A comienzos de julio, Rafael Osío Cabrices, un periodista venezolano con una trayectoria respetada en Caracas, describió en un emotivo artículo su proceso al exilio. “Ya no soy más un reconocido periodista, apenas un inmigrante,” comentaba en una de sus líneas.
La frase, que me tocó personalmente, podría describir a decenas de colegas que en los últimos años han dejado el país con miedo. Miedo al desempleo, la crisis económica, la violencia, la ausencia de futuro.
Desde abril de 2013—cuando Nicolás Maduro, heredero político del fallecido presidente Hugo Chávez, tomó posesión de la Jefatura de Estado—tres grandes conglomerados de noticias han sido vendidos. El primero fue Globovisión, televisora privada que, asfixiada por demandas judiciales, pasó a manos del gobierno, implicando un giro de 180 grados en su línea. El canal que albergaba los principales críticos de la “revolución bonita” comenzó a asomar la posibilidad de firmar convenios con emisoras de Irán para la compra de enlatados.
El segundo fue la Cadena Capriles, la mayor empresa editorial del país, y mi antigua casa de trabajo. La Cadena Capriles es dueña de Últimas Noticias, diario con la principal circulación de Venezuela, en promedio 210 mil ejemplares diarios. Para poner en contexto su alcance, es posible comparar con Folha de São Paulo—el periódico con mayor tiraje de Brasil—que con 170 millones más de habitantes, distribuye 301 mil ejemplares diarios. El proceso de venta levantó todo tipo de especulaciones. Con informaciones poco claras, el traspaso de manos fue realizado en octubre de 2013. Su nuevo propietario, el consorcio británico Hanson Group—con escasas o ningunas referencias en las lides comunicacionales—confirmó las tres cabezas de los periódicos de la casa. Seis meses después, sólo una permanecería: la de Eleazar Díaz Rangel, director de Últimas Noticias, abiertamente afecto al gobierno nacional.
Antes de la venta, Últimas Noticias era considerado un periódico con una leve inclinación pro Gobierno. Sin embargo, la negociación generó cambios drásticos que devinieron en la salida de decenas de periodistas con años de trayectoria.
Apenas unas semanas atrás, una nueva venta fue anunciada. El Universal, con 105 años de existencia, cambió de dueño. En una movida similar a la de la Cadena Capriles, la negociación dejó varias incógnitas. El nuevo presidente del diario, Jesús Abreu Anselmi—ligado a la mayor crisis bancaria de Venezuela, en los años 90—aseguró que la empresa española Epalisticia, actual propietaria, no tiene ningún vínculo con el gobierno.
Al igual que en el caso de la Cadena Capriles, Epalisticia no sólo no tiene negocios en el área de comunicaciones, sino que además cuenta con características de empresa de maletín: menos de un año de registro, capital inferior al de la compra de El Universal y su estructura real aún no ha sido comprobada.
Abreu Anselmi, hermano del maestro José Abreu—fundador del reconocido Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela—garantizó en un editorial, el 4 de julio, que la línea crítica de El Universal no cambiaría tras la negociación. Aún es pronto para saber.
Lo que sí está claro es que con esta última transacción, sólo resta un periódico nacional en manos privadas: El Nacional, que redujo su tiraje a comienzos de este año, al igual que su paginación—debido a la falta de papel periódico, producto de importación en Venezuela afectado por el control de divisas vigente desde hace 11 años en el país.
La producción literaria y periodística de Venezuela no tiene el peso internacional de la de otros países de la región como Colombia o Argentina. Son pocos los periodistas o escritores reconocidos internacionalmente. La renta de los periódicos privados siempre dependió en buena parte de la publicidad gubernamental, lo que los hizo vulnerables en los vaivenes políticos. Ya en los años 80, durante la gestión del presidente Jaime Lusinchi, el control de divisas también pasó factura, modificando lineas editoriales en aras de obtener los dólares necesarios para la importación de papel.
Con la entrada en el poder de Hugo Chávez en 1998, hacer periodismo en el país cobró un significado claro: estar en contra o a favor del gobierno determinaba la calidad del trabajo, dependiendo del lado en el cual se estuviese. Así, inició una guerra comunicacional en la cual el Gobierno salió ganando, y el periodismo perdiendo. No sólo perdiendo por falta de espacios o de recursos, sino porque el concepto fue desdibujado por muchos que creían que hacer periodismo era oponerse per se al Presidente, que a todas luces, y pese a su pasado como líder de un intento de Golpe de Estado, era democráticamente electo. En respuesta, surgieron los defensores: decenas de periodistas bien pagos para contraatacar cada palabra dicha o escrita, a cualquier costo.
La reducción de espacios sólo empeora la situación. Quienes adversan al gobierno no tienen ni un medio de comunicación en el cual confiar, e incluso algunos canales internacionales, como el colombiano NTN24, han sido vetados en el país. La principal fuente de información para este 49% de la población—según el resultado electoral de 2013—es Twitter. Para entender el drama de la situación, basta recordar que cuando el dirigente político Leopoldo López fue detenido en febrero de este año, los venezolanos no pudieron ver la noticia en tiempo real.
Los periodistas que no son pagos por el aparato estatal ni tienen trayectorias internacionales tienen dos opciones: acoplarse al sistema o cambiar de carrera. Quienes resistieron, están optando por emigrar.
Los venezolanos solemos bromear con que lo positivo de nuestro gentilicio en estos días es que tenemos casas a donde llegar en casi cualquier lugar del mundo. Tengo colegas amigos iniciando nuevas vidas en Canadá, Estados Unidos, España, Alemania, Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Australia, Inglaterra, Irlanda y Brasil, y muchos otros planeando la salida. Todos con más de 30 años y un currículo que difícilmente tiene peso fuera de nuestra frontera.
No es sólo la inexistencia de libertad de expresión lo que impulsa a buscar otras oportunidades, lo es también no tener comida en los supermercados, medicinas en las farmacias, pasajes en las agencias de viaje y seguridad en las casas.
Mi generación está acorralada, y el periodismo en Venezuela también.
