Los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan una tormenta perfecta en lo económico y social a medida que buscan acelerar su recuperación postpandemia. Las comunidades vulnerables necesitan ayuda ante una mayor desigualdad y pobreza. La salud, educación y otros servicios sociales requieren de más recursos. Los gobernantes deben encontrar la forma de crecer equitativa y sosteniblemente en medio de más inflación, una demanda global debilitada y mayores niveles de deuda.
El desafío es aún más complejo para países con una baja proporción de ingresos impositivos por PIB—como es el caso para varios de ellos. Hay una correlación positiva entre la calidad de los servicios públicos y la carga fiscal.
La mejor forma para los gobiernos de salir de esta aparente trampa es avanzar simultáneamente en tres frentes: mejorar la eficiencia del gasto fiscal, combatir la evasión de impuestos y sacar grandes segmentos de sus economías de la informalidad—un proceso conocido como la “formalización económica”.
La buena noticia es que estas acciones son mucho más factibles de lo que muchos creen, y pueden generar importantes retornos económicos y políticos.
En primer lugar, la evidencia muestra que los gobiernos pueden hacer más con lo que ya tienen. Nuestras investigaciones estiman que las ineficiencias en los procesos de adquisiciones públicas, es decir, el otorgamiento de beneficios a aquellos que no lo necesitan (un fenómeno conocido como “filtraciones”), junto con otros desperdicios, suman alrededor de 4,4% del PIB de la región. Esto equivale a unos $200.000 millones al año—suficiente para eliminar la pobreza extrema en estos países. Sin embargo, las ineficiencias suelen ser pasadas por alto debido a la idea equivocada de que las recompensas son pequeñas, son demasiado difíciles de implementar y contribuyen poco para alcanzar importantes objetivos políticos. Lo cierto es que la eficiencia puede generar enormes ahorros en el corto plazo y le dan al gobierno la credibilidad necesaria para abordar reformas más difíciles.
Tomen el caso de las adquisiciones públicas. Al digitalizar y modernizar los sistemas de compras basadas en papel, Argentina y Perú lograron reducciones de costos de 4% y 10%, respectivamente. En Brasil, el cambio a un sistema de adquisiciones basado en catálogos electrónicos de productos y proveedores preaprobados llevó a una baja del 10% en el precio promedio pagado por productos a nivel federal, y un 20% en la ciudad de São Paulo. En Colombia, las herramientas digitales permitieron bajar el tiempo promedio para procesar las órdenes de compra de 31 días a menos de ocho horas.
Esta es una de esas situaciones en las que todos ganan: mejoramos nuestros servicios públicos y lo hacemos con menos recursos.
Una segunda área estratégica de mejora es reducir la evasión, la cual representa en promedio el 5,6% del PIB en América Latina y el Caribe. Muchos países han logrado buenos resultados al modernizar sus administraciones tributarias, utilizando herramientas digitales. Por ejemplo, la introducción de facturas electrónicas en Argentina, Brasil, México y Uruguay, entre otros, llevó a un aumento en la recaudación fiscal de hasta un 11% por varios años después de su implementación. El uso en Colombia de algoritmos que detectan errores llevó a más de 100.000 contribuyentes a pagar sus impuestos al valor agregado por primera vez. Medio millón de individuos completaron sus declaraciones de impuestos por primera vez gracias a estos algoritmos. Las administradoras de impuestos pueden usar el análisis de datos y técnicas de “big data” para facilitar el cumplimiento del pago de impuestos al pre completar formularios tributarios y tenerlos listos para su envío. En Chile más de nueve de cada diez contribuyentes utilizan este tipo de formularios automáticos para pagar sus impuestos al valor agregado (IVA), con una reducción en los tiempos de procesamiento del 60%.
Cómo combatir la informalidad
Una tercera área estratégica de acción es reducir la economía que opera en la sombra. Un 60% de los trabajadores carecen de contratos, y un 90% de las empresas son informales. Esto significa que nuestros países son menos productivos y hay más desigualdad.
La informalidad tiene un efecto real y perjudicial sobre la vida de las personas. Era ministro de Hacienda de Paraguay cuando tuvimos que cerrar la economía por tres meses al inicio de la pandemia para resguardar la salud de nuestra población. Esto significó implementar un programa de asistencia, y hacerlo sin demoras. Los países desarrollados típicamente utilizan los registros de contribuyentes para determinar quién debería recibir asistencia financiera. Esta opción no era viable en Paraguay por el gran número de personas—desde vendedores callejeros hasta trabajadores agrícolas—que no declara impuestos. Para muchos de ellos, dejar de trabajar significaba tener hambre.
Utilizamos un proceso de eliminación para determinar quién recibiría las transferencias: Los empleados públicos no eran elegibles; tampoco aquellos que contribuían a la seguridad social, o que pagaban sus impuestos, y así sucesivamente. El razonamiento era que esta gente tenía alguna fuente de ingreso y tenía menos necesidad de ayuda de emergencia. Aunque el sistema era imperfecto, evitó que muchos pasaran hambre. Por otro lado, reforzó la noción de que quienes pagan sus impuestos y siguen las reglas deben soportar cada vez una carga mayor sin necesariamente gozar de los beneficios.
La informalidad tiene muchas causas, pero la política fiscal es un ingrediente crítico. Cuando Brasil y Uruguay simplificaron sus regímenes impositivos para pequeñas y medianas empresas, el resultado fue una mayor actividad económica y más trabajos que generaron impuestos a la renta y contribuciones a los sistemas de pensiones, entre otros beneficios.
Investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo han identificado políticas que tienen un impacto positivo sobre la formalización. Por ejemplo, encontramos que entregar créditos fiscales a trabajadores sobre sus ingresos formales puede ser un incentivo potente para reducir la contratación informal. De la misma manera, el uso más amplio del IVA, en combinación con devoluciones de impuestos para poblaciones en comunidades vulnerables sobre sus compras formales, puede promover la formalización. También genera más ingresos fiscales y construye sistemas impositivos progresivos.
Como ministro tuve que implementar una reforma fiscal para generar mayores ingresos. Entendí que una reforma impositiva y fiscal exitosa debe basarse en un concepto de equidad: La mayoría de la gente se conforma con pagar más impuestos si percibe que todos están pagando su justo debido.
Los gobiernos que adopten una estrategia integrada basada en mejoras de la eficiencia en combinación con una optimización de la recaudación de ingresos y la reducción de la informalidad tendrán su recompensa al recibir más ingresos que, a su vez, permite una expansión de la asistencia social y de otros servicios públicos. A medida que una burocracia pública cuente con más recursos financieros y humanos puede brindar servicios de mejor calidad. Esto genera un escenario donde los ciudadanos confían más en sus gobiernos, lo que hará que más personas estén dispuestas a pagar más impuestos. De esta manera tendremos una fundación sólida para crecer de manera sostenible y equitativa.
—
López es vicepresidente de Sectores y Crecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo y ex ministro de Hacienda de Paraguay
