientes elecciones presidenciales, se observaron preocupantes síntomas de las consecuencias de la nueva interacción entre políticos y pandilleros. Las más públicas fueron las acusaciones mutuas que se hicieron los partidos políticos contendientes, señalando la presunta manipulación de las pandillas con fines electorales. Esto es sumamente grave.
Las agencias de cooperación extranjeras deben reconocer las graves ramificaciones de propiciar este tipo de interacción en contextos como el salvadoreño y, de esa forma, evitar contribuir a la creación de alianzas que complicarán aún más la seguridad pública en el istmo centroamericano.
