POR JENNY MANRIQUE
Los delegados de las FARC emergen de la selva.
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En agosto de 2014 en La Habana, Cuba, se realizó la ronda 27 de negociaciones entre el gobierno colombiano y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC). Los 11 días de encuentros trajeron viñetas inesperadas: generales y coroneles dándose la mano con los comandantes de la guerrilla; secuestrados hablando cara a cara con sus verdugos; y estudiosos delineando su objetivo de documentar los orígenes y consecuencias de la guerra civil.
En la ronda No. 27, militares, víctimas del conflicto y académicos que conforman la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, fueron invitados por primera vez para participar en las discusiones llevadas a cabo en el hotel El Palco.
Foto: Enrique de la Osa/REUTERS
Desde noviembre de 2012, ambas partes han estado conversando a puerta cerrada para buscar cómo terminar los 50 años de conflicto que ha acabado con la vida de al menos 200.000 personas y causado el desplazamiento de más de 6 millones de colombianos.
Las visitas rompieron la rutina que los delegados de las FARC (30 en total) han tenido en los últimos dos años en la Habana: 12 horas de trabajo diario dedicadas a la lectura de documentos, reuniones en los comités de trabajo, conferencias de prensa, y la propia negociación con los representantes del gobierno. Los comisionados guerrilleros trabajan 11 días y descansan cuatro. Durante una de esas pausas, tuve la oportunidad de hablar con cuatro miembros Plenipotenciarios (Andrés París, Marcos Calarcá, Rubén Zamora, y Victoria Sandino), así como con dos miembros del comité técnico (Tomás Ojeda y Diana Grajales).
Todos ellos han estado en las FARC durante al menos 25 años, con la excepción de Grajales, de 27 años, quien es la más joven y ha sido combatiente por sólo nueve años. Varios tienen la experiencia de ser negociadores en al menos uno de los procesos de paz anteriores (Caracas-1990, Tlaxcala-1992, Caguán-1998), a excepción de Grajales y Hojeda, que son los novatos.
El hecho de que esta es su primera negociación, se hace evidente de manera pronta. Grajales, quien estudió en la Universidad Distrital, es particularmente enérgica, habla rápido y, a menudo con resentimiento, incluso con odio por sus oponentes. Hojeda, quien no había salido de la selva en 30 años hasta ahora, es tímido, habla despacio y no puede ocultar su sorpresa con los avances tecnológicos a los que ahora tiene acceso en la isla. En contraste, los otros delegados son más pulidos, políticos y educados.
Después de casi dos años viviendo en La Habana, pocas cicatrices de guerra se pueden notar a primera vista. Pero la piel de los guerrilleros, en particular sus manos, lucen ajetreadas, y sus acentos pertenecen a las regiones más remotas del país.
En estos días tienen poco tiempo para la actividad física. En lugar de soportar largas marchas en el monte o durante el combate, corren o juegan al fútbol en los jardines que rodean sus viviendas temporales en el exclusivo sector de El Laguito, al oeste de La Habana.
El Laguito, que una vez sirvió como el Country Club de Cuba, y como residencia de los hijos del ex dictador Fulgencio Batista, ofrece lujos inimaginables para la guerrilla. “No estoy acostumbrada a que la gente me sirva, o a usar manteles, servilletas y flores; ¿quién necesita esto en la selva?”, se pregunta Grajales, quien forma parte del Bloque Oriental comandado por el infame Mono Jojoy.
Grajales estaba con Jojoy cuando lo mataron durante un bombardeo del Ejército colombiano a su campamento, y tiene una gran cicatriz en su brazo izquierdo producto del ataque. “Llevar machetes, cavar trincheras, cargar troncos pesados, estar en combate, es a eso a lo que estamos acostumbrados”, dice la delegada.
Los guerrilleros leen periódicos colombianos y ven canales de noticias internacionales, pero prefieren los “medios de comunicación alternativos, que tienen una gran ética aunque un público limitado”, afirma Calarcá, de 57 años.
Calarcá, conocido como el “canciller” de las FARC, critica a “los medios de comunicación oligárquicos por decir mentiras” sobre ellos. Según él, incluso los informes de los organismos de las Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales que documentan su violencia contra los civiles “son [creados] por los adversarios, enemigos militares y agentes de inteligencia; la prensa tradicional sólo los reproduce.”
Para hacerle contrapeso a los principales medios de comunicación, las FARC crearon una comisión de prensa y propaganda que monitorea todo lo publicado sobre ellos y elige los informes que consideran más favorables para subirlos a su sitio web en español. También alimentan una página de las FARC en inglés, la cual está a cargo de la guerrillera holandesa Tania Nijmeijer.
“Se podrá imaginar que los colombianos no le darán un “me gusta” a nuestra página, o no se atreven a compartirla en redes sociales por el estigma”, cuenta Grajales, quien está a cargo de los medios de comunicación social. “Pero los números son buenos”, añade. Su Facebook, “Delegación de Paz de las FARC”, cuenta con cerca de 6.000 me gusta; mientras que en Twitter, @FARC_EPaz tiene más de 12.000 seguidores.
Cuando cae la tarde, los guerrilleros aprovechan para hacerse exámenes médicos y de vez en cuando visitan los sitios insignes de la revolución cubana. “Aquí me siento más cerca de un sueño”, afirma Zamora, de 50 años, comandante del Bloque 33, quien reconoce su admiración por la Revolución Cubana.
A pesar de su discurso marxista y su deseo de un modelo comunista en Colombia, las FARC son conscientes de que no pueden empujar su modelo económico en la mesa de negociación, aunque se haya abierto, según ellos, algo de espacio para el acuerdo.
“Hay sectores del establecimiento [colombiano] que reconocen que la paz es necesaria, y entienden que el capitalismo sólo puede desarrollarse si hay paz”, sostiene Calarcá. “Aún diferimos en cómo vamos a llegar a esa paz, pero ya estamos de acuerdo en que la guerra no es conveniente.”
Sin embargo, en otras áreas del conflicto, las opiniones de los delegados de las FARC dejan en claro no sólo lo lejos que están de los negociadores del gobierno, sino de gran parte de la opinión pública mundial contemporánea.
Víctimas
El primer encuentro cara a cara entre las FARC y las 12 víctimas de los diferentes grupos armados que fueron a La Habana el 16 de agosto, estuvo vestido de solemnidad. Ambas partes se escucharon con respeto. Iván Márquez, el líder de la delegación de las FARC, pidió perdón y declaró que la guerrilla estaba dispuesta a reconocer errores.
Sin embargo, hay una fuerte creencia dentro de las FARC de que son víctimas también. “No vamos a responder por lo que el Estado debe responder”, dice París, de 60 años, quien forma parte del Bloque Oriental. “No vamos a aceptar el reconocimiento unilateral de victimarios, ya que como [el fundador de las FARC Manuel] Marulanda dijo, nosotros fuimos las primeras víctimas.”
Para los delegados de las FARC, la solución a este delicado tema es la creación de la Comisión, cuyos historiadores y académicos – elegidos por ambas partes – tienen la tarea de escribir informes sobre los orígenes del conflicto. Según el Grupo de Memoria Histórica (GMH), la fuente más confiable tanto para el gobierno como para la guerrilla, la guerra ha dejado al menos 220.000 muertos entre 1958 y 2012, la mayoría de ellos civiles.
“Estamos dispuestos a aclarar las responsabilidades, pero rechazamos de antemano cualquier posibilidad de auto-incriminación. Es el Estado, con sus fuerzas armadas, su dinero y la doctrina militar de los EE.UU., el que cometió crímenes contra la población civil “, argumenta París.
Sin embargo, está documentado que la guerrilla ha sido la gran responsable de los secuestros en Colombia. De acuerdo con el GMH, entre 1970 y 2010, las FARC figuran como los presuntos autores de 9.447 secuestros y en 3.325 de estos casos se confirmó su autoría. La mayoría de los rehenes fueron liberados en los últimos años.
Paralelamente, la delegación de las FARC cuestiona los señalamientos sobre su responsabilidad en la desaparición de civiles y combatientes.
“Hay soldados que las fuerzas militares reclaman como desaparecidos, y la verdad es que no sabemos dónde están”, insiste Calarcá. “A veces es imposible recuperar los cadáveres después de un combate. Vamos a crear una comisión internacional para resolver esos casos.”
Las FARC también guarda silencio sobre otros eventos específicos, como la Masacre de Bojayá en 2002, en la que 119 civiles fueron asesinados, luego de que la guerrilla lanzara una pipeta de gas sobre una iglesia mientras combatía a los paramilitares.
Políticas de Drogas
Aunque algunos guerrilleros han admitido recientemente su responsabilidad en el tráfico de drogas, las FARC en conjunto sostienen que su participación se limita a gravar las plantaciones ilícitas en las zonas bajo su control.
“Los agricultores siembran coca, opio y marihuana en las zonas donde hay guerrilla, y son cultivos numerosos porque estamos por todo el país. Sin embargo no podemos reprimir su única alternativa a la pobreza”, dice Sandino, de 48 años, una de las 17 mujeres en la mesa.
Un acuerdo ya está en marcha con relación a la erradicación de cultivos ilícitos a través de la sustitución. Asimismo, las partes han llegado a un pacto para abordar el consumo de drogas como un problema de salud, y no militar. Sin embargo, el compromiso de la guerrilla en este punto sigue siendo un tema de debate.
“No somos narcotraficantes y nuestras tropas no se convertirán simplemente en una fuerza de trabajo para erradicar la coca”, afirma Zamora.
Un estudio realizado en 2013 por InSight Crime, think tank que investiga el crimen organizado en América Latina y el Caribe, afirma que las FARC “pueden estar ganando entre $500 y $1000 millones de dólares anuales por el tráfico de drogas”, lo que puede explicar el enorme riesgo de que algunos de los 20 bloques rebeldes que operan en las zonas agrícolas, puedan seguir involucrados en actividades ilícitas, incluso si se firma un acuerdo de paz definitivo.
Participación Política
¿Qué futuro rol político avizoran las FARC? La experiencia de las negociaciones de paz en la década de 1980, cuando alrededor de 3.000 ex miembros de la guerrilla que eran candidatos del partido político Unión Patriótica, fueron asesinados por los paramilitares y las fuerzas de seguridad durante la campaña electoral, es el origen de la desconfianza que muchos líderes de la guerrilla tienen hacia la política convencional. Las matanzas sistemáticas fueron reconocidas como genocidio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997.
La mayoría de las personas que entrevisté, perteneció al Partido Comunista antes de unirse a las FARC, y decidió tomar las armas, porque, como lo señala Ojeda, de 45 años, y segundo comandante del Frente Iván Ríos: “no pudimos encontrar garantías en el sistema legal.”
Las discusiones sobre este punto dieron lugar a un acuerdo en noviembre de 2013, que incluye garantías de participación política para los líderes de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, defensores de derechos humanos y candidatos de las minorías – indígenas y afrocolombianos. El acuerdo contempla la creación de distritos especiales legislativos de carácter temporal para las zonas más afectadas por el conflicto, y mecanismos para garantizar la seguridad durante las campañas electorales.
Pero pocos de los delegados con quienes hablé comparten la visión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de que ex miembros de las FARC sean elegidos al Congreso y participen legalmente dentro del sistema político. “No estamos aquí solamente por unas sillas en el Congreso”, dijo París.
Y en vez de la consulta popular propuesta por el gobierno colombiano para aprobar cualquier acuerdo final de paz, la guerrilla quiere que éste sea refrendado por una Asamblea Constituyente integrada por 141 personas de todos los sectores de la sociedad: gobierno, guerrilla, campesinos, indígenas, afrocolombianos, víctimas, mujeres, estudiantes, comunidades LGBT, veteranos y refugiados o exiliados en el extranjero. El gobierno de Santos, sin embargo, ha rechazado esta demanda desde el inicio del proceso de negociación.
Violencia de Género
Diecisiete de los 30 delegados en Cuba son mujeres. Al unísono afirman que son tratadas con justicia e igualdad en el ejército guerrillero. No obstante, las confesiones de ex combatientes, entre ellas la sanguinaria guerrillera “Karina”, comandante del frente 47, quien se declaró culpable de 218 delitos como asesinatos, secuestros y reclutamiento de niños soldados, han revelado que los abortos y la anticoncepción forzada, son una política de la guerrilla para impedir que las mujeres sean madres.
“No es cierto que vivimos en un abortadero (sic) todo el tiempo”, insiste Grajales. “Utilizamos métodos de anticoncepción como Mesigyna, Cyclofem [y] la ‘T’ (dispositivo intrauterino), y todo se controla con hojas de cálculo por parte de los comandantes. Pero si una mujer queda embarazada, pues debe abortar.”
De acuerdo con su relato, hay unidades médicas especializadas que practican abortos en la selva. Si existe algún riesgo para la vida de la madre, les permiten continuar con el embarazo y tras el parto la guerrilla encuentra una familia con quien dejar el bebé.
“Muchas veces, las mujeres no pueden ponerse en contacto con la familia que cuida a sus hijos porque si lo hacen, esos niños se convierten en objetivo militar para el Ejército. Con frecuencia nuestros hijos reciben ofertas económicas para denunciar a sus padres guerrilleros”, dice Sandino.
Los delegados con quienes hablé negaron que los soldados de las FARC hayan violado a guerrilleras o civiles, con el argumento de que, en el caso de las combatientes, las mujeres tienen armas para defenderse de posibles ataques de sus “camaradas”. Sin embargo, organizaciones como ONU Mujeres y la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento civil de colombianas en contra de la violencia, han reportado casos de violación por las fuerzas de las FARC, particularmente en las comunidades indígenas.
Niños Soldados
Cifras oficiales de UNICEF indican que más de la mitad de los casi 6.000 niños que han desertado de la guerrilla y los grupos paramilitares en Colombia en los últimos 14 años, combatieron en las filas de las FARC. Según el coordinador de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, el grupo rebelde sigue reclutando niños “a diario, sobre todo en el suroeste del país.”
Los líderes de las FARC que entrevisté se niegan a aceptar las cifras citadas por el UNICEF. En lugar de ello, insisten en que cumplen las reglas del Derecho Internacional Humanitario, un conjunto de normas establecidas por la Convención de Ginebra para los tiempos de guerra, que permiten el reclutamiento de niños desde los 15 años. En contraste, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que los combatientes no deben ser menores de 18 años.
“Somos el Ejército del Pueblo, por lo tanto todas las personas tienen el derecho a participar: niños, mujeres y adultos”, dice París, aunque aclara que “no tenemos niños de 10 años de edad que cargan fusiles AK-47.”
Y añade: “De hecho, lo que hemos denunciado es la utilización de niños en tareas de inteligencia militar, como la infiltración de nuestra organización.”
Aunque el reclutamiento de niños fue uno de los temas que quedaron fuera de la agenda original, se espera que se plantee durante las conversaciones con las delegaciones de víctimas.
“La mayoría de los luchadores son conscientes de nuestra revolución cuando se unen a nuestro ejército, pero muchas personas entran porque no tienen otra opción de vida”, dice Zamora. “Entre ellos hay niños que no tienen la oportunidad de ir a la escuela y cuya única opción es que se unan a la lucha armada.”
Debido a que los acuerdos parciales no cuentan hasta que se firme un acuerdo definitivo y éste sea aprobado por la sociedad civil, el largo camino de la reconciliación podría estar en peligro si las partes – en especial las FARC – no reconocen sus delitos y las víctimas que han causado. Es comprensible que los negociadores quieran hacer sentir a sus tropas (guerrilla y ejército) que no se están rindiendo en la mesa, pero ocultar la verdad seguirá siendo un enorme obstáculo para que los ciudadanos colombianos y los propios combatientes, acepten la reintegración de la guerrilla en la vida civil colombiana.
