El juicio por genocidio y deberes contra la humanidad en contra de los ex-generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez dio inicio este martes, luego que la licenciada Jazmín Barrios, Jueza Presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, resolviera de manera negativa varios recursos interpuestos por la defensa y declarara abierto el debate.
El juicio estaba contemplado inicialmente para dar comienzo el 14 de agosto de este año; sin embargo, el Tribunal A de Mayor Riesgo lo adelantó para el 19 de marzo. Con anterioridad, la Corte de Constitucionalidad rechazó una solicitud de amnistía presentada por la defensa de Ríos Montt. Los abogados de los encausados en reiteradas ocasiones han argumentado que se ha violentado el proceso y que se han violado los derechos de los señalados, pues las pruebas ofrecidas de descargo no han sido aceptadas por el Tribunal que conoció en Primera Instancia.
La discusión de fondo se centra en la existencia o no del delito de genocidio imputado a ambos procesados. Durante la audiencia, hubo momentos en que la jueza tuvo que llamar la atención del público, que reaccionó en contra de uno de los alegados del defensor del General Ríos Montt, Francisco García Gudiel, quién señaló a organizaciones internacionales y peritos de haber recibido grandes cantidades de dinero para emitir sus criterios.
La sala de vistas de la Corte Suprema de Justicias se vio abarrotada. Se calcula que participaron más de 350 personas, público que se ubicó de acuerdo con sus posturas en lugares según estén a favor o en contra del enjuiciamiento. En las afueras, organizaciones de derechos humanos se encontraron a la espera del resultado de la primera sesión de un juicio que ha sido calificado como histórico.
Iniciado el debate, tanto el Ministerio Público como la querellante adhesiva, una organización de víctimas y los defensores de los acusados presentaron sus argumentos. Éstos últimos insistían en la violación al debido proceso y del derecho de sus defendidos.
Es la primera vez en el mundo que un ex-jefe de Estado es juzgado por delitos de lesa humanidad, en su propio país—un proceso que ha provocado reacciones variadas y ha polarizado aún más a la sociedad guatemalteca.
Durante el debate ocurrieron cosas inéditas. A Francisco García Gudiel, abogado de Ríos Montt, se le ordenó abandonar la sala después de que fuera rechazada una recusación contra la Jueza Presidenta del Tribunal. Además de separarlo del proceso se asignó a dos abogados para que lo defendieran—el Licenciado Moisés Galindo y el Licenciado César Calderón—con el argumento que conocen el proceso.
El Abogado Calderón denunció que es la primera vez que en Guatemala, en franca violación al Código Procesal Penal, se violenta de esta manera el debido proceso, ya que no pueden imponerle a un abogado que no es defensor público. El Tribunal rechazó su petición y le indicó que no se le estaba preguntando sino que era una orden del Tribunal.
La Presidenta del Tribunal pidió a la Policía Nacional Civil que revisara al público pues señaló que percibieron que se estaban usando aparatos para intentar escuchar la deliberación del tribunal.
El Ministerio Público en su alegato de apertura a juicio agradeció a las familias de las víctimas la persistencia y espera para que llegara este momento. Aseguró que van a probar que los acusados son responsables de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Reiteró la acusación del asesinato de 1771 personas del grupo Ixil en el departamento de Quiché, que se ubica al noroccidente de la capital guatemalteca, así como el desplazamiento de más de 29 mil personas, violación de mujeres, lesiones físicas, y quema de cosechas, entre otros. Mientras tanto, los defensores negaron la responsabilidad directa o indirecta en dichos actos de genocidio y otros hechos que se les imputan.
Previo al receso, la Jueza Barrios le leyó a los señalados los hechos delictivos que se les imputan y les hizo ver sus derechos. Tanto el General retirado Ríos Montt como Rodríguez Sánchez se abstuvieron de declarar. La audiencia entró en un receso y continuará con la recepción de las pruebas ofrecidas.
