En los últimos sexenios los políticos mexicanos han hablado constantemente de las “reformas estructurales” que el país necesita para modernizarse y progresar y que, por supuesto, casi nunca concretan. Hablan de la reforma política, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma electoral, la reforma energética y otras más igual de importantes. Y en efecto, el país está urgido de esas reformas, aunque éstas sean un poco distintas a las que plantean los miembros de la clase política. A continuación señalo algunas de las más importantes:
- Una reforma política que permita la reelección y una mayor participación ciudadana en el gobierno a través de figuras clave como la revocación de mandato y el plebiscito y que le quite el control del mismo a los partidos políticos a través de mecanismos como las candidaturas ciudadanas independientes.
- Una reforma educativa que le quite el control de la educación pública al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), que fortalezca la educación pública laica y gratuita, dotándola de calidad y permitiendo que llegue a todas las capas sociales.
- Una reforma electoral que le quite el financiamiento público a los partidos políticos, que establezca sanciones más fuertes a los que violen la legislación electoral y que les quite la prerrogativa de nombrar a los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral (IFE), permitiendo que sean los ciudadanos quienes los elijan de entre varios candidatos independientes.
- Una reforma administrativa que ponga controles estrictos al despilfarro de los diferentes órganos del gobierno, estableciendo límites salariales a los funcionarios públicos más acordes con la realidad nacional y sancionando a aquellos que no ejerzan el presupuesto que tienen asignado.
- Una reforma al sistema de justicia que le ponga fin a la impunidad de que gozan los miembros de la clase política o los grandes empresarios, impidiendo que la ley se aplique en base a la posición económica de los litigantes y poniendo fin al fuero militar. Además, se le debe quitar al Congreso y al Ejecutivo la facultad de nombrar a los ministros de la Corte, permitiendo que éstos, al igual que los fiscales, obtengan sus cargos por elección popular, lo que los volvería más independientes.
- Una reforma energética que le quite al sindicato de Pemex el control sobre la paraestatal y que le impida al gobierno utilizar a la empresa como fuente inagotable de recursos, fijando un límite coherente a los impuestos que ésta debe de pagar, permitiendo así que disponga de fondos suficientes para invertir en nuevas tecnologías y en la construcción de refinerías. Para ello no es necesario privatizarla, simplemente administrarla con honradez.
- Una reforma laboral que otorgue a los trabajadores el derecho a percibir salarios dignos que les permitan cubrir sus necesidades básicas; que haga transparentes las finanzas de los sindicatos y le ponga fin a la corrupción dentro de los mismos; que sancione la subcontratación y la violación sistemática de los derechos de los trabajadores.
- Una reforma hacendaria que establezca una base impositiva más justa y obligue a los grandes empresarios a pagar los impuestos que adeudan, así como permitir una distribución más justa de los recursos obtenidos por el fisco.
- Una reforma que permita a los grupos Indígenas obtener una posición más justa dentro de la comunidad nacional, que reconozca su singularidad cultural y les permita la libre administración de sus recursos.
Éstas y otras más no menos importantes son las reformas estructurales que México necesita para lograr un desarrollo más acorde con sus necesidades actuales. Aunque, desde luego, está por verse que la clase política mexicana las apruebe.