Pese a que la Cancillería ecuatoriana reportó de manera optimista la semana pasada que los países del continente “avanzan para una decisión de consenso sobre el cambio de sede de la CIDH,” otra parece ser la realidad frente a lo que opinan sus pares sobre esta materia.
La declaración ecuatoriana se produjo tras la terminación de la III Conferencia de los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, llevada a cabo el 21 y 22 de enero en Montevideo. Estas reuniones han sido promovidas por el grupo de países Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra America (ALBA) desde hace un poco más de un año como forma de mantener la discusión sobre lo que consideran debe ser el futuro de los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Como en sus dos ediciones anteriores, realizadas en Guayaquil y Cochabamba, a la reunión no fueron invitados todos los gobiernos de la OEA, sino solo aquellos que han ratificado la Convención de Derechos Humanos. Una movida política para acelerar las discusiones sin el contrapeso de países que se han opuesto a la visión del ALBA, como Estados Unidos y Canadá.
La apuesta ecuatoriana para esta reunión era consolidar una de sus prioridades: el traslado de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a un país latinoamericano. Y llegó con gran expectativa, pues con la ayuda de Uruguay, Ecuador presentó un informe técnico en donde, a su juicio, allanaba el camino para un apoyo masivo de los demás países.
Dicho informe sostiene que serían más los pros que los contras en el traslado, que la solución no requiere de un cambio legal muy complejo (pues simplemente se requeriría una modificación al estatuto de la CIDH) y que no requeriría de una inversión de fondos muy alta. El informe estima que el costo sería de tan solo 1.4 millones de dólares y propone repartir ese monto en cuotas diferenciadas por países que van desde los 100 mil a los cinco mil dólares.
Pero el lánguido resultado de Montevideo parece indicar que el propósito ecuatoriano de mantener la discusión va en decadencia. La convocatoria fue menor de lo esperado: solamente 14 de los 23 convocados asistieron a la cita. Venezuela, el gran aliado ecuatoriano en esta causa, no pudo asistir porque al retirarse de la Convención, perdió su derecho a ser invitada.
Las delegaciones además tuvieron un bajo perfil. Solo cuatro cancilleres se presentaron, incluyendo a Patiño, el canciller ecuatoriano y al dueño de casa, Luis Almagro. Ellos fueron acompañados por el canciller haitiano y por el canciller argentino, Héctor Timerman, quien incluso se retiró antes de terminar la reunión.
Según los pocos reportes que existen de lo sucedido (pues estas reuniones son a puerta cerrada), el consenso fue muy difícil en la sala. El borrador de declaración que había sido sometido a consideración de los participantes se aprobó luego de una serie de modificaciones que habrían sido promovidas por Colombia, Brasil y Chile. Además, México, Costa Rica, Panamá y Paraguay reservaron su posición hasta que los puntos financieros sean discutidos en los foros correspondientes de la OEA.
Al final, el tema del cambio de sede no llegó a ningún lado. El acuerdo final simplemente fue profundizar el estudio del informe inicial. Ningún país quiso hacerse cargo por ahora de la CIDH y por eso la declaración los exhorta a “expresar su interés en hospedar de forma permanente” a la comisión. Para completar, el Embajador paraguayo, Eladio Loizaga, en una entrevista criticó la propuesta aduciendo que el cambio de la sede de la CIDH “no pasa por el traslado” sino más bien por revisar procedimientos y entender “que el compromiso con los derechos humanos no solo pasa por el orden político.”
El gran riesgo de este revés de la cruzada del gobierno ecuatoriano es que cumpla su amenaza de denunciar la Convención Americana. Algunas fuentes de ese país aducen que la cancillería estaría estudiando retirarse de la propia Carta de la OEA y salirse del órgano político.
Esto sería un enorme retroceso para la región y un peligro serio para el pueblo ecuatoriano. Sin supervisión internacional sería casi imposible confrontar los desafueros del poder, que se pueden presentar en este o en cualquier otro gobierno. No importa la ideología.
Y además sería un retroceso para el propio gobierno ecuatoriano. Los foros políticos de la OEA son de los pocos escenarios—si no el único—en donde los países latinoamericanos le pueden hablar de tú a tú a los Estados Unidos, si es que de eso se trata lo que está detrás del problema.
Esta situación debería ser tomada como una prioridad por el grupo de países que ha sido encargado de promover que los Estados de la OEA que no lo son, se hagan parte de la convención. Es necesario actuar pronto y no tener que lamentarnos como sucedió con Venezuela. La acción diplomática de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) podría ser crucial.
Es una delicada situación que requiere una fina diplomacia: no se puede ceder a los intereses mezquinos de debilitar un sistema de protección de los derechos humanos por la incomodidad de un gobierno, pero a nadie le sirve un sistema que pierde sus miembros a cuenta gotas.
* Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia – www.dejusticia.org
