Por Richard M. Aborn y Ashley D. Cannon
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En todo el continente americano, millones de personas desbordan las cárceles en espera de juicio. He aquí siete maneras en que los gobiernos y activistas pueden tratar este creciente problema de derechos humanos.
Cada año, en todo el mundo hay millones de personas en la cárcel sin ser condenadas —frecuentemente durante meses—mientras esperan por un juicio. Resulta preocupante que, a pesar de que los derechos a la libertad, seguridad e igualdad ante la ley son los pilares de los sistemas judiciales en todo el continente americano, la detención previa a juicio se esté utilizando a una tasa dos a cinco veces mayor que el promedio internacional, y su uso continúe creciendo libremente.
El impacto de esta práctica injusta, perjudicial e inhumana se extiende más allá del detenido hacia las familias, comunidades y el mismo gobierno.
La detención previa a juicio tiene un propósito importante en el proceso judicial, pero en la práctica, su uso excesivo y arbitrario atrapa a personas inocentes en un limbo legal, forzando la capacidad de las ya superpobladas prisiones y socavando el respeto hacia el sistema de justicia penal.
Diferencias entre las definiciones legales complican los esfuerzos por medir y comparar las prácticas de prisión preventiva de todas las jurisdicciones nacionales. Las condiciones en que se mantiene a los detenidos también varían ampliamente, desde celdas temporales en comisarías hasta prisiones. Por otra parte, la falta de transparencia del gobierno dificulta la obtención de datos confiables. Sin embargo, existen múltiples maneras de calcular el grado de uso de la prisión preventiva, entre las que se incluyen el número total de detenidos en espera de juicio, la proporción de la población penitenciaria total que no ha sido condenada y el número de detenidos en espera de juicio en proporción a la población general.
En un día cualquiera, la población total en prisión preventiva en la mayoría de los países del hemisferio occidental promedia menos de 20,000 personas. No es de extrañar que los países con las poblaciones en prisión preventiva más altas calculadas en un día promedio sean aquellos con las poblaciones generales mayores. Los Estados Unidos encabezan la lista con 487,000, seguidos por Brasil (190,000), México (98,000), Perú, Colombia y Argentina (31,000–34,000) y Venezuela (29,000).1
Como resultado de estos altos índices de prisión preventiva, en la mayoría de los países del continente americano entre 10 y 40 por ciento de toda la población encarcelada se encuentra tras las rejas sin una condena. La proporción más alta de detenidos en espera de juicio entre la población total de presos la tiene Bolivia (83.6 por ciento), seguida por Paraguay (71.2 por ciento), Haití (67.7 por ciento), Venezuela (66.2 por ciento), República Dominicana (64.7 por ciento), Uruguay (64.6 por ciento), Panamá (60.8 por ciento), Perú (58.6 por ciento), Guatemala (54.4 por ciento), Argentina (52.6 por ciento) y Honduras (50.1 por ciento).2
Otra forma de medir dónde es más alta la prisión preventiva, es calculando el índice de prisión preventiva en proporción a la población general. Esto nos ofrece una comparación estandarizada de todos los países de diversos tamaños que no resulta alterada por cambios en la población penitenciaria sentenciada. Aquí, varios países superan por mucho el promedio global de 40 detenidos en espera de juicio por cada 100,000 habitantes de la población general. Panamá (223) encabeza la lista, seguida por Uruguay (180), EE.UU. (157), República Dominicana (136), El Salvador (113) y Perú (111).3
En la mayoría de las jurisdicciones del continente americano, la ley les exige a las autoridades que presenten al individuo arrestado ante un funcionario judicial dentro de 24 a 72 horas del arresto. Si el acusado no recibe la libertad provisional bajo palabra o no puede pagar la fianza, puede pasar meses detenido mientras su caso está en espera.
Resulta devastador que en algunos países (incluyendo Bolivia, Argentina, Panamá y Paraguay) los informes de las organizaciones de derechos humanos y de los gobiernos reporten que los detenidos pueden pasar largo tiempo presos, esperando incluso que se presenten cargos en su contra. En Bolivia, que ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a la proporción de detenidos en espera de juicio con respecto a la población penitenciaria total, se calcula que 75 por ciento de los detenidos sobrepasaron los límites de 18 a 36 meses de prisión preventiva que establece la ley.4 En Argentina, donde la ley permite la detención preventiva con fines de investigación hasta por dos años, los detenidos pueden esperar de tres a seis años antes de ser juzgados.5 Según el Departamento de Estado de los EE.UU., las causas de estos incumplimientos van desde la corrupción judicial y los escasos y sobrecargados defensores públicos, hasta el seguimiento inadecuado de los casos.6
En Panamá, que tiene el índice de prisión preventiva más alto del mundo, es común la detención preventiva prolongada sin un juicio. Los detenidos pueden esperar más de un año por un juicio debido a ineficiencias en el sistema legal y al uso de un sistema inquisitorial escrito.7 En Paraguay, donde la ley permite la detención sin juicio hasta que el acusado complete la sentencia mínima para el presunto delito, la prisión preventiva puede variar de seis meses a cinco años.8
Muchas personas que han pasado tiempo detenidas pueden ser absueltas o puestas en libertad sin ser juzgadas. Otras pueden ser declaradas culpables de delitos menores que no conllevan una sentencia en prisión o pueden recibir sentencias de penas menores que el tiempo que pasaron detenidas.
En los EE.UU., el país con la mayor población en detención preventiva del mundo, a 20 por ciento de los detenidos eventualmente les fueron suspendidos sus casos o fueron absueltos.9 Después de la larga espera por un juicio en Argentina, 30 por ciento de los detenidos fueron absueltos.10 En México, 14 por ciento de los detenidos fueron absueltos; de aquellos condenados, 85 por ciento recibieron sentencias de menos de cinco años, lo que significa que su detención excedió la sentencia.11
La experiencia de la detención puede acarrear daños perdurables para el detenido. La pérdida de la libertad y la seguridad, y el hecho de resultar aislado de la familia y los amigos puede tener un impacto psicológico duradero.12
Además, la exposición a la violencia entre los detenidos, las amenazas de violencia por parte de otros presos e incluso de los guardias y la violencia directa, que va desde actos de humillación hasta la violencia física o la agresión sexual, también traumatiza frecuentemente a los individuos.13 Según se informa, los presos en Bolivia han sido obligados a pagarles a otros presos un “seguro de vida” para que cesen las golpizas y torturas.14 Los EE.UU. han calculado que por lo menos 13 por ciento de los presos han sido agredidos sexualmente.15
Impacto más allá de la celda
La detención preventiva afecta a todos los miembros de la sociedad —los detenidos, sus familias y la comunidad— traduciéndose en una amplia gama de costos personales, sociales y financieros. Irónicamente, la detención preventiva tiene un impacto no deseado sobre factores correlacionados con futuros delitos criminales —empleo futuro y la oportunidad de socializar con criminales.16
La detención puede causar la pérdida del sueldo o del empleo, lo que acarrea consecuencias colaterales severas para el individuo, su familia y la sociedad en general. La pérdida del ingreso y de la capacidad de mantener a los miembros de la familia o de pagar por la vivienda puede llevar a algunos individuos a cometer actividades delictivas.
La prisión preventiva también crea un círculo vicioso: muchos de quienes se encuentran atrapados en ella ya son pobres e incapaces de pagar una fianza, lo que dificulta aun más su capacidad de obtener la asistencia legal que les ayude a negociar los escollos del sistema judicial.17 Por ejemplo, en Bolivia se calcula que 70 por ciento de los detenidos no pudieron pagar por asistencia legal.18 La cantidad de ingresos perdidos por los detenidos en espera de juicio se ha calculado en 1.3 billones de pesos (aproximadamente 100 millones de dólares) en México (2006);19 y en casi 40 millones de pesos (más de 10 millones de dólares) en Argentina (2009).20
Las investigaciones también indican que la prisión preventiva aumenta la probabilidad de que una persona sea condenada, y aumenta la probabilidad de que una persona sea sentenciada a prisión.21
Los efectos de la prisión preventiva en la justicia resultan iguales incluso después de controlar factores tales como la seriedad de los cargos, condenas previas y las evidencias contra el acusado.22 Las explicaciones de esto incluyen la incapacidad del acusado para presentarse a sí mismo de una manera favorable, la carencia de asistencia legal, las ineficiencias del sistema y los alegatos de parcialidad o corrupción.23 Por otra parte, los detenidos no tienen la oportunidad de recomendarle al tribunal que deberían permanecer en la comunidad, por ejemplo, recibiendo o manteniendo un empleo, manteniendo o restableciendo lazos familiares, participando en programas de tratamiento y estableciendo un registro de cumplimiento con las condiciones de la puesta en libertad.24
Una salida
Los gobiernos y los profesionales del derecho pueden tomar medidas para reducir esta pesada carga sobre la sociedad —para hacer la detención más justa, menos dañina y más humana. Reducir las cifras de quienes están en prisión preventiva y el tiempo que pasan en la cárcel esperando por un juicio no requiere necesariamente la revisión de las leyes existentes. Puede lograrse mediante ajustes a los procedimientos e instituciones existentes —e invariablemente significa replantearse el enfoque actual del crimen y el castigo en muchos países.
Un primer paso de importancia crítica es asegurar el acceso a la asistencia legal para todos los acusados, incluyendo informar inmediatamente a los detenidos sobre sus derechos. Varias jurisdicciones (como Inglaterra y Gales, Ucrania, Nigeria y Malawi) ahora asignan abogados, asistentes de abogados o estudiantes de derecho a las comisarías y/o a las instalaciones penales para informar a los detenidos acerca de los cargos, las posibles consecuencias y cómo obtener representación legal. Otras jurisdicciones proporcionan acceso gratuito a un abogado a través de una autoridad de asistencia jurídica para que el acusado esté representado ante la corte. Los asesores legales también deben tener acceso al detenido, de manera que el acusado pueda ayudar en su propia defensa.
He aquí siete maneras adicionales para comenzar a tratar el desafío de la prisión preventiva excesiva.
1. Reunir suficientes datos para apreciar el panorama completo antes de buscar un cambio
Las consecuencias de la prisión preventiva son fáciles de generalizar en todas las jurisdicciones; sin embargo, las causas no lo son. Los sistemas de justicia están compuestos de muchos organismos que influyen en varios puntos de decisión. Quienes deseen reformar el sistema deberían comenzar por reunir datos de cada punto de decisión, consiguiendo información sobre quién está en el sistema y por qué. Recopilar información detallada sobre cada delincuente, tal como su nivel educativo, estado laboral y estado civil, además de información relevante al caso, puede ayudar a informar dónde deberían adjudicarse los recursos y cuáles delincuentes pueden ser supervisados de manera segura en la comunidad.
Una vez que se estructuran los datos para proporcionar un panorama completo del sistema de justicia, los reformadores pueden identificar las áreas problemáticas y concentrarse en las soluciones. Por ejemplo, la recopilación y el análisis de datos permitió la reforma de las políticas y prácticas de detención juvenil de la Ciudad de Nueva York. Al recopilar datos que iban desde el prontuario delictivo hasta la asistencia a la escuela y la participación de los padres en el proceso judicial, los investigadores del Instituto Vera de Justicia y los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Nueva York identificaron los factores que se correlacionaban con las detenciones repetidas y con el incumplimiento a la hora de presentarse al tribunal.
Los investigadores pudieron desarrollar e implementar un instrumento de evaluación de los riesgos previa al juicio para informar sobre las decisiones judiciales de la detención, y una gama de opciones de detención diferentes con base en la comunidad, apropiadas para cada nivel de riesgo.25 Tales modelos de evaluaciones de los riesgos previas al juicio están funcionando actualmente en varios sistemas de tribunales comarcales y estatales por todos los EE.UU. Por otra parte, muchas jurisdicciones de los EE.UU. usan los datos para ayudar a determinar cambios legislativos o inversiones programáticas diseñadas a promover la justicia en el sistema de justicia penal.
2. Usar el tiempo previo al juicio como una oportunidad para intervenir de manera significativa en las vidas de los delincuentes
El lapso entre el arresto y la sentencia proporciona una oportunidad única para identificar y tratar las necesidades subyacentes que llevaron al delincuente al sistema de justicia. Con demasiada frecuencia, las cárceles y prisiones en todo el continente americano se han convertido en depósitos de individuos menos educados, desempleados, adictos a sustancias controladas, o que tienen necesidades médicas o de salud mental. Aprovechar la ocasión para identificar estas necesidades y conectar a los individuos con los servicios sociales al inicio de su caso procesal proporciona la oportunidad de realizar una intervención rápida.
Al acelerar el proceso mediante el cual el acusado es llevado a juicio, ese sistema también proporciona un fuerte incentivo para que los individuos cumplan. Esta intervención rápida es especialmente valiosa cuando se trabaja con jóvenes, quienes frecuentemente no tienen la capacidad mental de comprender las consecuencias a largo plazo. Al implementar una intervención poco después de la actividad delictiva, mejoran las probabilidades de que una persona joven relacione la respuesta con su comportamiento.
3. Comenzar a planificar para la liberación temprana
Casi todos los delincuentes que están encarcelados eventualmente regresan a la comunidad. Los delincuentes pueden tener necesidades subyacentes que los llevaron a cometer el delito. Para ayudarlos a evitar reincidir, debería proporcionarse planificación para la transición a los detenidos y sus familias, de manera de asegurar que estén conectados a los servicios y sistemas de apoyo disponibles en la comunidad —este proceso puede tomar días o semanas (o más). La planificación para esta transición debería comenzar cuando el individuo comienza su detención; no debería esperar hasta el final del tiempo de detención ni hasta después de su liberación.
4. Mejorar las condiciones de reclusión
La superpoblación exacerba los riesgos inherentes a los correccionales y pone en peligro la seguridad tanto de los presos como de los funcionarios penitenciarios. Si es necesario, después de analizar los datos, las instalaciones penales deberían ser ampliadas o remodeladas para mitigar la superpoblación y mejorar las condiciones. Esto requerirá que los gobiernos y los funcionarios públicos dediquen más recursos y atención a encarar las condiciones penales que son espantosas en muchos países.
Al planificar la ampliación, los funcionarios también deberían considerar agregar espacio para proveer servicios que traten las necesidades de la población de detenidos (tales como atención médica, programas educativos y entrenamiento laboral). Las investigaciones recientes indican que a los presos que mantienen contacto con miembros de la familia que los apoyan mientras están encarcelados les va mejor cuando son puestos en libertad.26 Para respaldar este contacto, el espacio para que los presos puedan encontrarse con sus familias, así como con los asesores legales, también debería ser una parte de los planes de construcción.
5. Colaborar
El sistema de justicia involucra a muchos organismos diferentes y tiene contacto con individuos que presentan una amplia gama de necesidades. Los reformadores deberían atraer a los funcionarios del gobierno, los profesionales, los investigadores, los responsables de formular las políticas, y las ONG del sistema y de especialidades relacionadas como la salud pública, la anticorrupción y el desarrollo socioeconómico para desarrollar estrategias y llegar a un consenso. Estas asociaciones no sólo pueden ayudar a lograr reformas legislativas, sino que también pueden sustentar el desarrollo y la implementación de programas y servicios institucionales, la planificación de la transición y la coordinación de remisiones desde la comunidad.
6. Experimentar
Dada la novedad y la naturaleza multifacética de este problema, los reformadores tienen que estar dispuestos a probar diferentes opciones mediante proyectos piloto a pequeña escala, así como a explorar ejemplos de otras jurisdicciones. El conocimiento de los esfuerzos y resultados de otros puede ayudar a los reformadores a superar retos que inicialmente pueden parecer insalvables, y potencialmente inspirar nuevas estrategias. Bien sea que los reformadores decidan replicar los programas existentes o desarrollar un nuevo concepto, probar programas piloto puede ahorrar dinero y permitir a las comunidades medir el impacto antes de invertir en un cambio a gran escala.
7. Reinvertir lo que se ahorra
La detención (ya sea la preventiva o la que tiene lugar después de la condena) es cara. Por ejemplo, en México el costo anual directo de la prisión preventiva en 2006 se calculó en 5.8 billones de pesos (454 millones de dólares);27 en Argentina fue de 294 millones de pesos (75 millones de dólares) en 2009.28 Las consecuencias de la detención resultan en mayores costos para la sociedad, aumentando los gastos que ya son grandes. Cada dólar de nuestros impuestos invertido en la encarcelación puede significar menos dinero invertido en los servicios correlacionados con la reducción del delito (tales como los servicios sociales, de salud, de vivienda y de educación).
La reducción del uso de la prisión preventiva podría permitir dirigir los fondos a la prevención de la delincuencia y a otras áreas que está demostrado aumentan la seguridad pública.
Al hacer la prisión preventiva más justa, menos dañina y más humana, podremos administrar mejor la justicia, proteger los derechos humanos básicos y construir comunidades más seguras. Pero se necesita la acción rápida para que la nueva generación de nuestros jóvenes no sea víctima de los efectos negativos del tiempo prolongado y frecuentemente innecesario tras las rejas. El replanteamiento fundamental de cómo nuestros sistemas de justicia tratan a los detenidos no condenados salvará vidas y ahorrará dinero en el futuro.
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*Richard M. Aborn es presidente de la firma consultora CAAS LLC, donde trabaja a nivel global con distritos policiales, organismos de justicia penal, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro desarrollando estrategias para reducir y prevenir el delito.
*Ashley D. Cannon es experta en política de la justicia penal y trabaja con CAAS LLC.
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