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CALI, Colombia – El Poblado 2, un deteriorado barrio ubicado en las entrañas de uno de los distritos más rudos del este de Cali, ya no es la zona de guerra que recuerda Jhony Fernando Fernández. Un grupo de jóvenes adolescentes patea una pelota de fútbol en un terreno polvoriento que da hacia el canal, mientras un anciano pasea sin prisa arrastrando una carreta cargada con cartón de desecho y botellas plásticas. Un vendedor de frutas con su puesto improvisadamente amarrado a una vieja motocicleta se estaciona en una esquina para vender piñas, papayas y mangos. Es el bullicio de la convivencia.
“Hace dos años te podían disparar mientras caminabas por ahí”, asegura Fernández, de 33 años, quien tiene una cicatriz en la pantorrilla que lo comprueba. “Eso era cuando la vida no valía más que el precio de una bala”.
Al igual que el Poblado 2, Fernández ha pasado por un proceso de transformación. Hace apenas dos años formaba parte de una de las pandillas locales en guerra que controlaban pequeños territorios de tan solo unas pocas cuadras. Conseguía dinero para alimentar a sus cuatro hijos con la venta de los teléfonos que les arrebataba a los transeúntes, en tanto que sus compañeros traficaban cocaína y marihuana. Cruzar las fronteras invisibles que dividían una cuadra y otra podía significar una sentencia de muerte.
El violento cartel que una vez dominó Cali, la floreciente capital de la provincia suroccidental del Valle de Cauca, fue desmantelado durante la década de los 90. Pero de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, el índice de homicidios de la ciudad se encuentra entre los 21 más altos del mundo. Los carteles y las pandillas más pequeñas, conocidas como “oficinas”, continúan gobernando muchos barrios, valiéndose de adolescentes vulnerables con quienes la justicia es más tolerante que con los adultos en caso de que los atrapen, y que son fácilmente atrapados por el atractivo de los teléfonos celulares y las motocicletas que ofrece la vida del narcotraficante.
Esa era la realidad que consumía a Fernández.
“Sabíamos que la vida en aquel entonces terminaría en la cárcel o en la morgue y no nos importaba cómo íbamos a llegar ahí”, apuntó con una monotonía rítmica en su hablar, sentado junto al canal que en otro tiempo servía de mirador para las pandillas. “Pero ahora no me quiero morir nunca”.
El punto decisivo para Fernández y sus compañeros llegó hace dos años, mientras estaba sentado en un banco y miró hacia una escuela primaria que quedaba del otro lado del canal, durante un trance inducido por marihuana. Observó a una maestra que se ocupaba de un pequeño huerto. “Esa fue mi revelación”, recuerda con una sonrisa. Se dirigió a la escuela y se presentó a la maestra. “Y ahí me enteré de otra cosa”.
El director de la escuela, Hugo Alberto Lozano, hizo un trato con Fernández y sus compañeros de pandilla: a condición de que la violencia disminuyera, la escuela los ayudaría enseñándoles oficios. Hoy en día, la escuela imparte clases de computación, música y diseño por las noches y tiene planificado abrir cursos de carpintería y mecánica.
Casi simultáneamente, el gobierno de la ciudad de Cali implementó un programa social en vecindarios turbulentos como Poblado 2, bautizados Territorios de Inclusión y Oportunidades (o TIOS). Gracias a la inversión pública y privada, los TIOS fueron el escenario donde concejales impartieron clases de música y liderazgo a Fernández y sus compañeros, algunos de los cuales apenas sabían leer. Un banco local creó una iniciativa de micro financiamiento que aporta fondos a proyectos sociales, incluyendo un negocio para la reutilización de ladrillos. También se reservaron un cierto número de trabajos en el sector público para los residentes del barrio. Fernández, quien desarrolló la pasión por la horticultura, encontró trabajo en la agencia ambiental de la ciudad. Ahora viaja a humedales protegidos en las afueras de la ciudad para vigilar los patrones migratorios de las aves y servir de guía turístico.
Sin embargo, nada de esto habría sido posible si no se hubiera logrado la paz entre las pandillas enfrentadas.
El Poblado 2 estaba dividido informalmente en dos territorios. Fernández vivía en Siri, a una cuadra de El Puesto, pero atravesar esa frontera invisible podía desencadenar una balacera. Decidió negociar la paz con Yoranys Marulanda, el líder de barrio de al lado, mediante canales extraoficiales y diplomacia. “Una vez alguien de El Puesto quería hacer una fiesta, pero no tenía globos. A mí me quedaban unos cuantos y se los di” relata Fernández. “Fue difícil (hacer las paces) y hubo resistencia, pero la violencia paró… Tal vez Colombia pueda aprender algo de nosotros”.
Hoy en día, Fernández camina por las calles no pavimentadas que en otra época señalaban la frontera entre los dos territorios. Se detiene a saludar a Marulanda, con quien en la actualidad parece mantener una estrecha amistad, pero que en otro tiempo fue su enemigo declarado. “La paz es un paraíso”, comentó Marulanda con una sonrisa contagiosa. “No la cambiaría por nada”.
Cada Halloween, Fernández organiza una caminata en grupo para los habitantes del Poblado 2, sin importar cuál haya sido su historia, y recorren el perímetro del barrio, zona que antiguamente se consideraba prohibida. Rita Campaz, vecina de la zona, dijo que anteriormente le asustaba que sus hijos salieran de la casa, y aún más dejarlos ir a pedir caramelos en territorio enemigo, y le agradece a Fernández haber hecho esto posible.
Pero pese a la afabilidad, los problemas persisten. La tasa de desempleo sigue siendo alta y el programa TIOS podría quedar eliminado en 2019, cuando el próximo alcalde de Cali tome posesión. Lina Buchely, profesora de ciencias políticas del ICESI, una universidad privada cercana, argumenta que los programas como el del Poblado 2 tienen sus limitaciones. “El clasismo en Cali está muy extendido. Quizá le des un trabajo a alguien, pero cuando se termine el contrato tendrá problemas para conseguir otro porque nadie quiere contratar a gente de esos barrios rudos”, señaló la académica. “Se los pasan de uno a otro como una papa caliente”.
A Fernández también le preocupa el futuro. Su contrato con la agencia ambientalista termina en octubre y no sabe qué hará después. “Por supuesto que la delincuencia es cosa del pasado para mí. Me encanta la vida”, aseguró, mientras se protegía del sol inclemente. “Pero a menos que encuentre trabajo antes de finales del año, no sé qué voy a hacer”.
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Joe Parkin Daniels es un periodista autónomo radicado en Bogotá.
