Reducir los homicidios
Qué Están Haciendo Los Presidentes
AQ examines how the region’s leaders are tackling homicides
por Emilie Sweigart
La epidemia de asesinatos en América Latina es una tragedia espantosa. Pero también es un desafío de política pública complejo que parte de los problemas que han plagado la región durante décadas: tráfico de drogas, crimen organizado, contrabando, minería ilegal, derechos a la tierra y, en algunos casos, violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Aquí, AQ analiza la amplia gama de políticas que los presidentes han implementado (y los presidentes electos están proponiendo) para proteger las vidas de sus ciudadanos.
NOTA: DATOS DE 2017 EXCEPTO PARA ARGENTINA,
BOLIVIA, BRASIL, CHILE, REPÚBLICA DOMINICANA, PANAMÁ,
PERU, Y URUGUAY, QUE SON PARA 2016
Guatemala | Honduras | México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela
Qué está pasando
La tasa nacional de homicidios se redujo en un 12 por ciento entre 2016 y 2017, según estadísticas del gobierno. Pero todavía existen lugares problemáticos: la provincia de Buenos aires representa a casi el 45 por ciento de los asesinatos del país (a pesar de tener tan solo un tercio de la población), mientras que las guerras entre pandillas en la ciudad portuaria de Rosario, un punto clave para el tránsito de drogas, hizo que la provincia de Santa Fe se convirtiera en la de mayor tasa de homicidios: 10,7 por cada 100.000 personas.
Qué hace Macri
Macri dijo que la impunidad criminal es uno de “los defectos más grandes en 30 años de democracia argentina”. Poco después de posesionarse, Macri declaró una emergencia pública de seguridad, lo que impuso controles fronterizos más estrictos y autorizó a las fuerzas armadas a dispararles a aviones sospechosos de transportar drogas si ignoraban órdenes de aterrizar. Macri implementó el programa Barrios Seguros, que desplegó a las fuerzas militares junto a la policía en sectores violentos de Buenos Aires y de Santa Fe, y también presionó para que el gobierno tuviera transparencia en las cifras de consumo de drogas y de victimización.
Qué dicen sus críticos
La intervención militar en la seguridad nacional rompe con un consenso alcanzado tras la dictadura de limitar el rol de las fuerzas armadas, dijo Paula Litvachky de la organización de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales. Macri y la ministra de defensa Patricia Bullrich han elogiado al oficial de policía Luis Chocobar, quien hirió de muerte a un hombre al dispararle en la espalda cuando intentaba robar a un turista en Buenos Aires. Los críticos dicen que este apoyo es un respaldo al uso excesivo de la fuerza.
Qué está pasando
La ya baja tasa de homicidios se redujo en un tercio entre 2012 y 2016, pero el tráfico de drogas sigue frustrando a las autoridades. A pesar de las iniciativas del gobierno para promover los usos legales de la coca, Bolivia sigue siendo el tercer productor de cocaína más grande del mundo y 60 miembros de la policía boliviana fueron investigados por su relación con el tráfico de narcóticos en 2015. La tasa de homicidios del departamento de La Paz es de 10,7 por cada 100.000 personas, de lejos la más alta del país.
Qué hace Morales
Morales aprobó una ley que amplió el cultivo legal de coca en 2017 tras haber intensificado la lucha contra la producción de cocaína el año anterior con la firma de acuerdos con países vecinos para controlar los flujos internacionales de drogas. También en 2016, Morales presentó el BOL-110, un proyecto de 105 millones de dólares para modernizar la tecnología de las fuerzas policiales (110 es el número de emergencia de la Policía). El proyecto, financiado por una compañía propiedad del estado chino, modernizará la fuerza de policía con drones, sistemas de reconocimiento facial y modernos centros de atención telefónica.
Qué dicen sus críticos
La inversión del gobierno de Morales en tecnología no ha sido un gran factor en la reducción de homicidios, según Gabriela Reyes Rodas, una experta en seguridad boliviana. Reyes señala que hay una falta de datos gubernamentales confiables y de mecanismos para evaluar el desempeño de la policía. Human Rights Watch advierte que las leyes de seguridad pública aprobadas en la era Morales han llevado a sentencias más largas y al hacinamiento carcelario.
Qué está pasando
Aunque solo el 3 por ciento de la población mundial vive en Brasil, el 14 por ciento de las víctimas de homicidios vive allí. En 2017, eso significó la pérdida de 59.103 vidas. El asesinato sin resolverse de la concejal de Rio de Janeiro Marielle Franco en marzo, perpetrado con munición originalmente comprada por la Policía Federal, le dio una mayor atención internacional a la crisis. Los buenos resultados en encuestas del candidato presidencial de derecha Jair Bolsonaro muestran que varios brasileños están listos para un enfoque de mano dura.
Qué hace Temer
Temer llamó a la violencia generalizada “una emergencia nacional de seguridad pública” y a principios de 2017 lanzó un Plan Nacional de Seguridad. En febrero, Temer firmó un polémico decreto que le pedía a la policía a reforzar la seguridad del estado de Río de Janeiro y creó el Ministerio de Seguridad Pública para coordinar las acciones federales de orden público. En junio, pasó 250 millones de dólares del Ministerio del Deporte hacia el nuevo departamento.
Qué dicen sus críticos
Temer es extremadamente impopular, así que sus críticos abundan. Su despliegue de las fuerzas militares en Rio fue una decisión motivada políticamente que podría llevar a violaciones de derechos humanos, dijo Robert Muggah del Instituto Igarapé, un centro de pensamiento basado en Río. Los expertos de seguridad describieron la intervención como una solución de corto plazo a un problema duradero, pero fue muy popular entre la ciudadanía. Le prensa hizo notar que buena parte el Plan de Seguridad Nacional de Temer no ha sido ejecutado.
Qué está pasando
A pesar de la baja tasa de homicidios, el crimen puntea las encuestas nacionales como la preocupación más grande de los chilenos. Las percepciones del crimen pueden crear una intensa presión política, según Nathalie Alvarado, una experta en seguridad del Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque la confianza de los ciudadanos en los carabineros (la policía nacional) ha sido alta históricamente, el 28 por ciento de los hogares chilenos fueron víctimas del crimen en 2018, más que el 24,3 por ciento de 2012. El tráfico de drogas también está aumentando, ya que los puertos del país se han vuelto puntos de tránsito cada vez más importantes para la cocaína.
Qué hace Piñera
La seguridad fue una parte importante de la campaña de Piñera en 2017, pues prometió reformar y modernizar a los carabineros, incorporar nuevas tecnologías y endurecer la seguridad fronteriza. Ya como presidente, lanzó un programa que obliga a la policía a publicar estadísticas del crimen cada 30 días e inauguró un sistema de prevención del crimen que analiza los reportes ciudadanos de crimen. En medio de un flujo de inmigrantes haitianos y venezolanos, Piñera ha endurecido las restricciones de visas después de relacionar a los inmigrantes con el crimen durante su campaña.
Qué dicen sus críticos
Alejandro Guillier, el rival de izquierda de Piñera en las elecciones recientes, criticó los comentarios de Piñera en contra de la inmigración en 2016, señalando que tan solo el 2,37 por ciento de los prisioneros en Chile son extranjeros. Mahmud Aleuy, un miembro del Partido Socialista, dijo que los comentarios de Piñera sobre inmigrantes y crimen son xenófobos, racistas e irresponsables.
Qué está pasando
La tasa de homicidios de Colombia se desplomó desde 2002. Después de un breve estancamiento, comenzó a descender de nuevo cuando las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron en 2012, alcanzando el punto más bajo en 42 años en 2017. Sin embargo, la violencia causada por disidentes de las FARC y por miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) causó un ligero aumento en el primer trimestre de 2018, período en el que los homicidios aumentaron en un 11 por ciento en comparación en el mismo período del año anterior. Estos grupos están luchando por controlar territorios abandonados por miembros desmovilizados de las FARC en medio de niveles históricos de producción de coca.
Qué promete Duque
Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe, tomará posesión el 7 de agosto. Duque se comprometió a reforzar las fuerzas policiales urbanas invirtiendo en inteligencia y creando un sistema de monitoreo para que la población civil les ayude a las autoridades a georreferenciar crímenes. Duque ha manifestado su oposición a varios puntos del acuerdo de paz con las FARC y a las negociaciones del gobierno anterior con el ELN. Ha prometido modificar el acuerdo para permitir que los excombatientes puedan ser procesados por crímenes relacionados con el narcotráfico.
Qué dicen sus críticos
Dada la fuerte oposición de Uribe al acuerdo de paz con las FARC, según advirtió Adam Isacson de la Washington Office on Latin America, Duque podría deshacer puntos claves del acuerdo y poner en riesgo las frágiles ganancias que se han conseguido en seguridad. Gustavo Petro, quien perdió contra Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018, acusó al presidente electo y a su partido de promover un regreso a la guerra y de usar el miedo como estrategia de campaña.
Qué está pasando
Las pandillas están creciendo en Costa Rica. Los asesinatos ligados al crimen organizado aumentaron de un 2,5 por ciento del total de homicidios en 2010 a un 46,2 por ciento en 2016, para un total de 603 en 2017, la cifra más alta de la historia. Más de la mitad de los homicidios del país están ligados al narcotráfico, casi la mitad ocurren en la capital San José y en la provincia del mismo nombre.
Qué hace Alvarado
Alvarado tomó posesión en mayo. Durante la campaña, propuso un control y monitoreo más estricto de las armas de fuego, así como escáners en los puntos de control de las aduanas para obstaculizar el contrabando y el narcotráfico. En su primer discurso como presidente, Alvarado prometió luchar contra las causas sociales del crimen con políticas preventivas, reintegrar a los prisioneros a la sociedad para reducir el hacinamiento carcelario y actuar “con rigor en contra de los crímenes violentos”. Desde entonces ha firmado una ley que creó una academia nacional de policía para mejorar el entrenamiento de los 13.000 miembros de la fuerza de policía del país.
Qué dicen sus críticos
Algunos políticos de la oposición han manifestado su preocupación por la falta de fondos para las inversiones que planea hacer el país en vehículos, infraestructura y escáners para combatir el crimen. El ministro de seguridad de Alvarado, Michael Soto, aceptó que su ministerio tiene un déficit presupuestario de 9,6 millones de dólares y dijo que la situación de seguridad de Costa Rica es “gris y triste”. Soto dijo que buscará donaciones y alianzas público-privadas para financiar las necesidades del ministerio.
Qué está pasando
República Dominicana es un foco del narcotráfico en la región. Es la última parada de la ruta de la cocaína que es producida en Colombia, llega a Venezuela y tiene como destino a Estados Unidos y Europa. Según una encuesta, el 74,6 por ciento de los dominicanos dicen que el crimen es su mayor preocupación; el 72,8 por ciento confían poco o nada en la policía que, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue responsable de unas 200 ejecuciones extrajudiciales en 2016. Eso equivale a un octavo de todos los asesinatos del país.
Qué hace Medina
En su primer período, Medina inauguró una comisión presidencial para reformar a la policía nacional, lanzó un sistema de atención de emergencias y vigilancia en video llamado Sistema 911 y creó la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, que desplegó a soldados para patrullar áreas con altas tasas de crimen junto a oficiales de la policía. En su segundo período expandió el Sistema 911 e introdujo la georreferenciación para localizar crímenes y crear una base de datos criminales.
Qué dicen sus críticos
Las acusaciones de corrupción han acallado las demás críticas a Medina, pero su militarización de las patrullas en áreas violentas fue considerada reactiva e indiscriminada por el experto en seguridad Daniel Pou. En vez de poner a los militares en las calles, los críticos creen que Medina debería crear políticas de prevención del crimen más fuertes. El país ha desatendido otros retos de seguridad, como el tráfico de drogas y el contrabando en la frontera con Haití, lo que complica los ya delicados problemas migratorios.
Qué está pasando
Aunque la tasa de homicidios ha disminuido desde 2010, los asesinatos están concentrados en Quito y en la ciudad portuaria de Guayaquil, la metrópolis más grande del país y un gran foco suramericano de cocaína. A pesar de los bajos números absolutos, las provincias en la frontera con Colombia tienen las tasas de homicidios más altas del país y están plagadas de grupos criminales luchando por controlar el vacío dejado por la desmovilización de las FARC. La región también es un punto crítico del tráfico de personas y del contrabando de gasolina y de drogas.
Qué hace Moreno
El 2 de marzo, el presidente anunció un plan de 950 millones de dólares para mejorar la infraestructura y los servicios de las fuerzas de seguridad y asegurar una expansión continua de la exitosa policía comunitaria, con 100 nuevas estaciones. Ese mismo mes, Moreno anunció que enviaría a 12.000 tropas a la frontera con Colombia para enfrentar la violencia de la provincia de Esmeraldas, donde una facción disidente de las FARC explotó un carro bomba frente a una estación de policía y secuestró y asesinó a periodistas y soldados ecuatorianos.
Qué dicen sus críticos
Moreno ha sido criticado por haber negociado con el líder de la disidencia de las FARC tras el secuestro de los periodistas y por haber complicado las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia al haber terminado el rol de mediador de Ecuador en las negociaciones. Algunos expertos de seguridad también culpan a la administración anterior, en la que Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa, de no haber establecido una presencia militar o policíaca lo suficientemente fuerte en la frontera norte.
Qué está pasando
El 95 por ciento de los asesinatos de El Salvador nunca se resuelven, pero muchos creen que las pandillas son responsables de la gran mayoría. Los miembros activos de las pandillas del país, que se estima son unos 60.000, superan en número a las fuerzas militares y de policía puestas juntas. En 2012, el gobierno medió una tregua entre las dos pandillas principales del país, MS-13 y Barrio 18, pero la tregua duró poco. Una sentencia de la Corte Suprema de 2015, que clasificó a MS-13 y a Barrio 18 como organizaciones terroristas, aumentó el tiempo máximo de las condenas que se les pueden imponer a los pandilleros.
Qué hace Sánchez Cerén
Sánchez Cerén implementó un enfoque de mano dura con el crimen organizado. En 2015, lanzó el Plan El Salvador, que cuesta 200 millones de dólares al año, un programa de prevención del crimen en los 50 municipios más grandes del país con el que los homicidios disminuyeron, pero también llevó a acusaciones de brutalidad policíaca y ejecuciones extrajudiciales. En 2016, el presidente creó las Fuerzas Especiales de Reacción, un grupo de 1000 personas que combina unidades élite de policía y comandos militares.
Qué dicen sus críticos
Algunos activistas de derechos humanos han denunciado las prisiones clandestinas y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en los últimos años. Los ciudadanos de El Salvador enfrentan represión tanto de las pandillas como de las fuerzas de seguridad, dijo Jeanette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana. Según Aguilar, el país está llevando a cabo una guerra de baja intensidad en la que el estado salvadoreño está perdiendo la batalla contra las pandillas y el crimen organizado.
Qué está pasando
En febrero, la tasa de homicidios de Guatemala bajó a 25 asesinatos por 100.000 personas, la más baja desde 2000 y una disminución del 49 por ciento desde el pico de 2009. Los asesinatos suelen concentrarse en la fronteras de Guatemala con México, Honduras y El Salvador, principalmente como resultado de actividades de narcotráfico y contrabando, y en la Ciudad de Guatemala, cuyo departamento tiene el 21 por ciento de la población del país, pero el 38 por ciento de sus homicidios.
Qué hace Morales
Casi dos décadas de participación militar en el orden público urbano terminaron en abril cuando Morales transfirió las últimas tropas que antes patrullaban las calles de las ciudades a las fronteras de Guatemala en un intento por frenar el narcotráfico. Las responsabilidades de seguridad doméstica fueron devueltas a la policía, y su fuerza pública creció en 8.000 nuevos agentes que fueron agregados por orden de Morales. Para combatir las actividades pandilleras en las cárceles, el Ministerio del Interior llevó a cabo una serie de redadas desde enero, confiscando armas y teléfonos celulares.
Qué dicen sus críticos
La decisión del presidente de nombrar a Enrique Degenhart como ministro del interior “fue un gran error”, dijo Carlos Mendoza, un experto en seguridad y cofundador de Diálogos, una organización de Guatemala enfocada en políticas públicas. Degenhart intentó calificar a las pandillas como organizaciones terroristas y despidió al jefe de la policía nacional, quien había logrado disminuir los homicidios.
Qué está pasando
A pesar de una reciente tendencia a la baja, Honduras sigue teniendo la cuarta tasa de homicidios más alta del mundo. La violencia se concentra en el norte y noreste del país, especialmente en la ciudad de San Pedro Sula que, con menos del 7 por ciento de la población del país, representa el 16 por ciento de todos los asesinatos. Las pandillas se concentran en San Pedro Sula y en las otras dos ciudades principales del país, La Ceiba y la capital Tegucigalpa.
Qué hace Hernández
En abril de 2016, el presidente anunció una purga de la policía nacional para destituir a oficiales corruptos; desde entonces, el gobierno ha despedido más de 5000 oficiales. Hernández también incrementó el presupuesto nacional destinado a las instituciones de seguridad, introdujo un sistema de inteligencia estatal y reforzó el entrenamiento de investigadores de policía y de unidades antinarcóticos. Hernández ha enfocado esfuerzos agresivamente hacia el crimen organizado y en mayo anunció una nueva fuerza especial enfocada en las maras transnacionales y en las pandillas domésticas.
Qué dicen sus críticos
La corrupción sigue siendo evidentemente un problema dentro de la policía hondureña. En enero, la Associated Press obtuvo un informe confidencial que acusaba al recientemente nombrado jefe de la policía nacional de haber ayudado al líder de un cartel con un envío de 1700 libras (771 kilos) de cocaína en 2013. El jefe de la policía negó esas acusaciones. La policía militar suele tomar enfoques inflexibles al crimen y la violencia a nivel comunitario, lo que “sigue ampliando la brecha entre los habitantes de estas comunidades y las fuerzas policiales”, según dijo Eric Olson del Programa de América Latina del Wilson Center.
Qué está pasando
La tasa de homicidios de México es la más alta en las últimas dos décadas y el crimen organizado representa casi tres cuartos de los asesinatos. La impunidad es generalizada: entre 2010 y 2016, el 94,8 por ciento de los homicidios quedaron en la impunidad. La estrategia del gobierno saliente de enfocarse en líderes de organizaciones criminales ha fracturado a esos grupos y creado entidades más pequeñas que luchan entre sí. La seguridad pública se ha ido militarizando cada vez más: la Ley de Seguridad Interna de diciembre de 2017 autorizó a los militares a intervenir en asuntos de seguridad nacional.
Qué promete AMLO
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomará posesión el 1 de diciembre. Se ha comprometido a reducir la violencia reinaugurando el Secretariado de Seguridad Pública, que fue eliminado en 2013, y creando una guardia nacional con personal tanto del ejército como de la armada. AMLO ha criticado las políticas de seguridad de mano dura, diciendo que no “combatirá la violencia con violencia”, ni usará medidas coercitivas para mejorar la seguridad pública. También propuso otorgarles amnistía a miembros de grupos criminales para traerle paz al país.
Qué dicen sus críticos
La propuesta de amnistía de AMLO ha sido polémica: sus opositores dicen que su política promueve la impunidad, lo que él niega, y desconoce la constitución. La amnistía es una táctica de negociación deficiente que sacrifica la justicia en nombre de la paz, según el analista de seguridad Alejandro Hope. En respuesta, el asesor de políticas de seguridad, Alfonso Durazo, dijo que AMLO no está proponiendo un pacto con el crimen organizado, sino una solución apoyada por el consenso popular y la aprobación del Congreso.
Qué está pasando
La tasa de homicidios de Nicaragua ha estado disminuyendo lentamente desde 2011, probablemente como resultado de programas innovadores de prevención del crimen y de vigilancia comunitaria. Pero los homicidios han aumentado desde abril, después de que varias protestas fueran desencadenadas por el anuncio del gobierno de reformas de austeridad y de que las fuerzas de seguridad hayan reaccionado de una manera inesperadamente violenta. Hasta junio, los enfrentamientos habían causado la muerte de al menos 200 personas.
Qué hace Ortega
Ortega le ha dado prioridad la modernización del ejército. Desde 2009, Nicaragua ha recibido 26,5 millones de dólares en ayuda militar de Rusia para armas y vehículos armados. El presidente también ha reforzado a la policía nacional: una ley de 2014 le otorgó amplios poderes sobre la fuerza, en una muestra de sus tendencias autoritarias. Amnistía Internacional documentó el uso que le dio su gobierno a la policía nacional, a la policía antidisturbios y a grupos armados simpatizantes del gobierno para atacar a los manifestantes.
Qué dicen sus críticos
Políticos de la oposición, antiguos aliados de Ortega, el sector privado y la Iglesia Católica se han pronunciado en contra de la violencia reciente. El estado nicaragüense debe “cesar inmediatamente los ataques arbitrarios a las vidas y la integridad personal de todos los nicaragüenses, sin ninguna distinción, incluyendo sus opiniones políticas”, según Antonia Urrejola, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua.
Qué está pasando
La tasa de homicidios de Panamá disminuyó hasta su punto más bajo en 13 años en 2017, aunque una encuesta ese mismo año encontró que el 82 por ciento de los panameños no se sienten seguros, en comparación con el 70 por ciento en 2016. La presencia de más de 200 pandillas ha aumentado las preocupaciones de seguridad. La actividad de las pandillas se concentra en las provincias de Panamá (incluyendo la capital), Colón (donde está uno de los puertos principales) y Chiriquí. La aislada frontera de Panamá con Colombia ha hecho que el área se convierta en un paraíso del contrabando y el narcotráfico.
Qué hace Varela
El presidente dijo que el 70 por ciento de los homicidios se relacionan con el narcotráfico y el crimen organizado. Le ha dado prioridad a desmantelar las pandillas, por lo que lanzó el programa Barrios seguros en 2014. El programa de amnistía y entrenamiento laboral para pandilleros no logró sus metas de reducción de violencia, lo que llevó a Varela a tomar un enfoque más militar. En marzo de 2017, presentó una unidad de seguridad de 300 personas enfocada en desmantelar las pandillas de Ciudad de Panamá y Colón.
Qué dicen sus críticos
Las políticas de seguridad de Varela son reactivas, en vez de preventivas, según Severino Mejía, un criminólogo y ex viceministro de gobierno y justicia. Mejía señaló que, aunque los homicidios disminuyeron, las tasas de crímenes en otras categorías, como el robo y la violencia doméstica, han aumentado.
Qué está pasando
Aunque los homicidios y los niveles generales del crimen han disminuido, dos grupos siguen causando estragos: El Ejército Popular Paraguayo (EPP) y la pandilla brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC). La violencia de pandillas y el tráfico de armas son comunes cerca a la frontera con Brasil, donde opera el PCC. El EPP, un grupo guerrillero, secuestró a 10 personas y asesinó a 43 en el noreste de Paraguay entre agosto de 2013 y enero de 2018. También ha sido vinculado con el narcotráfico.
Qué promete Abdo Benítez
El presidente electo, un ex reservista de la fuerza aérea que tomará posesión el 15 de agosto, acusó al gobierno actual de desperdiciar recursos y prometió reformar la política de seguridad de Paraguay. Quiere mejorar la seguridad en la frontera, modernizar a la policía e intensificar la lucha contra los narcotraficantes. Abdo Benítez dijo que combatirá al EPP pidiendo cooperación regional y monitoreando personalmente la fuerza especial designada para luchar contra el grupo guerrillero.
Qué dicen sus críticos
Los lazos de Abdo Benítez con el exdictador Alfredo Stroessner han preocupado a varios quienes creen que no respetará los derechos humanos (su padre fue el secretario privado de Stroessner y parte de su círculo cercano). Durante su campaña, Abdo Benítez alabó las contribuciones en infraestructura del régimen de Stroessner, pero intentó distanciarse de su legado de terrorismo de estado y represión política.
Qué está pasando
Las encuestas de opinión pública muestran la carga causada por la creciente tasa de homicidios de Perú: el 30 por ciento de los peruanos dicen que la seguridad es el problema más grave de su país. Dos departamentos fronterizos tienen tasas de homicidios mucho mayores que el promedio nacional: el pequeño Tumbes en la frontera con Ecuador, donde grupos criminales organizados dirigen operaciones de contrabando; y Madre de Dios, plagado de minería ilegal en las fronteras con Bolivia y Brasil.
Qué hace Vizcarra
Vizcarra se convirtió en el presidente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo, pero al momento de la impresión de esta edición, el nuevo presidente todavía no había anunciado una estrategia de seguridad. El ministro del interior de Vizcarra, Mauro Medina, prometió continuar las políticas del gobierno de Kuczynski, incluyendo dos programas enfocados en crimen urbano y operaciones masivas en contra de grupos criminales organizados.
Qué dicen sus críticos
Vizcarra no mencionó la seguridad como una prioridad en su primer discurso ante la nación, ni como uno de los “cinco pilares” de su plan de gobierno de cuatro años. Esto “preocupa” al ex viceministro del interior Rubén Vargas, quien ha dicho que teme que el presidente se enfoque en iniciativas anticorrupción en detrimento de la seguridad. (Fue un escándalo de soborno que involucró a Kuczynski lo que llevó a Vizcarra a la presidencia. En menos de un mes, Vizcarra ya había creado una nueva oficina de integridad pública).
Qué está pasando
La tasa de homicidios de Uruguay aumentó de repente este año: los asesinatos entre enero y abril aumentaron en un 81,5 por ciento comparados con el mismo período de 2017, de 81 a 147 muertes violentas. Los robos también aumentaron considerablemente. La capital, Montevideo, es históricamente la ciudad más violenta y el crimen se ha esparcido a las áreas fronterizas. El país se ha convertido en un punto de tránsito del narcotráfico suramericano, lo que causa buena parte de la violencia en la frontera con Brasil.
Qué hace Vázquez
En 2016, Vázquez lanzó un programa de prevención del crimen en Montevideo. El programa, que identifica puntos clave y les distribuye fuerzas policíacas, se ha expandido desde entonces a nueve de los 19 departamentos de Uruguay. En mayo, Vázquez creó una comisión presidencial para centralizar las estadísticas de crimen y coordinar estrategias para combatir a las pandillas y al narcotráfico. También anunció planes para enviar a 500 policías adicionales al departamento de Salto al norte del país.
Qué dicen sus críticos
Tras el reciente aumento de homicidios, el jefe de la policía, Mario Layera culpó al gobierno por separar la información en departamentos y advirtió que Uruguay podría pronto alcanzar los niveles criminales de lugares problemáticos como El Salvador o Guatemala. Como resultado, algunos líderes de la oposición exigieron la renuncia del ministro del interior Eduardo Bonomi y de oficiales de la policía. El senador de la oposición Jorge Larrañaga ha pedido que los militares jueguen un rol mayor en la vigilancia, así como sentencias más fuertes.
Qué está pasando
Caracas es la capital más violenta del mundo, pero los homicidios en Venezuela son generalizados: Ciudad Guayana, Maturín, Valencia y Barquisimeto también tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo. El estado de Bolívar ha tenido frecuentemente enfrentamientos letales entre militares y mineros ilegales de oro, mientras que tanto protestas a favor y en contra del gobierno han causado muertes en todo el país. En marzo, la Fiscalía General reportó que las fuerzas del orden habían sido responsables de 505 ejecuciones extrajudiciales desde julio de 2015.
Qué hace Maduro
Maduro ha inaugurado varias iniciativas para expandir el rol de los militares en la reducción de la violencia, con poco éxito. Su estrategia de seguridad nacional incluye un plan para entrenar a 10.000 nuevos miembros de la Policía Nacional Bolivariana y a 10.000 tropas más de la guardia nacional en los próximos años. Maduro también inauguró un programa para armar a civiles y enseñarles cómo reunir inteligencia.
Qué dicen sus críticos
Maduro ha sido acusado desde varios sectores de no haber podido enfrentarse a los asesinatos, a la vez que su gobierno se ha vuelto más autoritario. La policía, los militares y los colectivos (grupos armados de civiles pro gobierno) han incitado a la violencia durante las protestas, dijo Rafael Uzcátegui, director del grupo de derechos humanos Provea. El presidente colombiano saliente, Juan Manuel Santos, acusó a Maduro de usar grupos criminales junto a las fuerzas del orden para controlar a la población venezolana.