Las palabras Conflicto Armado habían desaparecido del vocabulario político del país los últimos ocho años gracias a directrices expresas del gobierno de Álvaro Uribe, que en cambio las reemplazó por “amenaza terrorista”, “narcoterrorismo” o simplemente “terrorismo”. En línea con la doctrina del presidente George Bush que delineó el Patriot Act para ampliar las herramientas que facilitaran la persecución y captura de sujetos vinculados con organizaciones terroristas luego de los ataques sucedidos el 11S de 2001, en Colombia se expidieron varios decretos y leyes que buscaban el mismo fin: Enfrentar la “amenaza terrorista” y consecuentemente a las organizaciones que entonces fueron rotuladas en las listas de “terroristas” como las guerrillas de las FARC y el ELN, y las paramilitares AUC.
Algunas de estas directrices derivaron en perversas prácticas como los llamados “falsos positivos”, es decir el asesinato de civiles de manera extrajudicial, quienes luego eran disfrazados como guerrilleros dados de baja en combate, lo que les aseguraba a las tropas conseguir premios por los resultados contra el “enemigo”. También permitieron que la agencia del Inteligencia del Estado (DAS) se convirtiera en un aparato de espionaje contra periodistas, opositores, sindicalistas y magistrados, personas que para el gobierno podrían suponer una “amenaza terrorista”.
Esta semana sin embargo, lo que se negó durante ocho años, fue de nuevo reconocido por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que lleva nueve meses en el poder. En el marco de la discusión de la Ley de Víctimas, un proyecto bandera del gobierno que busca reparar a las víctimas de la violencia guerrillera y paramilitar tanto en la restitución de tierras como en la satisfacción de memoria histórica, se volvió a hablar de la existencia de un conflicto armado, demanda que por años hicieron organizaciones sociales y activistas por la paz, que veían en esta negación una puerta cerrada para la salida política y negociada a la guerra.
Aunque gran parte del intenso debate sobre la Ley en mención se había centrado sobre el punto de partida del reconocimiento y la reparación a las víctimas (hasta ahora el consenso mantiene la fecha del 1 de enero de 1985 para acceder a la reparación económica y el 1 de enero de 1991, para acceder a la restitución de tierras) hubo unanimidad entre los congresistas para mantener el término Conflicto Armado, entre otras cosas, porque circunscribe el reconocimiento de víctimas a quienes han padecido los horrores de la guerra y blinda al Estado de reclamos de víctimas por otro tipos de violencia como aquella fruto de la inseguridad ciudadana o callejera.
Lo curioso es que la discusión semántica se ha pasado por alto en aprobaciones de otras leyes como la Ley de orden público, la ley de desmovilización o el mismo Código Penal que hablan de Conflicto Armado no solo para definir la situación violenta en que ha estado Colombia por más de 60 años, sino para establecer castigos y/o rebajas de penas para aquellos miembros de organizaciones armadas ilegales. El tema por supuesto, pasa por un ángulo político en el que la ley en discusión, está reconociendo por primera vez derechos de las víctimas y no de los victimarios.
Los contradictores vinieron del partido de la U, quienes manifestaron que el reconocimiento del Conflicto Armado ponía en el tapete otra vez el tema del estatus de beligerancia para los grupos armados. Como ya tiene acostumbrado al país, los primeros rechazos aparecieron en los tweets del ex presidente Uribe: “No hay razón legal para vincular reparación de víctimas con reconocimiento de terroristas”; “Hemos reparado víctimas sin reconocer a los terroristas”; “Terroristas no reúnen elementos para status de beligerancia, por qué les abren la puerta?”.
Cabe aclarar en primer lugar que el estatus de beligerancia es una discusión de largo aliento que implica entre otras cosas que un tercer estado reconozca y legitime a los grupos armados en Colombia como actores políticos dignos de interlocución y negociación, alcance que la Ley de Víctimas no contempla, ni ningún Estado se está atribuyendo. En segundo lugar es muy improbable que el término “terrorista” vaya a desaparecer de la semántica colombiana pues es innegable que las organizaciones armadas ilegales cometen actos terroristas, aunque sea totalmente debatible si deben estar todavía en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos al lado de otras como Al Qaeda.
En tercer lugar y como bien lo sostuvo el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, reconocer el Conflicto Armado es un tema esencial para exigir que tanto los grupos irregulares como las fuerzas armadas del Estado Colombiano acaten y respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y consecuentemente varios de los tratados internacionales que el país ha firmado en línea con convenciones de Derechos Humanos. Incluso la labor de organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la liberación de secuestrados o atención a enfermos en zonas de guerra, se sustenta en que es un organismo neutral que opera en un territorio donde existen unas partes reconocidas y un conflicto armado vigente.
En cuarto lugar, una cosa es reconocer el conflicto y otra muy diferente hablar de una salida política a éste, que ni siquiera se vislumbra en el corto plazo pues el gobierno, aunque ha abierto discusiones antes cerradas para temas gruesos como reparación y memoria, no ha renunciado aún a una salida militar y el debilitamiento de las guerrillas. El discurso de la seguridad democrática se mantiene, ahora mutado en la llamada prosperidad democrática y la unidad nacional. No obstante no sobra reconocer un estado de cosas en el que vivimos hace 60 años: Un Conflicto Armado.
*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a AQ Online. Es periodista colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.
