El quinto piso del edificio de la Organización de Estados Americanos (OEA) alberga la biblioteca Rómulo Gallegos, designada de esta manera para hacer un homenaje al primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este es un significativo reconocimiento del rol que asumió Venezuela en el sistema hemisférico de derechos humanos, incluso décadas antes de que se adoptara la Convención Americana de Derechos Humanos y de que se instalara en Costa Rica una Corte encargada de protegerla.
Una larga relación, con altos y bajos, que a partir de ayer entró en una de sus principales crisis con el retiro de Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Un acto jurídico internacional que, a pesar de ser muy preciso, ha dado lugar a muchas conjeturas. Se ha dicho, por ejemplo, que ya no habrá más supervisión en derechos humanos para Venezuela o que ya no podrán llegar más casos ante la Corte IDH.
Ni lo uno, ni lo otro. En primer lugar, Venezuela seguirá siendo monitoreada en materia de derechos humanos tanto por la CIDH, como por los órganos políticos de la OEA. Se está retirando de la jurisdicción de la Corte, pero no del todo el sistema. Para eso tendría que dejar todo el órgano político de la OEA.
En segundo lugar, a la Corte ya no podrán llegar violaciones a derechos humanos que sucedan a partir de la fecha, pero sí podrán presentarse todos los casos anteriores a su retiro, lo cual incluye todos los casos que aun están pendientes de decisión en la CIDH.
En cualquier caso, la salida de Venezuela de la órbita de la Corte es un amargo retroceso en la consolidación de un sistema regional de derechos humanos. Y lo que es peor, es el tufo de disputa política de este retroceso, en donde los derechos humanos terminan como efecto colateral de una disputa político-ideológica.
El mayor riesgo ahora es que Venezuela se sienta habilitada para desconocer los fallos que hoy en día la vinculan o de dejar de proteger a aquellas personas que el sistema internacional le ha ordenado proteger. Una primera prueba de fuego se vivió hace unos pocos días ante la Corte IDH con motivo de la audiencia del caso Allan Brewer Carías. Con temor se esperaba que Venezuela no asistiera ante la Corte o que lo hiciera para hacer un ataque político al tribunal. Afortunadamente, nada de esto pasó.
Pero ese fue simplemente el comienzo. No es muy ingenuo pensar que el verdadero desagrado vendrá cuando la Corte notifique su sentencia. Cualquier tipo de reproche, nada más y nada menos que en el caso de Allan Brewer Carías—a quien el Gobierno venezolano considera como el ideólogo jurídico del fallido golpe militar a Hugo Chávez en 2002—será una afrenta mortal para el chavismo.
Las perspectivas políticas de acercar nuevamente a Venezuela y al sistema de derechos humanos de la OEA se ven lejanas. La disputa ideológica continúa con el uso maniqueo del discurso de los derechos humanos y su sistema de protección, y esta situación tiene lugar en todos los frentes. En una oposición que enardece los ánimos haciendo un show político la presentación de la denuncia de Henrique Capriles ante la CIDH por el presunto fraude electoral del que fue víctima. Y en un gobierno que sigue presentando los órganos internacionales como el agente de negocios del imperialismo.
Así que en lo interno parce haber poca salida al impasse. Sobre todo hoy en día cuando el margen político del Presidente Maduro es tan limitado que una medida como esta—ordenada por el propio comandante Hugo Rafael—sería aprovechada por los opositores de su propio partido para sacar réditos políticos.
Las soluciones tendrán que venir entonces del ámbito internacional. Y allí la respuesta ha sido tímida. Apenas se han escuchado los amistosos llamados de Perú, y los lamentos de las organizaciones de derechos humanos, para que Venezuela reconsidere su posición. Pero los actores claves e influyentes poco se han movido.
De hecho, los líderes regionales han perdido preciosas oportunidades para demostrar las contradicciones venezolanas. ¿Cómo explicar que Venezuela sea admitida como miembro pleno del Mercosur sin ser parte de la Convención Americana cuando éste es uno de los requisitos estatutarios? o ¿cómo defender que los países del Alba—incluyendo a Venezuela —y otros tantos firmen una declaración en Guayaquil sobre universalidad del sistema interamericano cuando uno de ellos está en proceso de aumentar el problema de la falta de universalización?
Brasil, Argentina y Uruguay, entre otros, tienen la llave en sus manos. Y en algo puede contribuir a esta salida la propia CIDH a través del comisionado electo Paulo de Tarso Vanucchi, antiguo ministro del Gobierno Lula y más cercano al bloque ideológico del gobierno venezolano. De estas gestiones realmente dependerá si la decisión de Venezuela es un adiós o un simple hasta luego.
